José Ramos Rodríguez
Expediente 1643/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1643/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Ramos Rodríguez
- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales acredita los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la constancia con la que acredite que efectuó la entrega material a la parte quejosa del cheque 1246936. Apercibimiento. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso. Se da vista a parte quejosa. Con independencia de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que se constituya en las oficinas de la autoridad responsable a fin de que se le haga entrega del documento financiero; y, en tal caso lo haga del conocimiento de este juzgado para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales acredita los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la constancia con la que acredite que efectuó la entrega material a la parte quejosa del cheque 1246936. Apercibimiento. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso. Se da vista a parte quejosa. Con independencia de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que se constituya en las oficinas de la autoridad responsable a fin de que se le haga entrega del documento financiero; y, en tal caso lo haga del conocimiento de este juzgado para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio remitido por el asesor jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por el cual acredita los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se vincula a la autoridad Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados en ese sentido; cuyos efectos se transcriben a continuación: ".1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) siete por ciento19 del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - cinco de diciembre de dos mil veintidós -, hasta el último descuento que haya realizado. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído el diverso oficio remitido por asesor jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, toda vez que el que se acordó en primer orden, se emitió posterior, a la solicitud de prórroga. Notifíquese; y por oficio a la autoridad vinculada. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguense a los autos el oficio con anexos enviado por el secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1643/2022, del propio índice, y el testimonio de la ejecutoria emitida por los magistrados integrantes de dicho tribunal, en la revisión administrativa 193/2023, de la cual se advierte que desechó el recurso de revisión interpuesto por el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Glósense las constancias originales del expedientillo formado con motivo del medio de impugnación, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse voluminoso, háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Declaración de ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés en este medio de control constitucional. Resulta aplicable la tesis XXI.3o.33 K publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 2408, con registro 180245, cuyo rubro y texto señalan: "SENTENCIA DE AMPARO. CAUSA EJECUTORIA POR DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La determinación del Juez de Distrito en el sentido de declarar que su sentencia ha causado ejecutoria con motivo de que el Tribunal Colegiado de Circuito desechó el recurso de revisión interpuesto en su contra por alguna de las partes, no infringe lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia de amparo, pese a que este precepto sólo establezca que causan ejecutoria las sentencias que admitiendo algún recurso no fueren recurridas, o habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente, sin que se refiera al desechamiento, toda vez que la consecuencia resultante de cualquiera de los supuestos consistentes en la deserción, el desistimiento y el desechamiento del recurso es que quede firme la sentencia recurrida y continúe rigiendo, en plenitud, la forma como quedó resuelta la controversia sometida a la consideración del Juez Federal, ya sea debido a que el perdedor en una sentencia de primera instancia, y después de recurrirla, dejó transcurrir el término correspondiente sin expresar agravios (deserción), ya sea a que abdicó de continuar con el recurso hecho valer contra la determinación que consideró afectaba su pretensión (desistimiento), o en su caso, porque el recurso resultó improcedente y no se tramitó por alguna causa legal (desechamiento)." Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se sirvan informar a este juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese efecto, los cuales efectos se transcriben a continuación: "1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) siete por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - ******************** -, hasta el último descuento que haya realizado." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (Congreso del Estado de Sonora y gobernador del Estado de Sonora), ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquéllas que fueron señaladas como responsables ejecutoras de la norma, por lo que únicamente se les hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/972, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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