José Ramón Vázquez Útrera
Expediente 744/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Ramón Vázquez Útrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara ha causado estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS. No existe razón para que continúe a disposición de esta autoridad el documento exhibido por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérase a fin de que comparezca a recibirlo. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 21/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba la documental exhibida por la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte en el presente asunto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Por haber desaparecido lo que originó el juicio constitucional. Con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso. Según sea el caso. Puede ocurrir cuando la propia responsable, u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada o cuando abandone el estado de inacción o abstención que se atribuye. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución. La misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar opera cabalmente, es indispensable puntualizar no basta que la autoridad abandone su estado de abstención. Sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto u omisión reclamados. Ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional. Como si hubiera otorgado el amparo. En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, o abandona su estado pasivo. Esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto u omisión que se ataca. También cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto u omisión reclamados significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación. Lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos. Puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o realización del acto de autoridad. Sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos. Ni los surtirá. No dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto, es claro los efectos del acto combatido, han cesado. La litis de este expediente constitucional se centró en la omisión de dar continuidad al juicio laboral 703/X/2016 del índice de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pese a solicitar en repetidas ocasiones turne a resolver. Siendo la última vez el catorce de octubre de dos mil diecinueve. Esto en razón de que las etapas procesales del juicio ya concluyeron y no quedan más pruebas pendientes por recibir. De las copias certificadas exhibidas por la Junta responsable -a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo-, se observa: -El doce de septiembre de la presente anualidad, se emitió el laudo correspondiente. Actuación posterior a la presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de agosto de dos mil veintidós-. Por tanto, es evidente ha concluido la omisión de dar continuidad al juicio laboral de origen puesto que se emitió el fallo correspondiente (cesaron sus efectos). Tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, con base en el diverso 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Comuníquese a las partes lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. No es obstáculo a lo anterior, que a la presente fecha no se haya emplazado a la parte tercera interesada. Dado el sentido del presente fallo, al decretarse el sobreseimiento en el juicio, en modo alguno se modifican o lesionan derechos que pudiesen motivar la reposición del procedimiento. En el entendido que el cese de la omisión de emitir laudo en el expediente de origen beneficia ambas partes, al ser dicha abstención violatoria por igual de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional. Por ende, a nada práctico llevaría dilatar el procedimiento, porque en lugar de proporcionar una solución inmediata en el litigio se obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que se trata de un asunto que bien puede y debe ser ya sobreseído. Es decir, el diferimiento de la audiencia constitucional es incompatible con el derecho humano cuya violación se impugna, pues proceder de esa manera provocaría la continuación del estado de abstención cuya denuncia provocó la promoción del presente reclamo de amparo. Situación que, se itera, afecta por igual a las partes. Y en todo caso lo que en su momento podrá o no agraviar a la parte tercera interesada (demandada en el juicio laboral) será el resultado de la decisión que tome la Junta. No siendo ocioso decir, se desprende le fue favorable. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese la razón actuarial de cuenta. Téngase a la fedataria judicial adscrita haciendo constar la imposibilidad que tuvo para emplazar a Juan Moscoso Méndez (tercero interesado) al presente asunto, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días hábiles -contado a partir de la notificación del presente acuerdo- proporcione el domicilio actual, completo y correcto donde pueda ser localizado el citado tercero interesado, a fin de estar en aptitud de llamarlo al presente sumario constitucional. Apercibido que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese la razón actuarial de cuenta. Téngase a la fedataria judicial adscrita haciendo constar la imposibilidad que tuvo para emplazar a Juan Moscoso Méndez (tercero interesado) al presente asunto, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días hábiles -contado a partir de la notificación del presente acuerdo- proporcione el domicilio actual, completo y correcto donde pueda ser localizado el citado tercero interesado, a fin de estar en aptitud de llamarlo al presente sumario constitucional. Apercibido que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.
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