Jose Ramon Vega Laing
Expediente 163/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Ramon Vega Laing
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 10 DE agosto DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el doce de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de julio al nueve de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado de Puebla, consistente en el duplicado del proceso penal 414/2009 de su índice, con el que se formaron los anexos I a XIV; devuélvasele dichas documentales y se le solicita para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el doce de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de julio al nueve de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado de Puebla, consistente en el duplicado del proceso penal 414/2009 de su índice, con el que se formaron los anexos I a XIV; devuélvasele dichas documentales y se le solicita para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL ASESOR JURÍDICO FEDERAL ADSCRITO A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS REPRESENTANTE DE LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de julio de dos mil dieciocho (foja 138), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 99), se concedió el amparo a José Ramón Vega Laing para el efecto que el Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla realizara lo siguiente: ".Efectos de la concesión del amparo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. juez Primero de lo Penal del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y que se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Conforme a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social Para el Estado Libre y Soberano de Puebla, provea todo lo necesario para lograr la notificación de la totalidad de los agraviados en el proceso penal 414/2009 de la sentencia dictada el veinte de noviembre de dos mil quince y del acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis; y 2. Hecho que sea lo anterior, inmediatamente envíe los autos de dicha causa penal, a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para la substanciación del recurso planteado, para lo cual deberá hacer llegar a este juzgado las constancias atinentes al cumplimiento de lo ordenado. La anterior concesión de amparo debe hacerse extensiva respecto a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Tal consideración tiene sustento en la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 124 a 126), se declaró que dicha resolución causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 03739 de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 135), el Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla remitió copia del acuse de recibo del diverso 03343 de seis de junio de la presente anualidad, dirigido a la Sala en Materia Penal en Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en turno (foja 136). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: - Informó que notificó la sentencia dictada el veinte de noviembre de dos mil quince y el acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis, a la totalidad de las partes en el proceso penal de origen, por lo que en acuerdo de seis de junio de la presente anualidad, ordenó remitir el proceso original a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en turno, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida en ese proceso penal (foja 136). - El trece de junio de dos mil dieciocho, remitió la causa penal 414/2009 de su índice (de donde emana el acto reclamado), en catorce tomos, a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en turno (foja 136), para la sustanciación del medio de impugnación citado, el que fue turnado a la Segunda Sala de dicho Tribunal (foja 136 vuelta). No pasa inadvertido que el juez responsable no remitió las constancias atinentes a la notificación de las partes respecto de la sentencia absolutoria y acuerdo donde tuvo por admitido el recurso de apelación; sin embargo, acreditó haber remitido los autos del proceso original a la Sala correspondiente para la sustanciación del recurso, lo que constituyó el núcleo esencial de la sentencia protectora. Tampoco se soslaya que dicha actuación sucedió antes de que el fallo protector adquiriera firmeza, pero ello tampoco es obstáculo para lo aquí determinado, en virtud de que, se insiste, se cumplió con la finalidad de los efectos de la protección constitucional concedida que consistió precisamente en que los autos de la causa penal de origen fuera remitida a la Sala Penal correspondiente para la sustanciación del medio de impugnación promovido por el representante social adscrito al juzgado responsable, lo que sucedió en los términos apuntados. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de julio de dos mil dieciocho (foja 138), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 99), se concedió el amparo a José Ramón Vega Laing para el efecto que el Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla realizara lo siguiente: ".Efectos de la concesión del amparo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. juez Primero de lo Penal del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y que se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Conforme a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social Para el Estado Libre y Soberano de Puebla, provea todo lo necesario para lograr la notificación de la totalidad de los agraviados en el proceso penal 414/2009 de la sentencia dictada el veinte de noviembre de dos mil quince y del acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis; y 2. Hecho que sea lo anterior, inmediatamente envíe los autos de dicha causa penal, a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para la substanciación del recurso planteado, para lo cual deberá hacer llegar a este juzgado las constancias atinentes al cumplimiento de lo ordenado. La anterior concesión de amparo debe hacerse extensiva respecto a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Tal consideración tiene sustento en la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 124 a 126), se declaró que dicha resolución causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 03739 de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 135), el Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla remitió copia del acuse de recibo del diverso 03343 de seis de junio de la presente anualidad, dirigido a la Sala en Materia Penal en Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en turno (foja 136). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: - Informó que notificó la sentencia dictada el veinte de noviembre de dos mil quince y el acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis, a la totalidad de las partes en el proceso penal de origen, por lo que en acuerdo de seis de junio de la presente anualidad, ordenó remitir el proceso original a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en turno, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida en ese proceso penal (foja 136). - El trece de junio de dos mil dieciocho, remitió la causa penal 414/2009 de su índice (de donde emana el acto reclamado), en catorce tomos, a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en turno (foja 136), para la sustanciación del medio de impugnación citado, el que fue turnado a la Segunda Sala de dicho Tribunal (foja 136 vuelta). No pasa inadvertido que el juez responsable no remitió las constancias atinentes a la notificación de las partes respecto de la sentencia absolutoria y acuerdo donde tuvo por admitido el recurso de apelación; sin embargo, acreditó haber remitido los autos del proceso original a la Sala correspondiente para la sustanciación del recurso, lo que constituyó el núcleo esencial de la sentencia protectora. Tampoco se soslaya que dicha actuación sucedió antes de que el fallo protector adquiriera firmeza, pero ello tampoco es obstáculo para lo aquí determinado, en virtud de que, se insiste, se cumplió con la finalidad de los efectos de la protección constitucional concedida que consistió precisamente en que los autos de la causa penal de origen fuera remitida a la Sala Penal correspondiente para la sustanciación del medio de impugnación promovido por el representante social adscrito al juzgado responsable, lo que sucedió en los términos apuntados. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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