José Ramón Novelo Rivero

Expediente 79/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
79/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • José Ramón Novelo Rivero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió del diecisiete al veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero del año en curso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el veinte y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés de conformidad con el oficio ***, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por por José Ramón Novelo Rivero contra actos del Juez Primero Civil del Segundo Distrito Judicial, del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 79/2023-I, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama los actos siguientes: 1. La notificación realizada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, relativa al auto de siete de esos mismos mes y año, dictado en el juicio ordinario civil 46/20-2021/1C-II, del Juzgado Primero Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; y 2. El auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 46/20-2021/1C-II, mediante el cual, se desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, promovido por Doryan Francisco Rodríguez García, en su carácter de asesor técnico del quejoso José Ramón Novelo Rivero, en razón de que no justificó su derecho. Precisado lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ahora bien, la lectura del apartado relativo a los antecedes de los actos reclamados, revela que el quejoso José Ramón Novelo Rivero, no tiene el carácter persona extraña al juicio de donde derivan los actos reclamados, por el contrario, tiene el carácter de parte demandada, pues interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 46/20-2021/1C-II, como se advierte de la documental consistente en copia simple del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda de amparo. Es así, pues sólo tienen el carácter de tercero extraño quienes no son parte en el juicio o quien siendo parte en éste, el ilegal emplazamiento o la inexistencia del mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra, en virtud de haberse ya dictado sentencia ejecutoria. En esa medida, no puede considerarse que la notificación reclamada por el quejoso, le ocasionó un total desconocimiento que le impidió imponerse de la misma y defender sus intereses dentro del procedimiento natural, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si el quejoso es parte demandada en el juicio de donde derivan los actos reclamados, resulta evidente que estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento legal aplicable al procedimiento de origen. En la especie, el medio idóneo para impugnar la ilegalidad de una notificación, es el incidente de nulidad de notificaciones, que prevé el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, a saber: "Artículo 115.- Las notificaciones que se hagan en forma distinta de la prevenida en este capítulo, serán nulas. La nulidad será declarada de oficio o a petición de la parte perjudicada, siempre que la objeción se haga dentro de las veinticuatro horas contadas desde la siguiente notificación. El juez resolverá sin sustanciar artículo. Será nulo lo actuado con posterioridad a la notificación defectuosa, aunque se haya dictado sentencia definitiva. Si fuesen varias las notificaciones defectuosas, deberán objetarse al mismo tiempo." Por ende, el quejoso se encontraba constreñido a impugnar la notificación reclamada a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, previamente a promover la demanda de amparo, por ser el juicio constitucional un medio extraordinario de defensa, que debe tramitarse después de agotarse los recursos que dispongan la ley que rija el acto reclamado. Es así, porque la promoción del incidente de nulidad tiene como finalidad que el juzgador analice la legalidad de la notificación cuestionada, de modo que si considera que esa notificación no cumple con las formalidades legales, entonces declarará su nulidad y ordenara de nueva cuenta su práctica. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso es parte demandada en el juicio de donde derivan los actos reclamados, entonces debió agotar el recurso de apelación en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 46/20-2021/1C-II, que desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que promovió su asesor técnico. Se afirma lo anterior, en razón de que el desechamiento del incidente de oposición a la ejecución de sentencia, es una decisión que se ubica en el supuesto del artículo 88, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de una decisión que determina sobre materia que no es de mero trámite, por ende, es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación, en razón de que causa un gravamen irreparable que no podrá repararse en la sentencia, en razón de que el daño que provoca la determinación que desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia promovido por el quejoso, no podrá ser resarcido dado que ya se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen y esta se encuentra en vías de ejecución, de conformidad con el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 46/20-2021/1C-II, que desechó de plano el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, promovido por Doryan Francisco Rodríguez García, en su carácter de asesor técnico del quejoso José Ramón Novelo Rivero. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal superior confirme, reforme o revoque el acuerdo impugnado, de conformidad con el artículo 800 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, los actos reclamados por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña a este procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte, pues es el demandado. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del incidente de nulidad y del recurso de apelación, no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad de los artículos 115, 806 y 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Rubí, número 14-A, entre avenida Belisario Domínguez y calle Rio Candelaria, fraccionamiento Arcila, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Doryan Francisco Rodríguez García Miguel Flores Velázquez y Jesús Israel Pulido Flores, pues de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DATOS DE CONTACTO. Con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico y números telefónicos de celular que proporciona la promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano