José Ramón Moreno Machuca

Expediente 2583/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2583/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • José Ramón Moreno Machuca

Actuaciones

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y anexo; a través del cual, en cumplimiento al fallo protector, informan que el día ocho de noviembre del año en curso, notificó al quejoso el oficio número FP/1665/2019, en el que indica que desincorporó de su esfera jurídica lo previsto por el artículo 19, fracción I, inciso b) de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, dando un trato igual a una mujer y se dejó insubsistente el oficio PF/362/2019, de trece de mayo de este año; asimismo, informa que turnó el expediente a la comisión revisora. En virtud de lo anterior, agréguense a los presentes autos en vías de cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia, que este juzgado federal quedará a la espera del cumplimiento total de éste. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el once de septiembre de este año, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 71 a 73). En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de septiembre del presente año (foja 74), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera efectuado manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". Así pues, mediante resolución dictada el doce de julio del año en curso (fojas 38 a 52), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Los artículos 24, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa la contribución erogada por la revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (foja 16), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho. Devolución que debe realizarse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante copia certificada del recibo oficial expedido por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Jala, Nayarit, concatenado con la copia certificada del permiso origen del acto reclamado y con el informe con justificación rendido por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, todos con sede en esta ciudad (fojas 15 a 16 y 35). 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago por la revalidación de permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (foja 16). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver por revalidación de permiso aludido, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.(.)" Resolución que por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 63 a 64). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 24, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad erogada por la revalidación del permiso de minisúper, abarrotes, tendajones y similares no mayor a 200m2 con venta únicamente de cerveza, cuyo refrendo anual es de $4,596.00 pesos (foja 16), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho; asimismo, regresar el pago relativo a los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley indicada; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, informó que entregó a la aquí quejosa María Teresa Guzmán López, un cheque por la cantidad de $7, 000.19 (siete mil pesos 19/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001389, de diecinueve de agosto del año en curso y copia de la identificación oficial de la accionante de amparo, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente (fojas 71 a 73). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $6,985.92 (seis mil novecientos noventa y cinco pesos 92/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 16), y la responsable generó el cheque el diecinueve de agosto de este año, por la cantidad de $7,000.19 (siete mil pesos 19/100 moneda nacional), y lo entregó a la aquí quejosa (fojas 71 a 73), lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001389 y copia de la identificación oficial de la accionante de garantías, por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de abril a agosto de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo a julio del año en cita (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo fue de 103.476; y para el mes de julio de este año de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00203. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de 7,000.10 (siete mil pesos 10/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $14.18 (catorce pesos 18/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la quejosa la cantidad de $7,000.19 (siete mil pesos 19/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $7,000.10 (siete mil pesos 10/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $7,000.19 (siete mil pesos 19/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $0.09 (nueve centavos, moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria de garantías la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    R E S U E L V E:****ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables; el amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia de control constitucional.********************Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE

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