José Ramón Quevedo Luque
Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/03/2023
Partes del expediente
- José Ramón Quevedo Luque
- Congreso de la Unión.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. . Se ordena archivo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Finalmente, en el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s)-; mediante oficio devuélvase los mismos a la autoridad que los remitió.
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso José Ramón Quevedo Luque, señaló como acto reclamado la resolución de trece de abril de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 297/2022, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en la que se le vinculó a proceso por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el numeral 11 inciso f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 477 de la Ley General de Salud; así como, el haberle impuesto la medida cautelar de prisión preventiva de oficio. Después, por oficio CJPF/TIJ/BC/JABC/1501/2022, el Juez responsable, informó que el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se celebró audiencia de procedimiento abreviado en la causa penal 297/2022, se le instruye al aquí quejoso, en la que se dictó sentencia condenatoria por los delito antes mencionados, y se le impusieron la penas de tres años tres meses de prisión y cien días multa; asimismo, se le concedieron diversos beneficios. Lo que se corrobora con las pruebas documentales que envió el alcance el Juez responsable. En ese sentido, se desprende que al quejoso José Ramón Quevedo Luque, se le dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el numeral 11 inciso f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 477 de la Ley General de Salud; y posteriormente, optó por el procedimiento abreviado, razón por la que se le dictó sentencia condenatoria por dichos delitos en dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Por lo que, es evidente que el acto reclamado en la demanda quedó sin materia, y no existe acto que analizar, lo cual se corrobora con las constancias que remitió la responsable como sustento de su informe, que dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridad en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo VI del Apéndice de 1995, Quinta Época, del rubro siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tomando en consideración lo antes expuesto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] La citada causa de improcedencia, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos emanados de un procedimiento judicial, por el cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, circunstancia que acontece en el presente juicio de amparo. Ahora bien, el quejoso acude a esta instancia jurisdiccional a reclamar la resolución de trece de abril de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 297/2022, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en la que se le vinculó a proceso por la probable comisión del delito en cuestión y, haberle impuesto la medida cautelar de prisión preventiva de oficio. Sin embargo, cuando el acto reclamado consista en un auto de vinculación sus consecuencias, y la autoridad responsable informe que se sentenció al imputado, resulta inconcuso que no se puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a que se sujeta el quejoso, toda vez que la condición particular que guardaba antes, motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura. Por tanto, debido a que de las documentales se advierte que el acto reclamado por el quejoso fue sustituido por uno diverso, se genera un cambio de situación jurídica, pues la autoridad judicial en el ámbito de su competencia vinculó a proceso al citado quejoso; por lo que, resulta evidente que no se puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a que se sujetó la parte quejosa, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que refiere se cometieron al librarse la orden de captura que señaló como acto reclamado, actualizándose por ello la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual forma, se deja sin efecto la multa impuesta en contra del Juez responsable, ordenada mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Por su contenido se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2482, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo III, materias común y penal, Décima Época, con rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado auto de formal prisión y el actual auto de vinculación a proceso; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Así como la jurisprudencia 1a./J/.17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Junio de 2008, página 270, Materia Penal, Novena Época, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Lo anterior es así, toda vez que es evidente que continuar con el juicio de amparo en que se actúa, hasta celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en él, resulta enteramente ocioso y atentatorio al principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; en tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional; además con el dictado de esta determinación no se deja en estado de indefensión a la impetrante del amparo, toda vez que cuenta con los medios de defensa establecidos en la ley de la materia. Tiene apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio de la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. En ese contexto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por exhibida la prueba consistente en el disco audiovisual que anexa la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin que sea el caso celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido del referido disco, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Cabe indicar que las constancias remitidas tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese en autos el oficio de cuenta signado por la autoridad señalada como responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; en atención al mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora, respecto de las pruebas que aduce anexar al oficio de cuenta, dígase que una vez que sean recibidas en este Juzgado de Distrito de acordará lo conducente. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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