José Ramón Perera Reyes

Expediente 510/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
510/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • José Ramón Perera Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    PRAL 510/2018 MESA 6 A& San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega ejecutoria. Agréguese el oficio 1503, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, con residencia en este municipio, mediante el cual anexa: 1) los autos originales del juicio de amparo ******y 2) copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia 10/2019; al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, toda vez que el referido Tribunal Colegiado, en el incidente de inejecución de sentencia *****, dejó insubsistente la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 197 a 201), en la parte en que esta autoridad declaró la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo y, en su lugar, se declaró que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia dictada en este asunto; por tanto, se provee: Archivo del expediente. En esas condiciones, y como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto ******, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. De igual manera, comuníquese a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, glósense únicamente las actuaciones originales dictadas dentro del cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original, toda vez que las copias certificadas con el cual se formó, provienen de este mismo juicio; y en cuanto a estas últimas, se ordena su reciclaje. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa por no haber señalado domicilio para tal efecto; así como a las demás partes...

  2. Principal

    PRAL.510/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se remitieron para la sustanciación del incidente de inejecución de sentencia dictada en este juicio de amparo. 1.1 Asimismo, informa que admitió el citado incidente con el número 10/2019, de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.510/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido en auto de veintidós de marzo de esta anualidad (fojas 197 a 201), en el que se estimó que existe imposibilidad jurídica y material para requerir el cumplimiento de la sentencia concedida al quejoso José Ramón Perera Reyes, toda vez que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho se dejó en inmediata libertad al referido quejoso; sin que se haya interpuesto recurso de inconformidad; por ello, como en dicho auto se reservó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, en tanto transcurriera el plazo que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, se provee: Remisión del expediente al Tribunal de Alzada. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 202 de la Ley de Amparo, remítase el expediente original a dicha superioridad, a efecto que determine lo que en derecho corresponda, respecto a la imposibilidad para el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J.23/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017828, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Por tanto, hágase del conocimiento a las partes dicha circunstancia. Asimismo, este acuerdo notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, por no haber señalado domicilio para tal efecto dentro del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. Cuaderno de antecedentes. Una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.510/2018-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por la subdirectora de Área en ausencia del director del Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos que a su vez lo hace en suplencia del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien actúa en representación del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que el quejoso José Ramón Perera Reyes fue puesto en inmediata libertad al habérsele concedido la libertad anticipada a que se refiere el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y para acreditar su dicho remite copia certificada del acta administrativa 230/2018, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Antecedentes. Ahora, vistos los autos, de los mismos se advierte lo siguiente: a) Mediante escrito recibido el veintidós de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, José Ramón Perera Reyes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por conducto del coordinador General de Centros Federales, de quien reclamó (fojas 2 a 10): La orden de traslado de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Perote Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato; o bien, La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. b) Por acuerdo de siete de junio del año pasado se admitió a trámite la demanda, previa prevención realizada (fojas 18 a 22). c) Mediante sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil dieciocho, engrosada el veintiuno de ese mismo mes y año (fojas 104 a 121), se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos (foja 119): ". (Efectos de la concesión). En razón de lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 y 74, fracción V, y 77, todos de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Ramón Perera Reyes, para que, en su oportunidad, la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/8107/2016 y SEGOB/CNS/OADPRS/8111/2016, ambos de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, únicamente por lo que se refiere al aludido quejoso; y b) Lo restituya en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados; es decir, dicte las órdenes para que el quejoso José Ramón Perera Reyes, sea regresado del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al centro de reclusión en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados; esto es, al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Perote, Veracruz." d) Por auto de once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 142) se tuvo a la autoridad responsable interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, y el diecinueve de ese mismo mes y año (fojas 154 y 155) se remitió al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito en el Estado, residente en este municipio, para la substanciación del citado medio de impugnación. e) En acuerdo de veintiséis de febrero de esta anualidad (fojas 184 a 186) se agregó el oficio 117, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, al que anexó, entre otras constancias, copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de febrero de este año en el amparo en revisión 794/2018 (fojas 169 a 183). f) El tribunal de alzada, en el amparo en revisión 794/2018, confirmó la sentencia dictada en este asunto (foja 183). g) En ese mismo proveído (veintiséis de febrero de dos mil diecinueve) se requirió el cumplimiento de dicha resolución a la autoridad responsable, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México (fojas 184 vuelta a 185). h) Mediante oficio de trece de este mes y año (foja 191), la subdirectora de Área en ausencia del director del Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos que a su vez lo hace en suplencia del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien actúa en representación del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, remitió copia certificada del acta administrativa 230/2018, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 193 y 194), de la que se advierte que, en cumplimiento a la boleta de libertad con número de requisitoria 890M/2018, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se dejó en inmediata libertad al quejoso José Ramón Perera Reyes, toda vez que el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ordenó su inmediata y absoluta libertad al concedérsele la libertad anticipada a que se refiere el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y por ende, se decretó la extinción de la pena impuesta en la causa penal 269/2011-VII, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en la Ciudad de Villa Aldama, que se instruyó al aquí quejoso por el delito de portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Documental que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Imposibilidad jurídica y material del cumplimiento respecto a la autoridad ordenadora y ejecutora. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad administrativa responsable, se advierte que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho dejó en inmediata libertad al aquí quejoso José Ramón Perera Reyes, en cumplimiento a la determinación del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y, en consecuencia, se decretó la extinción de la pena impuesta en la causa penal 269/2011-VII, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en la Ciudad de Villa Aldama; lo anterior, impide al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, dictar las órdenes necesarias para que el referido quejoso sea regresado del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al centro de reclusión en el que se encontraba antes de la existencia de los actos reclamados; esto es, al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, en el Municipio de Villa Aldama, Perote, Veracruz. En ese contexto, se estima que existe imposibilidad jurídica y material para requerir el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, por lo que hace a los efectos precisados en la sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil dieciocho, engrosada el veintiuno de ese mismo mes y año (fojas 104 a 121). Se reserva enviar el expediente al Tribunal de Alzada. Con base a lo anterior, en términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, se reserva enviar el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, a efecto de que dicha superioridad determine lo conducente, respecto a la imposibilidad para el cumplimiento decretado en este juicio de amparo indirecto, hasta en tanto transcurra el pazo de quince días que señala el artículo 202 de la citada Ley. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. /J. 23/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, Libro 58 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Registro 2017828, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Finalmente, tal cumplimiento notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, por no haber señalado domicilio para tal efecto dentro del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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