Jose Ramon Sanchez Damian
Expediente 926/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Ramon Sanchez Damian
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual se informa la radicación del recurso de queja interpuesto en autos por la parte quejosa en contra del auto de desechamiento de treinta y uno de agosto del año en curso, medio de impugnación que fue registrado bajo el número de expediente 210/2023 del índice de ese órgano colegiado. Además, se advierte que tal recurso se admitió a trámite; de lo que se toma conocimiento.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se recibe el escrito de cuenta signado por el quejoso *, donde interpone recurso de queja y formula agravios contra el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de protección. Además, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Asimismo, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios (con copia) así como copia certificada de la totalidad del presente expediente, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Con independencia de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado que conozca del recurso esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo y exhortación a las partes para que transiten hacia la actuación del "juicio en línea". Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes * En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La omisión de acordar dos escritos presentados en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés; así como, la notificación del acuerdo que les recaiga. 2. La orden de reaprehensión girada en su contra, y su ejecución. 3. El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Todo ello con relación a la carpeta de ejecución *, del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla * -Improcedencia de los actos consistentes en la omisión de acordar dos escritos; así como, la notificación del acuerdo que les recaiga Respecto a los actos consistentes en la omisión del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, de acordar dos escritos presentados por el quejoso en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, así como, la notificación del acuerdo que les recaiga; la suscrita estima que ello no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. * Razón por la cual, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXII, y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este último en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento * De la segunda de las causales que se mencionan -que para mayor entendimiento se estudia en primer lugar- se colige que para efectos del juicio de amparo un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos dentro y fuero de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona * Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que los actos identificados en este apartado, no encuadran en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque tal omisión no provoca que se paralice el procedimiento de origen. Lo anterior, porque a través de esos escritos el impetrante solicitó al juez de ejecución que se señale día y hora para que se presente al Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, a efecto de cumplir con la sentencia a la que se le condenó; sí como, compurgar la pena en su domicilio, pues se trata de un adulto mayor. Sin embargo, como el propio promovente lo manifestó, el juicio de origen continuó su secuela procesal, tanto así que posterior a que presentó sus escritos, el juez siguieó actuando y al efecto, emitió los autos de tres de julio y veinticuatro de agosto, ambos del año en curso -de los que también se duele-. De modo que esto implica que al momento no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del mismo, de tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que ello no provoca que se paralice la secuela procesal del juicio de orige * Ahora, aun cuando a esta data subsista el acto reclamado, lo cierto es que se estima que puede no surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto porque de las propias manifestaciones realizadas por el quejoso, se observa que el juez de origen emitió el acuerdo de tres de julio de la presente anualidad, por el que le revocó su libertad en virtud de que no cumplió con los requisitos que se le señalaron con motivo del beneficio de la conmutación de la pena que le fue concedido, y giró oficio al Fiscal General del Estado de Puebla para que ordenara a quien corresponda que internen a *, en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Y también emitió el diverso de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que, en lo que concierne, tuvo por cumplida la orden de reaprehensión girada en contra del impetrante, e hizo saberle que de considerarlo pertinente, puede acogerse al beneficio de la conmutación de la pena. Entonces, aun cuando a la data en que se presentó la demanda subsista la omisión del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, Puebla, de acordar los escritos presentados por el quejoso el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante los cuales le solicitó señalar día y hora para que se presente al Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, a efecto de cumplir con la sentencia a la que se le condenó, sí como compurgar la pena en su domicilio, pues se trata de un adulto mayor. Lo cierto es que tales pretensiones no pueden surtir efecto legal o material alguno porque dejó de existir el objeto o la materia de las mismas, pues se evidencia que el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés el juez de ejecución tuvo por cumplida la orden de reaprehensión girada en su contra, internado en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, pero con la oportunidad de acogerse nuevamente al beneficio de la conmutación de la pena; lo que implica que se encuentra dando cumplimiento a la sanción privativa de la pena que se le haya impuesto, recluido en dicho centro carcelario, lo que pretendió con sus peticiones vertidas en los escritos que menciona. No obstante, su pretensión (de que se acuerden los escritos) puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXII, y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este último en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. -Improcedencia de los actos consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución En lo que concierne a la orden de reaprehensión emitida en contra del quejoso, así como su ejecución, se actualiza la hipótesis normativa relativa a los actos consumados de manera irreparable, prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que dispone: * Es así, porque como lo manifiesta el quejoso en sus antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, el tres de julio de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, dictó un auto en el que, entre otras cuestiones, revocó su libertad y ordenó su reaprehensión. Posteriormente, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dicho juzgador tuvo por cumplido dicho mandamiento de captura, y José Ramón Sánchez Damián quedó a su disposición interno en el Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Lo dicho por el amparista, constituyen manifestaciones expresas hechas en el escrito que se provee, que se traducen en una confesión, en términos de los artículos 95 y 200, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de donde se confirma la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Esto es así, pues las aludidas manifestaciones permiten evidenciar que el acto ahora reclamado se consumó de manera irreparable, como consecuencia de haberse ejecutado la orden de reaprehensión indicada; por lo tanto, ya se han realizado en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente, que no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Entonces, sin prejuzgar la legalidad constitucionalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, es evidente que la orden de reaprehensión combatida, de acuerdo a lo dicho por el quejoso bajo protesta decir verdad, ha quedado consumada de manera irreparable, pues fue ejecutada; y con ello, se insiste, no es posible retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de que se consumara el acto reclamado. En consecuencia, con relación a los actos indicados en este apartado, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia. -Improcedencia del acto consistente en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés Por lo que respecta al acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, esta autoridad considera que antes de acudir a esta instancia, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 130, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que al no hacerlo así, también se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que reza: * Para explicar lo anterior, resulta importante destacar que de acuerdo a lo manifestado por el promovente bajo protesta de decir verdad, en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, en esencia: Tuvo por cumplida una orden de reaprehensión girada en su contra, por lo que quedó a disposición de esa autoridad interno en el Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla; ? Le indicó que puede acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, en caso de así considerarlo conveniente; ? Solicitó al Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, la partida jurídica actualizada del quejoso *; y, ? Ordenó la notificación de tal acuerdo al quejoso. Lo anterior, implica que no se realizó un estudio de fondo, pues en la determinación reclamada únicamente se atendieron cuestiones que derivaron del cumplimiento de una orden de reaprehensión. Por lo que es dable concluir que tal auto se trata de acuerdo de mero trámite que no requirió sustanciación. Para lo cual, el impetrante debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el citado artículo 130, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: * Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier resolución de mero trámite, como de la que se duele el promovente, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de revocación. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de que el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Por tanto, es válido afirmar que el quejoso primero debe agotar el recurso ordinario de revocación previsto en el artículo 130, de la mencionada ley nacional, contra el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en carpeta de ejecución *, en el que el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, acordó cuestiones que derivaron del cumplimiento a una orden de reaprehensión, como tenerla por cumplida y enterar al sentenciado la posibilidad de acogerse a un beneficio, pero se insiste, ello derivado de la ejecución de una orden de captura. Sobre todo, porque el mencionado recurso de revocación está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el ahora quejoso, por tener el carácter de persona privada de la libertad sujeto a una carpeta de ejecución, y puede hacerlo valer contra la determinación de la que se duele, para el efecto de que sea examinada de nueva cuenta. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de revocación ante la autoridad judicial responsable, con el propósito de que fuera analizada nuevamente y se emita la resolución que corresponda. De ahí la improcedencia apuntada con relación a ese acto combatido. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por dicho acto, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 130, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que el órgano jurisdiccional revise de nueva cuenta la determinación que el quejoso alega que le causa perjuicio; es decir, por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. * Cabe decir que la desatención del quejoso a la impugnación ordinaria de los acto combatido no encuentra en alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por haberse actualizado las causales de procedencia que se estudiaron, con relación a todos los actos que reclama el quejoso. * Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala -ubicado en la ciudad de Puebla-. Luego, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones a *, porque así lo solicitó expresamente el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo y exhortación a las partes para que transiten hacia la actuación del "juicio en línea". Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes * En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La omisión de acordar dos escritos presentados en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés; así como, la notificación del acuerdo que les recaiga. 2. La orden de reaprehensión girada en su contra, y su ejecución. 3. El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Todo ello con relación a la carpeta de ejecución *, del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla * -Improcedencia de los actos consistentes en la omisión de acordar dos escritos; así como, la notificación del acuerdo que les recaiga Respecto a los actos consistentes en la omisión del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, de acordar dos escritos presentados por el quejoso en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, así como, la notificación del acuerdo que les recaiga; la suscrita estima que ello no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. * Razón por la cual, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXII, y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este último en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento * De la segunda de las causales que se mencionan -que para mayor entendimiento se estudia en primer lugar- se colige que para efectos del juicio de amparo un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos dentro y fuero de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona * Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que los actos identificados en este apartado, no encuadran en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque tal omisión no provoca que se paralice el procedimiento de origen. Lo anterior, porque a través de esos escritos el impetrante solicitó al juez de ejecución que se señale día y hora para que se presente al Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, a efecto de cumplir con la sentencia a la que se le condenó; sí como, compurgar la pena en su domicilio, pues se trata de un adulto mayor. Sin embargo, como el propio promovente lo manifestó, el juicio de origen continuó su secuela procesal, tanto así que posterior a que presentó sus escritos, el juez siguieó actuando y al efecto, emitió los autos de tres de julio y veinticuatro de agosto, ambos del año en curso -de los que también se duele-. De modo que esto implica que al momento no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del mismo, de tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que ello no provoca que se paralice la secuela procesal del juicio de orige * Ahora, aun cuando a esta data subsista el acto reclamado, lo cierto es que se estima que puede no surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esto porque de las propias manifestaciones realizadas por el quejoso, se observa que el juez de origen emitió el acuerdo de tres de julio de la presente anualidad, por el que le revocó su libertad en virtud de que no cumplió con los requisitos que se le señalaron con motivo del beneficio de la conmutación de la pena que le fue concedido, y giró oficio al Fiscal General del Estado de Puebla para que ordenara a quien corresponda que internen a *, en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Y también emitió el diverso de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que, en lo que concierne, tuvo por cumplida la orden de reaprehensión girada en contra del impetrante, e hizo saberle que de considerarlo pertinente, puede acogerse al beneficio de la conmutación de la pena. Entonces, aun cuando a la data en que se presentó la demanda subsista la omisión del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, Puebla, de acordar los escritos presentados por el quejoso el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante los cuales le solicitó señalar día y hora para que se presente al Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, a efecto de cumplir con la sentencia a la que se le condenó, sí como compurgar la pena en su domicilio, pues se trata de un adulto mayor. Lo cierto es que tales pretensiones no pueden surtir efecto legal o material alguno porque dejó de existir el objeto o la materia de las mismas, pues se evidencia que el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés el juez de ejecución tuvo por cumplida la orden de reaprehensión girada en su contra, internado en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, pero con la oportunidad de acogerse nuevamente al beneficio de la conmutación de la pena; lo que implica que se encuentra dando cumplimiento a la sanción privativa de la pena que se le haya impuesto, recluido en dicho centro carcelario, lo que pretendió con sus peticiones vertidas en los escritos que menciona. No obstante, su pretensión (de que se acuerden los escritos) puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXII, y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este último en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. -Improcedencia de los actos consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución En lo que concierne a la orden de reaprehensión emitida en contra del quejoso, así como su ejecución, se actualiza la hipótesis normativa relativa a los actos consumados de manera irreparable, prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, que dispone: * Es así, porque como lo manifiesta el quejoso en sus antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, el tres de julio de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, dictó un auto en el que, entre otras cuestiones, revocó su libertad y ordenó su reaprehensión. Posteriormente, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dicho juzgador tuvo por cumplido dicho mandamiento de captura, y José Ramón Sánchez Damián quedó a su disposición interno en el Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Lo dicho por el amparista, constituyen manifestaciones expresas hechas en el escrito que se provee, que se traducen en una confesión, en términos de los artículos 95 y 200, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de donde se confirma la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Esto es así, pues las aludidas manifestaciones permiten evidenciar que el acto ahora reclamado se consumó de manera irreparable, como consecuencia de haberse ejecutado la orden de reaprehensión indicada; por lo tanto, ya se han realizado en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente, que no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Entonces, sin prejuzgar la legalidad constitucionalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, es evidente que la orden de reaprehensión combatida, de acuerdo a lo dicho por el quejoso bajo protesta decir verdad, ha quedado consumada de manera irreparable, pues fue ejecutada; y con ello, se insiste, no es posible retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de que se consumara el acto reclamado. En consecuencia, con relación a los actos indicados en este apartado, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia. -Improcedencia del acto consistente en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés Por lo que respecta al acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, esta autoridad considera que antes de acudir a esta instancia, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 130, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que al no hacerlo así, también se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que reza: * Para explicar lo anterior, resulta importante destacar que de acuerdo a lo manifestado por el promovente bajo protesta de decir verdad, en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, en esencia: Tuvo por cumplida una orden de reaprehensión girada en su contra, por lo que quedó a disposición de esa autoridad interno en el Centro Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla; ? Le indicó que puede acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, en caso de así considerarlo conveniente; ? Solicitó al Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, la partida jurídica actualizada del quejoso *; y, ? Ordenó la notificación de tal acuerdo al quejoso. Lo anterior, implica que no se realizó un estudio de fondo, pues en la determinación reclamada únicamente se atendieron cuestiones que derivaron del cumplimiento de una orden de reaprehensión. Por lo que es dable concluir que tal auto se trata de acuerdo de mero trámite que no requirió sustanciación. Para lo cual, el impetrante debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el citado artículo 130, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: * Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier resolución de mero trámite, como de la que se duele el promovente, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de revocación. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de que el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Por tanto, es válido afirmar que el quejoso primero debe agotar el recurso ordinario de revocación previsto en el artículo 130, de la mencionada ley nacional, contra el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en carpeta de ejecución *, en el que el Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, acordó cuestiones que derivaron del cumplimiento a una orden de reaprehensión, como tenerla por cumplida y enterar al sentenciado la posibilidad de acogerse a un beneficio, pero se insiste, ello derivado de la ejecución de una orden de captura. Sobre todo, porque el mencionado recurso de revocación está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el ahora quejoso, por tener el carácter de persona privada de la libertad sujeto a una carpeta de ejecución, y puede hacerlo valer contra la determinación de la que se duele, para el efecto de que sea examinada de nueva cuenta. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de revocación ante la autoridad judicial responsable, con el propósito de que fuera analizada nuevamente y se emita la resolución que corresponda. De ahí la improcedencia apuntada con relación a ese acto combatido. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por dicho acto, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 130, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que el órgano jurisdiccional revise de nueva cuenta la determinación que el quejoso alega que le causa perjuicio; es decir, por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. * Cabe decir que la desatención del quejoso a la impugnación ordinaria de los acto combatido no encuentra en alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por haberse actualizado las causales de procedencia que se estudiaron, con relación a todos los actos que reclama el quejoso. * Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala -ubicado en la ciudad de Puebla-. Luego, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones a *, porque así lo solicitó expresamente el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- José Peláez de la Cruz961/2021
- Jose Rafael Marmol Arellano1091/2021
- Jose Rafael Marmol Arellano1092/2021
- Jose Rafael Marmol Arellano273/2022
- Jose Ramiro Quechil Mones73/2021
- Jose Ramon Martinez Castro199/2019
- José Ramón Vega Laing165/2018
- José Ramón Vega Laing166/2018
- José Ramón Vega Laing710/2018
- Jose Ramon Vega Laing718/2019
- José Ramón Vega Laing211/2022
- José Ramón Vega Laing212/2022