José Ramón Lares Rochín
Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Ramón Lares Rochín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, trece de abril de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de dieciséis de marzo del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se desprende que la demanda de amparo por medio de la cual inició el este juicio fue presentada de manera electrónica el doce de febrero pasado, sin embargo, no cuenta con la evidencia criptográfica con la que se advierta la firma digital del promovente. En atención a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen: El artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada... Los artículos 6° y 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, establecen: 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que esta Ley lo permita. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con esa disposición, el diverso 6° de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la Ley de Amparo. Asimismo, tratándose de escritos presentados en forma electrónica, el ordinal 3 de la Ley de Amparo señala: 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. De igual forma, el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 2, fracciones XV y XVI, describe lo siguiente: 2. Para efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XV. FIREL: La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma Electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quien es el autor o emisor de un Documento Electrónico la FIREL, la firma o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIREL), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del estado con las cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y el expediente electrónico. Luego, como en el juicio de amparo la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, ello no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo aunque se presentó por medios electrónicos, no contiene la firma electrónica del promovente, entendida como tal el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del signante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control de manera que está vinculada únicamente a él; por lo que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como simple papel, en la que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer precisamente su rúbrica que vincule al escrito inicial de demanda con la voluntad exteriorizada de la parte quejosa, ya que la firma electrónica es el conjunto de símbolos que vinculan el escrito petitorio de amparo con la voluntad del que la promueve, circunstancia la cual obliga a las personas en todos los asuntos jurídicos presentados por la vía electrónica, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido de escrito en que la plasman. Sin que en la especie opere el caso de excepción contemplado en la parte final del artículo 3° de la Ley de Amparo, que expresamente señala: No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. El cual señala: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Por tanto, por no encontrase en el supuesto de excepción previsto en el artículo 3° de la ley de Amparo y ante la ausencia de firma electrónica en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo al surtirse la causal de improcedencia que se plantea. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 26 de abril de 2019 10:30 h, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 6° y 108, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo de que se trata. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de diecisiete de febrero del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del veintinueve de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Fausto Fidencio Partida Luna autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la acumulación del expediente 185/2021 de nuestro índice de este tribunal. En atención a lo solicitado por la parte quejosa, envíese copia certificada del escrito de mérito para que obre constancia en el expediente 185/2021 del índice de este órgano jurisdiccional y se acuerde lo que conforme a derecho proceda. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formuladas las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
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