José Ramón Valadez Castro
Expediente 1191/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- José Ramón Valadez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del indicado Manual, en razón de que se sobreseyó respecto de los actos reclamados. Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: I Presentación y datos de la demanda Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el cuatro de octubre de dos mil veintidós, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- lo es el TRIBUNAL LABORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, con domicilio conocido en calle cinco de febrero esquina con calle Zaragoza, zona centro, en el inmueble que ocupa el Poder Judicial del Estado de Durango, donde tiene sus oficinas, de esta ciudad de Durango, Dgo. IV.- ACTO RECLAMADO.- La Omisión y Dilación procesal del término de ley, en el proceso ordinario laboral expediente ***, no obstante haber transcurrido con exceso los términos establecido en la ley Federal del Trabajo, ya que bajo protesta de decir verdad presente formal demanda laboral con fecha 28 de abril del año 2022, dictando acuerdo de radicación de la demanda con fecha 12 de mayo del año en curso, sin que la responsable haya emplazado a la demandada, en violación a lo dispuesto por el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo" (Transcripción literal) La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. II Admisión y trámite Previo requerimiento satisfecho en el sentido de señalar como autoridad responsable el Actuario Notificador adscrito al Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, registrándose el presente juicio con el número 1191/2022 y se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: I Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Debido a que el acto reclamado aunque omisivo, surte efectos materiales dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, que es donde se tramita el procedimiento laboral de origen. II Fijación de la litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: - La omisión de las autoridades de verificar y practicar el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral *** del índice del Tribunal responsable. III Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo . Resultan verídicos los actos que se atribuyen al Juez y Actuaria Notificadora, ambos del Tribunal Laboral del Primero Distrito Judicial en el Estado de Durango, pues aunque lo negaron expresamente, su certeza deriva de autos. Lo que se corrobora con las constancias certificadas del procedimiento de origen que se anexaron en su apoyo, de plena eficacia, por constituir documentos públicos, esto de acuerdo con lo señalado en el precepto y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. IV Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo . Bajo esa premisa, la suscrita Juzgadora advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la citada legislación reglamentaria. La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto de la materia del reclamo constitucional, que trae como consecuencia que termine la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria deja de tener vida jurídica. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías se extingue, o bien, por una circunstancia posterior desaparecen las consecuencias que genera, a nada práctico conduce analizarlo, porque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada, siendo que en tales supuesto, se actualiza dicha hipótesis de inviabilidad. Es aplicable la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En el caso, el quejoso combate la omisión de las autoridades de verificar y practicar el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral 164/2022 del índice del Tribunal responsable. Luego, de las constancias relativas al citado procedimiento (valoradas anteriormente), deriva que el doce de mayo del año en curso, se admitió demanda laboral promovida por el ahora impetrante en contra del "***" e "***", S.A. de C.V., ordenándose el emplazamiento respectivo. Luego, si bien a la fecha de presentación del escrito de amparo (cuatro de octubre de la presente anualidad), no se había realizado el llamamiento a juicio, lo cierto, es que con posterioridad, el primer enjuiciado fue llamado a juicio y, por lo que hace al segundo, se razonó que no fue posible llevar a cabo la notificación, esto, según razones actuariales de dieciocho de octubre del año en curso; e incluso, mediante acuerdo de diez de noviembre siguiente, se requirió a la parte actora para que proporcionara diverso domicilio de este último para efectos de su emplazamiento. En esas condiciones, es claro que han cesado los efectos del reclamo constitucional, toda vez que ya se emplazó a una moral demandada y, en cuanto a la diversa, la autoridad requirió diverso domicilio para tal efecto, por lo que han desaparecido las consecuencias que generó la omisión combatida, siendo que a nada práctico conduce analizarla, porque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, por ende, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en comento, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que no se ha hecho del conocimiento de las partes el cambio de Titular de este órgano jurisdiccional, en ese sentido, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase de su conocimiento que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217 de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las *****. Notifíquese.
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Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que en proveído del cuatro de noviembre del año en curso, se requirió al Director General del Instituto de Salud Para el Bienestar (INSABI), con sede en la Ciudad de México, por conducto del Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de dicho instituto, para que dentro del término de veinticuatro horas, informara lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya constancia de la recepción del oficio que se libró para tal efecto; en ese sentido, mediante mensajería rápida remítase el oficio 41834/2022 de la data referida a efecto de que dé cumplimiento a lo solicitado. Bajo esa tesitura con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al referido director por conducto del Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para que dentro del término de veinticuatro horas, informe lo relativo al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, remita copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicten al respecto. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir con sus respectivas prevenciones, sin causa justificada, se les impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). Lo anterior con independencia con la continuación con el trámite de inejecución de sentencia 1/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito; trámite que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Por último, y con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese.
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