José Ramón Ortega Grillasca
Expediente 623/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2020
Partes del expediente
- José Ramón Ortega Grillasca
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. I. Causa estado. Visto el contenido de la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto que desechó la demanda amparo en este expediente; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80 y 97, fracción I de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto. II. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III. Destrucción o depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que con el desechamiento de la demanda amparo, se dio por concluido el juicio sin haber decidido el mismo en lo principal. IV. Relevancia y documentos. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Plenario en cita y no obran documentos originales de alguna de las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por +++++ contra el acto del Juzgado Penal de Comitán, del Centro de Reinserción Social de Social número Diez, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas y otras autoridades. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 622/2020-II y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Del (1) Juzgado Penal de Comitán, del Centro de Reinserción Social de Social número Diez, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, (2) Juzgado Penal de Acapetahua, (3) Juzgado Mixto Ocosingo, Chiapas, (4) Juzgado Mixto de Salto de Agua, Chiapas, (5) Juzgado Mixto de Yajalón, Chiapas, (6) Juzgado Mixto de Bochil, Chiapas, (7) Juzgado Penal de Catazajá-Palenque, (8) Juzgado Primero Penal de los Distritos Judiciales Tuxtla, Cintalapa y Chiapa de Corzo, "EL AMATE", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, (9) Juzgado Segundo Penal de los Distritos Judiciales Tuxtla, Cintalapa y Chiapa de Corzo, "EL AMATE", con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, (10) Juzgado Mixto de Copainalá, Chiapas, (11) Juzgado del Ramo Penal de Huixtla, Chiapas, (12) Juzgado Mixto de Motozintla, Chiapas, (13) Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, (14) Juzgado Penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, (15) Juzgado Mixto de Simojovel de Allende, Chiapas, (16) Juzgado Primero Penal de Tapachula, (17) Juzgado Penal de Tonalá, Chiapas, (18) Juzgado Mixto de Venustiano Carranza, Chiapas, (19) Juzgado Penal de Villaflores, Chiapas, (20) Juzgado del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa de Corzo, (21) Fiscal General del Estado de Chiapas y (22) Director General de la Policía Especializada, ambos con sede en esta ciudad: ? La orden de aprehensión; y ? Su ejecución. III. Improcedencia de la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar promociones por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Como apoyo a tal afirmación, cabe indicar que los artículos 6, 10, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo1, interpretados de manera conjunta, ponen de manifiesto que para la presentación de las demandas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario el uso de la Firma Electrónica vigente y, además, que los promoventes se registren en el sistema. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/20182, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Asimismo, si bien es cierto que el escrito contiene la imagen de una firma empero al haberse presentado, vía electrónica, debió anexarse la evidencia criptográfica del promovente. Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio en el sentido de que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Esto es, la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, está supeditada a la utilización de una firma electrónica; de modo que, si la promoción de cuenta se presentó vía electrónica sin cumplir con dicho requisito, entonces es equiparable a un escrito sin firma. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril 2019, tomo I, página 69, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. Sin que pase desapercibido que el artículo 3, último párrafo4, de la Ley de Amparo señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del diverso 15, de la referida ley, empero en el presente asunto no se surte dicha excepción, ya que se señalan actos diversos a los que contempla dicho numeral. IV. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista que será publicada en los estrados de este juzgado Se tiene como autorizado a +++++, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. VII. Quejoso señala correo electrónico. Téngase al promovente proporcionando el correo electrónico que al efecto señala, para que a través del mismo se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese como legalmente corresponda.
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