José Ramón Mandujano González
Expediente 219/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Ramón Mandujano González
- Juez Primero Penal de Partido En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio suscrito por el juez Cuarto de Distrito en el estado de San Luis Potosí, por el cual informa que aceptó la competencia declinada por esta potestad el tres de abril del año en curso. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda, el sobre devuelto que contiene el oficio 4511/2018, dirigido al "JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ" el que tiene escrita la leyenda "NO ES LA DIRECCIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO"; por lo tanto, con fundamentos en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en obvio de dilaciones innecesarias, remítase por la misma vía la citada misiva, a la siguiente dirección: PALMIRA NO. 905 (ALA B PRIMER PISO) FRACC. DESARROLLOS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. 78295.Agréguese para que obre como corresponda, el sobre devuelto que contiene el oficio 4511/2018, dirigido al "JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ" el que tiene escrita la leyenda "NO ES LA DIRECCIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO"; por lo tanto, con fundamentos en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en obvio de dilaciones innecesarias, remítase por la misma vía la citada misiva, a la siguiente dirección: XXXXXXXXX.
- Principal
Glósese a sus autos el escrito signado por el quejoso José Ramón Mandujano González, mediante el cual en cumplimiento a la prevención de veintidós de marzo pasado, refiere: ".NO SEÑALO ninguna autoridad ejecutora de los actos reclamados que tenga su residencia en la ciudad de San Luis Potosí." En razón de lo anterior, esta potestad considera que no es competente legalmente para la substanciación del presente controversial, y por ende, resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con base en la siguiente consideración: En el escrito inicial de demanda, el quejoso XXXXXXXXXX, señaló que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de San Luis Potosí; por tanto, la materialización del acto reclamado se efectuará fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Así, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Que debe atenderse a lo que la carta magna ?máxima fuente del derecho interno en el país? establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia ?por razón de territorio? recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU.". Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado una orden privativa de libertad, necesariamente requiere ejecución en la ciudad de San Luis Potosí, pues el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esa localidad. Sobre esa línea, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de San Luis Potosí, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Esto, virtud a que la orden de aprehensión reclamada, en su caso, habrá de ejecutarse en el lugar donde el impetrante se encuentra recluido. Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Así también, por identidad de criterio, la tesis número XIX.2o.P.T.9 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, registro 2005662, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con encabezado y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el cuaderno principal del presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para lo que a bien tenga ordenar, en compañía de las copias respectivas del ocurso inicial y aclaratorio. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. No se soslaya la jurisprudencia con número de registro 2004166, intitulada "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE"; sin embargo, la misma no es aplicable al caso, dado que se refiere a la transitoriedad del domicilio del impetrante, y en el presente asunto, éste se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de San Luis Potosí, virtud a diverso proceso penal que se encuentra en etapa de instrucción (acorde con lo narrado por la parte quejosa en su escrito inicial); lo que evidentemente lleva a concluir que no nos encontramos en la hipótesis del criterio invocado, pues no es un domicilio transitorio que pudiera variar el impetrante a su libre arbitrio, sino que se encuentra privado de su liberad por orden judicial, y por tanto, habrá de ejecutarse en ese lugar. Finalmente, téngase a la parte quejosa por señalando como nuevo domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Potasio, número 218, Zona de Oro II de esta ciudad, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho que precisa en su escrito aclaratorio, dado que sí tienen registrada su cedula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que el trece de los actuales se ordenó la devolución a la mesa del expediente en que se actúa; por tanto, glósese el cuaderno provisional que se formó mientras el mismo conformaba el tomo de pruebas número tres del diverso juicio de amparo 895/2016 del índice de éste órgano jurisdiccional, y devuélvase al archivo.
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