José Ramos Toache

Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
660/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • José Ramos Toache
  • Juez Tercero Civil por Audiencias del Dsitrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de enero de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 660/2018-III, promovido por *******, contra actos del Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se indican: [.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Se señala como tal a la JUEZ TERCERO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS (.) IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable, se reclama la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, ya que vulnera mis garantías fundamentales marcadas con el artículo 14 y 16 constitucionales. [.] SEGUNDO. Derecho constitucional que la parte quejosa estimó violado. La parte quejosa considera que con la emisión del acto reclamado se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda como amparo indirecto 660/2018-III y previo el desahogo de una prevención, se admitió a trámite en proveído de siete de noviembre de ese año, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que después de diferirse, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un acto que es susceptible de ejecutarse por una autoridad que tiene su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Tercer Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La resolución interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que aprobó el incidente de liquidación de intereses y costas en el expediente ******* de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ******* y ******* en contra del quejoso y otra. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su examen. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo admitió al rendir su informe justificado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias obtenidas del expediente *******, que como complemento a su informe con justificación remitió en un anexo, dentro de las cuales obra el acto de molestia que impugna a través de esta vía constitucional la parte quejosa; documentales públicas a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte la actualización de una causa de improcedencia que debe ser analizada oficiosamente, ya que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre. Quien resuelve considera que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte accionante de tutela constitucional no agotó el principio de definitividad que rige para el juicio de amparo, pues debió combatir el acto reclamado, mediante el recurso que la ley de la materia previene, como se precisará más adelante. Como tema previo, precisa señalar que la causa de improcedencia anunciada, se materializa aún en el caso que se haya acreditado la existencia del acto controvertido, pues admitir lo contrario sería tanto como desnaturalizar la operancia de las hipótesis de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen, es presupuesto necesario que previamente se encuentre probado tal acto. En este supuesto, resulta aplicable en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/209, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 55, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y dos, página 51, que establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Para evidenciar el sustento de lo aseverado, resulta conveniente transcribir el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo: 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . . . ) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.] La fracción transcrita de dicho precepto, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación a la parte agraviada, antes de promover la demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto modificar, revocar o nulificar la resolución combatida, bajo el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente, pues así lo ha establecido nuestro más alto Tribunal. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 447, publicada en la página 297, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte peticionaria del amparo debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a esta fracción, la parte quejosa sólo podrá acudir a esta instancia constitucional hasta después de que haya agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. A fin de poner de manifiesto la conclusión a la que se arriba, se estima precisar que en la interlocutoria que constituye el acto reclamado se aprobó la planilla de liquidación correspondiente a la liquidación de interés y costas judiciales. El artículo 1337 del Código de Comercio, establece: 1337. Pueden apelar de una sentencia: ( . . . ) II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas; y [.] A su vez el diverso numeral 1339, quinto párrafo, del citado cuerpo de leyes dispone: 1339. ( . . . ) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. [.] Y el cardinal 1341 de la citada codificación mercantil señala: 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. A manera de preámbulo debe decirse, que nuestro más alto Tribunal ha sostenido la distinción que hay entre la sentencia como acto jurídico y como documento. El acto jurídico ha señalado es al mismo tiempo hecho jurídico, de tal manera que no puede dividirse sin que pierda su naturaleza y la sentencia documento, constituye, en cambio, una actuación judicial que observa los requisitos formales que la ley dispone. La sentencia acto jurídico, en cambio consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución; mientras que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es únicamente la prueba de esa resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad de la sentencia se apliquen únicamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Ahora, del análisis de la resolución controvertida, se advierte que el Juez Civil responsable resolvió dos aspectos diversos del litigio, a saber: a. La determinación de Intereses. b. Lo relativo a las costas. Así, en contra de la resolución de gastos y costas procede apelación; en cambio, lo relativo a intereses no es recurrible. Ante esta disyuntiva, la parte aquí quejosa decidió promover juicio de amparo indirecto en contra de la resolución interlocutoria que contiene las dos determinaciones, sin haber agotado la apelación para impugnar la decisión relativa a gastos de costas. Al respecto debe decirse, que nuestro más alto Tribunal ha sostenido que cuando una sentencia tenga dos determinaciones jurídicas distintas e independientes, y una de ellas sea susceptible de impugnarse en la vía ordinaria, el particular está obligado a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo por cuanto hace a tal determinación, pues de lo contrario, la acción de amparo será improcedente por ese acto jurídico. Ahora, toda vez que el accionante de tutela constitucional José Ramos Toache, pretende controvertir la resolución interlocutoria que contiene dos determinaciones jurídicas distintas e independientes, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley. De allí que, cuando como en el caso que ahora nos ocupa, exista un medio ordinario de defensa para combatir una de las determinaciones contenidas en la sentencia documento (interlocutoria que resolvió el Incidente de Liquidación de Intereses y Costas), es obligación de la parte quejosa agotar tal recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico de que se ha dado noticia; sin que ello signifique, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas distintas, representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse por distintos caminos. Así, tratándose de la determinación relativa a las costas, la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación, aun cuando esta solución jurídica se contenga en el mismo documento en el que se resolvió lo referente a intereses, sin que ello signifique que exista división de la continencia de la causa, pues, como se ha explicado, se trata de causas diversas expresadas en un mismo documento; por lo que al no cumplir el deber jurídico de agotar y sustanciar el medio ordinario de defensa procedente, antes de acudir al juicio de amparo, soslayando el principio de definitividad que lo rige, tal omisión irremediablemente conduce a su sobreseimiento, ya que desde el punto de vista estrictamente jurídico, si se prevé un medio de defensa y éste no es agotado, y tampoco existe excepción legal o jurisprudencial, no puede considerarse jurídicamente procedente el juicio de amparo indirecto. Por las razones que la informan, robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 17/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, página 143, bajo el epígrafe: GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES. Las causas que originan la liquidación de intereses simples y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acción misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelación. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el Juez resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible) el afectado estará en el deber de agotar apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garantías, pues de lo contrario, la acción resultará improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque si bien, la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento; de ahí que si el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir, tratándose de diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes. En esa tesitura, es dable establecer que previo a ejercer la acción constitucional, cuya naturaleza es de tipo extraordinario, se hace menester que la parte agraviada agote los medios de impugnación puestos a su alcance por las leyes ordinarias que regula el aludido acto reclamado, cumpliendo con el principio de definitividad que exige el juicio de amparo; de manera tal, que aquel que acuda a solicitar la protección federal, lo sea porque no tiene otro medio legal a su alcance para impugnar el acto de que se duele. Por las razones que la informan, robustece a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 44/2012 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, correspondiente al mes de julio de dos mil doce, página 729, que preceptúa: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Así, la parte accionante constitucional previamente al juicio de amparo debió de acatar el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso ordinario dentro del procedimiento, por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada, la determinación controvertida, pues de no hacerse así, el juicio constitucional es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, página 902, que reza: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la Ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la Ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Igualmente apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la jurisprudencia J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, página 1816, que dispone: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Y en lo conducente por identidad de razón, la jurisprudencia 52, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 401, del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común. Aunado a lo anterior, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtenerlos, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Encuentra apoyo a lo anterior, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, página 276, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: RECURSOS ORDINARIOS DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia. Corolario de lo anterior, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por consiguiente, la causa de sobreseimiento mencionada impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, ya que el sentido del fallo no sólo no obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Se resalta, que si bien los criterios contenidos en algunas de las jurisprudencias y tesis transcritas con antelación, aluden a la anterior Ley de Amparo; también lo es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de allí que resulten aplicables. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII, 63, fracción V, 74, fracción I, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse; y se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 660/2018-III, promovido por *******, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que el siete de diciembre del año en curso, se emplazó al presente juicio de amparo al tercero interesado ***********************, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que no mediaron por lo menos ocho días, para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con diez minutos del siete de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de siete de noviembre del año en curso, se reservó acordar respecto al tercero interesado, hasta que las autoridades responsables rindieran su informe justificado. Ahora, de las constancias anexas al informe justificado del Juez Tercero Civil por Audiencias, se advierte que en términos del artículo 5º., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a *******; por lo tanto, por conducto del actuario de la adscripción, se ordena emplazarlo a juicio en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, haciéndole saber la fecha y hora de la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano