José Ramón Singh Valenzuela
Expediente 926/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Ramón Singh Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio -signado- por el Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, remite copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento de origen. En relación con la documental que la responsable acompaña, se tiene por ofrecida dada su propia naturaleza sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano constitucional se reservó acordar en cuanto al escrito signado por el quejoso ******, a través del cual amplía su demanda por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto, dicha autoridad remitiera la constancia precisada en párrafos que anteceden, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, como lo anterior ya aconteció, se acuerda: DESECHAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Este órgano jurisdiccional estima que la ampliación de demanda debe desecharse debido a que el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno reclamado, sólo constituye una determinación dentro del juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación, pues se traduce en supuesta violación de carácter adjetivo que podría ser intrascendente si la parte promovente obtiene sentencia favorable en el referido sumario. Cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la ampliación de la demanda como un acto procesal cuyo objeto consiste en adicionar o modificar lo expuesto en el escrito general, a fin de incorporar a la litis, elementos vinculados para que también los resuelva el juzgador. Sobre este ámbito, existen amplios criterios jurisprudenciales y aislados, que incluso durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, en donde no se encontraba prevista expresamente, ha existido, en general, un reconocimiento de esta institución. Así, la posibilidad de que, una vez presentada la demanda de amparo, el quejoso pueda ampliarla, se ha considerado como parte de la impartición de justicia completa, pronta e imparcial. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 12/2003 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, registro digital 183933, materia común, página 11, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar". Esta labor jurisprudencial llevó al legislador a reconocer la ampliación de demanda en la Ley de Amparo vigente, específicamente, en su artículo 111, que tomó como base los elementos construidos durante su evolución: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". De la lectura del artículo, se observa que la demanda de amparo puede ampliarse en dos supuestos: a) En primer lugar, cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación. b) Con independencia de lo anterior, cuando la parte quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. El segundo caso, se refiere al amparo indirecto y señala que la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, o bien, presentar una nueva demanda. Es importante advertir que la ampliación de la demanda de amparo constituye una posibilidad a favor del quejoso, quien podrá optar por esta vía hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional -cuando los actos novedosos guarden estrecha relación con los reclamados inicialmente-, o bien, presentar una nueva demanda de amparo. Aun cuando este supuesto se refiere al conocimiento de actos de autoridad relacionados, incluye también la incorporación de autoridades responsables y conceptos de violación, con las mismas razones por las que se ha determinado indispensable su incorporación antes de su regulación expresa en la Ley de Amparo, esto es, para dar una solución adecuada al conflicto que plantea el quejoso, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como derecho individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, como se plasma en la jurisprudencia P./J. 15/2003 emitida también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, común, página 12, registro digital 183932, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". También, se exige que la materia de ampliación de la demanda guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, como pudiera ser un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o que hasta ese momento se conozca la fundamentación o motivación que sustenta el acto reclamado, lo que daría lugar a la ampliación sobre los conceptos de violación. Resulta categórica la jurisprudencia 2a./J.121/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, página 1324, registro digital 2012990, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo". De esta forma, la ampliación de la demanda, en cualquiera de sus supuestos, procede ante nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables o la necesidad de presentar nuevos conceptos de violación derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad. De ahí que la novedad y la relación con los actos reclamados sean el factor determinante. Establecido lo anterior, cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo -o ampliación de demanda- sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior, cabe señalar que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014. Ello, pues en la especie se reclama al Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 175/2020, en el, en la parte conducente, en lo que interesa, determinó no llamar a juicio a diversos socios de la persona moral demandad, al considerar que no se actualizaba la figura de litisconsorcio pasivo necesario solicitado por la parte quejosa. Esto es, la resolución reclamada sólo constituye una determinación dentro del juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación, pues se traduce en supuesta violación de carácter adjetivo que podría ser intrascendente si la parte promovente obtiene sentencia favorable en el referido sumario. Esto es, se reclama una determinación en la que no se llamó a juicio a los diversos socios de la persona moral demandada por no actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario, la cual, por su naturaleza jurídica es un acto que sólo afecta derechos adjetivos, ya que sus efectos serán que se continúe con el citado procedimiento, en el que, en su caso, se emitirá luego una sentencia la cual puede ser favorable a la parte promovente y, que en ese evento, desaparezca la posible transgresión de que se duele o que en todo caso pueda reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra la sentencia, de conformidad con el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo en la que se establece expresamente la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones a las leyes de procedimiento cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. Entonces, el acto reclamado en forma alguna afecta derechos sustantivos como son: la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, que implique que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan el ejercicio actual de un derecho que se pretenda hacer valer a través del amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido ambos de la Ley de la Materia, procede DESECHAR LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, respecto del citado acto reclamado, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu. Por tanto, en cuanto a los argumentos vertidos en el escrito por el cual pretendió ampliar la demanda de amparo, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas, las cuales, de ser el caso serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de nueve de septiembre del año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, al que anexó constancias relativas al procedimiento de origen. Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en el escrito inicial de demanda, se hizo consistir, en esencia en: - La omisión de proveer respecto de la petición realizada mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mi veintiuno, en el juicio oral mercantil 175/2020. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De las documentales aportadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales allegó en copia certificada, se aprecia que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dio respuesta a la petición de la parte quejosa, presentada el ocho de julio del año en curso. En consecuencia, en relación con la omisión reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, en el caso concreto sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su previa existencia y posterior insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. Establecido lo anterior, se tiene que de la documental que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como de las que allegó al presente sumario constitucional la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en lo que aquí interesa, se advierte lo siguiente: 1) El quejoso José Ramón Singh Valenzuela, por conducto de su apoderado, presentó un escrito ante la autoridad responsable el ocho de julio del año que transcurre, mediante el cual le realizó una petición, mismo que depositó en el Buzón Judicial del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, según se observa del registro que aparece en el citado documento que obra a fojas del tomo de pruebas (fojas 1212 a 1216 del tomo de pruebas. 2) Mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, emitió respuesta a la citada petición (fojas 1218 a 1222 del tomo de pruebas); misma que notificó por al quejoso, por medio de lista publicada en los estrados de dicho órgano jurisdiccional, conforme se aprecia al final del acuerdo referido. Lo anterior, evidencia que los efectos de la omisión reclamada, desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (veintiuno de julio de dos mil veintiuno), pues la autoridad responsable dio contestación a la petición que le realizó la parte quejosa, el veintitrés de agosto dos mil veintiuno, y le notificó dicha contestación en la misma fecha, siendo esta última actuación con la que dicha responsable cumplió con el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, dio respuesta a la petición que le fue formulada y notificó la misma. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, pues si la autoridad responsable dio contestación al escrito que le fue presentado por el quejoso en ejercicio de su derecho fundamental de petición y, a su vez, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, le notificó a la parte quejosa esa contestación, es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejare huella alguna. En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la reserva de proveer sobre la ampliación de demanda por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, ha de decirse que, tal como se advierte de la certificación de cuenta, el acto reclamado precisado en el escrito inicial de demanda, lo es la omisión de dar respuesta a la petición que fuera presentada por la parte quejosa ante la autoridad responsable el ocho de julio de esta anualidad. Ahora bien, en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se acordó que de las constancias que se acompañaron al informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, se advertía, en lo que interesa, que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, pronunciado en el expediente de origen 175/2020, dio respuesta a la petición que le fuera presentada por el quejoso el ocho de julio de esta anualidad. Sin embargo -como se dijo en dicho proveído-, la citada documental donde se dio respuesta a su petición, fue remitida incompleta. Circunstancia que hizo necesario requerir a dicho Juzgador para que dentro del término de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; esto, para estar en aptitud de proveer sobre la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa y, en su caso, sobre los efectos de la suspensión provisional del acto reclamado solicitada. Lo anterior, pues el acto reclamado atribuido a dicha autoridad en la ampliación de demanda, surgió en la tramitación del sumario constituional. En ese sentido, la figura de la ampliación de la demanda, sigue las reglas y requisitos de una demanda inicial como lo establece el artículo 108 de la ley de la materia. En tanto que a efecto de tener los elementos necesarios para proveer respecto de dicha ampliación, se estimó necesario requerir a la autoridad responsable por la constancia completa y legible, como fue solicitado en proveído de veintidós de septiembre del año que transcurre. En consecuencia, una vez que sea cumplido lo solicitado en el acuerdo precisado en el párrafo que antecede, se proveerá en relación a la ampliación de la demanda, así como a la suspensión provisional solicitada. En el entendido que conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, los actos se apreciarán tal y como aparezcan ante la autoridad responsable. Así también, es dable referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. En ese sentido, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Al respecto, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido. Consideraciones que expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 367/2016, de la que jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO.". Si bien conforme al criterio de la Primera Sala citado, se debe proveer respecto de la medida cautelar solicitada aun cuando no se admita la demanda -en el caso, la ampliación-, en el caso no resulta aplicable dicho criterio pues no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues al solicitar dicha medida precautoria, la parte quejosa expuso lo siguiente: ". solicito se conceda la suspensión provisional y en su oportunidad la suspensión definitiva, para el efecto que la autoridad responsable suspenda el procedimiento hasta la audiencia preliminar con el objeto que se permita que se resuelva el fondo del presente juicio de amparo Lo anterior, pues de llegarse a consumarse el acto reclamado, esto es, que se celebre la audiencia preliminar y en su oportunidad se dicte sentencia en el juicio de origen, haría físicamente imposible restituir la suscrito el goce de sus derechos fundamentales reclamados, como son el de igualdad de las partes, legalidad y seguridad jurídica, así como economía procesal, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal...". De ahí que este órgano de control constitucional, por las razones expuestas, considera necesario tener el proveído completo en el cual se le dio respuesta a la parte quejosa a su petición dentro del expediente de origen 175/2020, por lo cual, se determinó reservar proveer sobre la mencionada ampliación de demanda, así como de la suspensión provisional solicitada, hasta en tanto el Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil responsable, remitiera la constancia solicitada.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, concretamente las constancias que se acompañaron al informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, de las que se advierte, en lo que interesa, que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, pronunciado en el expediente de origen ********************, dio respuesta a la petición que le fuera presentada por el quejoso el ocho de julio de esta anualidad. Sin embargo, dicho proveído fue remitido incompleto por la citada autoridad responsable. Por tanto, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación de este proveído, remita copia certificada, legible y completa del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el cual, como se advirtió párrafos que anteceden, se dio respuesta a la petición que fuera presentada por el quejoso el ocho de julio de esta anualidad. Con el APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Por otra parte, visto el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual amplía su demanda por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, este juzgado se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el Juez de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil responsable, remita la constancia solicitada en párrafos que anteceden.
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