José Ramón Muñoz Martínez
Expediente 618/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Ramón Muñoz Martínez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 27853/2021, signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, del cual se advierte que dicho tribunal aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por José Ramón Muñoz Martínez, en contra de la sentencia de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el en el expediente 171/2017. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso j) de dicho acuerdo general.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por José Ramón Muñoz Martínez, por propio derecho, en contra de la sentencia de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el en el expediente 171/2017; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; así como el citado expediente agrario. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 618/2021; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Acorde con el precepto 28, fracciones I y II, de la citada ley, téngase como delegadas en términos del artículo 9 de esa legislación a las personas que designa la autoridad responsable. Análisis de la competencia. Ahora, como se precisó al inicio de la presente resolución, el quejoso José Ramón Muñoz Martínez señala en su demanda de amparo como acto reclamado la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el once de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente 171/2017. Del referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Valentina Muñoz Martínez, por propio derecho, mediante escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, promovió juicio agrario en contra de José Ramón Muñoz Martínez (fojas 1 a 4). 2. El veintiséis de mayo siguiente la titular del tribunal responsable registró el asunto con el número 171/2017, se declaró competente para conocer del asunto, lo admitió a trámite y ordenó emplazar a juicio a la parte demandada (foja 27). 3. En audiencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete se tuvo a la citada actora ampliando su demanda en contra de la Síndico del Municipio de San Salvador El Seco y Registro Agrario Nacional ambos del Estado de Puebla (fojas 39 y 40). 4. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve se tomó como medida precautoria girar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que realizara las anotaciones preventivas y suspendiera cualquier trámite de inscripción relativo a la parcela 95 Z-1 P-1/1, así como a los derechos de uso común a nombre de José Ramón Muñoz Martínez, perteneciente al núcleo agrario de San José Atzintlimeya, Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla (foja 167). 5. Seguida la secuela procesal, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia respectiva, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. La parte actora Valentina Muñoz Martínez no acreditó los extremos de sus pretensiones; por su parte el demandado José Ramón Muñoz Martínez probó sus defensas en este juicio; lo anterior, conforme a los razonamientos jurídicos esgrimidos en el considerando séptimo de esta sentencia.- Segundo. En consecuencia, resulta improcedente declarar la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, celebrado entre el ejidatario Merced del Carmen Muñoz Arroyo (cedente) y José Ramón Muñoz Martínez (cesionario), respecto a la parcela número 95 Z-1 P1/1, con superficie de 9-86-16.190 hectáreas, así como derechos sobre tierras de uso común en un porcentaje de 1.190%, localizados en el ejido San José Atzintlimeya, Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla.- Tercero. La actora carece de legitimación en la causa para demandar la nulidad de la calificación registral realizada por el registrador integral adscrito al Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla; así como la nulidad de la ratificación realizada por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, Estado de Puebla, respecto al contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce.- Cuarto. En consecuencia, es de absolver de tales prestaciones a los demandados Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla y Síndico del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, Estado de Puebla.- Quinto. No ha lugar a declarar procedente la prestación consistente en que se condene a la actora Valentina Muñoz Martínez al pago de gastos y costas por la tramitación del presente juicio agrario, por los razonamientos jurídicos vertidos en la parte considerativa del presente fallo.- Sexto. En ese contexto y una vez que cause estado la presente sentencia, se ordena girar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que deje sin efectos la medida precautoria concedida en auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.- Séptimo. Notifíquese." (fojas 172 a 193). 6. Inconforme con dicha determinación, Valentina Muñoz Martínez promovió juicio de amparo directo, del cual, por cuestión de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional; mediante determinación de diecisiete de enero de dos mil veinte, este tribunal colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo propuesta; asimismo, se ordenó remitir dicho asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo enviara al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito que por turno le correspondiera, para que se avocara al conocimiento de la misma. 7. El seis de febrero siguiente, se tuvo por recibido el oficio 1445/2020 signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el que se hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que el Pleno de dicho tribunal por resolución de veintinueve de enero posterior no aceptó la competencia legal declinada a su favor para conocer de la demanda en mención, por lo que se ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que resolviera respecto al conflicto competencial suscitado. 8. En sesión plenaria de seis de mayo de la citada anualidad, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, declaró competente a este órgano jurisdiccional para conocer del amparo directo promovido por Valentina Muñoz Martínez. 9. El veinticuatro de junio del año en curso, los Magistrados de este tribunal concedieron a la quejosa el amparo solicitado en los siguientes términos: ".I.- Deje insubsistente la sentencia reclamada. II.- En su lugar, dicte otra, en la que declare la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de veintidós de agosto de dos mil catorce, por haberse celebrado en contravención al artículo 80 de la Ley Agraria, ya que no fue ratificado ante fedatario público. III.- Se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas de esa nulidad." 10. En cumplimiento a dicha determinación el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia respectiva, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. La parte actora Valentina Muñoz Martínez acreditó los extremos de sus pretensiones; por su parte el demandado José Ramón Muñoz Martínez no probó sus defensas opuestas en este juicio; lo anterior, conforme a los razonamientos jurídicos esgrimidos en el considerando séptimo de esta sentencia.- Segundo. En consecuencia, resulta procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, celebrado entre el ejidatario Merced del Carmen Muñoz Arroyo (cedente) y José Ramón Martínez (cesionario), respecto a la parcela número 95 Z-1 P1/1, con superficie de 9-86-16.190 hectáreas, así como derechos sobre tierras de uso común en un porcentaje de 1.190%, localizados en el ejido San José Atzintlimeya, Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla.- Tercero. De lo anterior, al decretar la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, debe retrotraerse la situación jurídica al estado previo a la enajenación; es decir, destruir los efectos jurídicos producidos por aquéllos, por lo cual recobran vigencia tanto el certificado parcelario 75716, como el certificado de derechos sobre tierras de uso común número 22702, expedidos, a favor del ejidatario Merced del Carmen Muñoz Arroyo y que amparan los derechos agrarios antes citados.- Cuarto. En consecuencia, remítase copia certificada al Registro Agrario Nacional en Puebla, para que cancele el certificado parcelario y el certificado de derechos sobre tierras de uso común, en su caso, expedidos a favor de José Ramón Muñoz Martínez y que amparan la parcela número 95 Z-1 P1/1, así como derechos sobre tierras de uso común en un porcentaje de 1.190%, localizados en el ejido San José Atzintlimeya, Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla; asimismo, deberá realizar las anotaciones marginales correspondientes respecto a la nulidad absoluta del contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, celebrado entre Merced del Carmen Muñoz Arroyo (cedente) y José Ramón Muñoz Martínez (cesionario). En el entendido, que previamente deberá dejar sin efectos la medida precautoria concedida en auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y comunicada mediante oficio 344/2019.- Quinto. De igual forma, remítase copia certificada de esta sentencia al Síndico del Municipio de San Salvador El Seco, Estado Puebla, para que proceda a realizar las anotaciones correspondientes a la "ratificación" realizada el veintiséis de agosto de dos mil catorce respecto al contrato de cesión de derechos parcelarios a título gratuito de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, celebrado entre Merced del Carmen Muñoz Arroyo (cedente) y José Ramón Muñoz Martínez (cesionario).-Sexto. No ha lugar a declarar procedente la prestación consistente en que se condena a la actora Valentina Muñoz Martínez al pago de gastos y costas por la tramitación del presente juicio agrario, por los razonamientos jurídicos vertidos en la parte considerativa del presente fallo.- Séptimo. Mediante oficio remítase copia certificada de la presente sentencia al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, para su conocimiento total del amparo directo agrario 40/2020 promovido por la quejosa Valentina Muñoz Martínez.- Octavo.- Notifíquese." 11. Inconforme con dicha determinación, José Ramón Muñoz Martínez promueve el presente juicio de amparo. El artículo 34 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." En la norma transcrita se establecen las reglas para fijar la competencia por territorio en el juicio de amparo directo. Como regla general, el segundo párrafo del propio precepto atiende al lugar de residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado. Como disposición especial, conforme al tercer párrafo del propio numeral, en las materias agraria y fiscal, la competencia para conocer del juicio de amparo directo recae en el tribunal colegiado de circuito que ejerza jurisdicción donde el acto reclamado: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se esté ejecutando; o, d) se haya ejecutado. Y sólo en caso de que ese acto pueda tener ejecución en más de un circuito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia se surte a favor del tribunal colegiado de circuito que haya prevenido en la recepción de la demanda o que dicte acuerdo sobre tal escrito. De acuerdo con los datos que anteceden, en el caso: A) Se trata de un juicio de amparo directo en materia agraria, lo cual constituye un presupuesto básico para atender al lugar de ejecución de la sentencia reclamada, conforme al artículo 34, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. B) La sentencia definitiva que constituye el acto reclamado, aunque fue emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con residencia en esta ciudad, debe tener ejecución en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, dado que en la sentencia reclamada se declaró procedente la acción de nulidad de absoluta de contrato de cesión de derechos parcelarios de veintidós de agosto de dos mil catorce, y se ordenó girar oficio al Registro Agrario Nacional en Puebla, para que cancele el certificado parcelario y el certificado de derechos sobre tierras de uso común, en su caso, expedidos a favor de José Ramón Muñoz Martínez y que amparan la parcela número 95 Z-1 P1/1, así como derechos sobre tierras de uso común en un porcentaje de 1.190%, localizados en el ejido San José Atzintlimeya, Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla. Esto es, los actos materiales que constituyen la ejecución de la sentencia reclamada, deben tener lugar en el Estado de Puebla, es decir, dentro del territorio en el que ejercen jurisdicción los tribunales del Sexto Circuito, conforme al Punto Primero, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esas circunstancias, al tratarse de un juicio de amparo directo en materia agraria, promovido contra una sentencia que debe tener ejecución en el Estado de Puebla, perteneciente a la jurisdicción del Sexto Circuito, este Tribunal Colegiado carece de legal competencia por razón de territorio para conocer del asunto. Es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 141/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010273, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1681, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable." En consecuencia, remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito que por turno le corresponda, a fin de que este último resuelva si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 46, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roldán López Huerta y Óscar Hugo Jiménez Céspedes, y de acuerdo a la parte final del segundo párrafo del citado precepto a Clemente Vargas Pérez. En relación con su petición de que se faculte a los citados autorizados para utilizar scanner o cámara digital para la reproducción electrónica de actuaciones judiciales al momento de imponerse de las actuaciones del presente asunto, comuníquesele que no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida, en términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa por lo que en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con fundamento en el numeral 34 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Ramón Muñoz Martínez en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres en el Estado de Tlaxcala, el once de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente agrario 171/2017. SEGUNDO. Se ordena remitir el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito que por turno le corresponda, para que se avoque al conocimiento de la demanda de amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa; háganse las anotaciones legales pertinentes, fórmese cuaderno de incompetencia con copia certificada del escrito de derechos fundamentales y anexos y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Así lo resolvió, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Nicolás Castillo Martínez y Jesús Eduardo Hernández Fonseca, quienes firman conjuntamente con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, Secretaria de Acuerdos que da fe.
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