José Ramón Covarrubias Martínez
Expediente 367/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- José Ramón Covarrubias Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
.....procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso José Ramón Covarrubias Martínez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete...Advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre del año que transcurre, en el que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a los oficios enviados por el Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Mexicali, con residencia en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, al haber transcurrido el plazo concedido sin que realizara manifestación alguna al respecto, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *******, para efectos de que: La autoridad responsable Dirección de Contraloría de la Sindicatura Municipal, con residencia en esta ciudad, realizara los actos conducentes, a fin de que al aquí quejoso se le cubra el ingreso mínimo para su subsistencia, a partir del siete de junio de dos mil diecisiete, hasta que se resuelva el procedimiento administrativo ********, instaurado en su contra. Para lo cual, debería tomar en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, por lo que, deberá tomar como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual no debería ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución a la que pertenece. Sentencia que causó ejecutoria el veinticinco se septiembre del año en curso, fecha en que se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. Por otra parte, en tres de octubre del año en curso, se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Mexicali. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la autoridad vinculada Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Mexicali, remitió copia certificada de los acuerdos del movimiento de personal, en el que se realizó el cambio de categoría por asignación de ingreso mínimo para subsistencia, del empleado número ****, de nombre ****, gozando un ingreso de $****** equivalente al 30 % de su ingreso real (foja 113), del primer pago quincenal realizado al quejoso (foja 124), así como de la nómina en la que se realizó el pago retroactivo al quejoso, a partir del siete de junio del año en curso (fojas 135 y 138); documentales que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. De las referidas constancias se advierte que efectivamente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, al haber cubierto el ingreso mínimo para la subsistencia del quejoso, a partir del siete de junio de dos mil diecisiete, tomando en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, por lo que tomó como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real; con lo que se dio cumplimiento además, a lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el ordinal 196 de la Ley de Amparo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Asimismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse concedido la medida cautelar solicitada. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. En cumplimiento al presente proveído, se giran los siguientes oficios: 19780 y 19781.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Director de Contraloría de la Sindicatura Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, con sede en esta ciudad, al que anexó copia certificada de algunas actuaciones realizadas en el expediente DC/ASP/146/2017, de las que se advierte que ordenó al Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Mexicali, realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, en la que se le ordenó cubrir el ingreso mínimo para la subsistencia del quejoso José Ramón Covarrubias Martínez, a partir de la fecha en que se le notificó la suspensión temporal, es decir el siete de junio del año en curso, hasta que se resuelva el procedimiento administrativo de investigación, instaurado en su contra; por lo tanto, se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento al fallo protector. Ahora, en uso de las facultades concedidas en los artículos 192, 193 y 197, de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, al Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento de Mexicali, por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y lo informe a este juzgado, para lo cual deberá anexar la documentación correspondiente; apercibido que en caso de omisión, se le impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) dando un total de $7,549.00 pesos (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Así también, en términos del tercer párrafo del ordinal 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente del Ayuntamiento de Mexicali, con sede en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, así también se tome las medidas necesarias y bajo el apercibimiento que de no demostrar lo anterior, se le impondrá multa en los términos señalados en párrafos que anteceden, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad vinculada al cumplimiento. Aunado a ello, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento. Resulta orientadora la tesis aislada, XXVII.3o.71 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia Común, Página: 2337, de rubro: "AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE. El artículo 197 de la Ley de Amparo dispone que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para tal fin. Ahora bien, como lo señala Ignacio Burgoa Orihuela en su libro "El Juicio de Amparo", cuadragésima edición, Editorial Porrúa, México, 2005, página 553 "la obligatoriedad para acatar una sentencia de amparo (impuesta) a cualquier autoridad del Estado, aunque no haya sido responsable en el juicio correspondiente, se funda en el principio que establece que el cumplimiento del fallo constitucional es una cuestión de orden público", por lo que puede afirmarse que los conceptos: autoridades vinculadas al cumplimiento y autoridades responsables, no son sinónimos, pues aquéllas no se equiparan a éstas ni tienen el carácter de terceras interesadas, ya que su eventual intervención en el acatamiento de la ejecutoria de amparo no las hace titulares de un interés jurídico en que subsista el acto reclamado que les resulta ajeno. Además, cualquier cuestión que puedan invocar respecto al cumplimiento de la ejecutoria, podrán plantearla en la fase de ejecución del juicio; por ende, es innecesario emplazarlas en el amparo, al no tener la calidad de parte. Finalmente, visto el escrito signado por Miguel Tobías Cázares, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado contra las autoridades responsables, comuníquese al promovente que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que antecede. En cumplimiento a este proveído, se giran los siguientes oficios: 17030 y 17124.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de septiembre en curso; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 y el precepto 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha sentencia que por una parte, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Ramón Covarrubias Martínez y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al referido quejoso, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, requiérasele a las autoridades responsables a efecto de que: La autoridad responsable Dirección de Contraloría de la Sindicatura Municipal, con residencia en esta ciudad, para que a partir del siete de junio de dos mil diecisiete, data en el que le fue notificada la suspensión temporal en el cargo, realice los actos conducentes, a fin de que al aquí quejoso se le cubra el ingreso mínimo para su subsistencia, hasta que se resuelva el procedimiento administrativo DC/ASP/146/2017, instaurado en su contra. Para lo cual, deberá tomar en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, por lo que, deberá tomar como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual no debe ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución a la que pertenece, en términos de la parte final de la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Libro 39, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, febrero de dos mil diecisiete, Décima Época, de título y contenido siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se llega a la convicción de que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores, así como en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte resolución administrativa en la que determine su responsabilidad y destitución del cargo. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos." Lo anterior, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, lo cual deberán informar a este juzgado, anexando la documentación correspondiente; apercibidos que en caso de omisión, se les impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) dando un total de $7,549.00 pesos (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Aunado a ello, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento. En cumplimiento al presente proveído, se giran los siguientes oficios: 16404 y 16405
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Miguel Tobías Cázares, autorizado legal de la parte quejosa (foja 10), a través del cual solicita se decrete que ha causado ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; en atención a ello, una vez que transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y autoridades responsables, se acordará lo que en derecho proceda.
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