José Ramón Chavarría Boza
Expediente 407/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- José Ramón Chavarría Boza
Actuaciones
- Principal
se declara que ha causado estado dicho proveído, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por José Ramón Chavarría Boza, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora Escobedo (D) de la Unidad de Investigación y Litigación en Nuevo León y otras autoridad, por lo que fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 407/2020-II. Ahora bien, conforme a lo ordenado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar ante todo el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 indudable de improcedencia, desechará de plano la demanda de garantías. En el caso que nos ocupa, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala en el capítulo de actos reclamados, los siguientes: A. "El auto de fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, dictado en la carpeta judicial 351/2020 del índice de la responsable, por la cual se cita al suscrito, para formular imputación por los hechos constitutivos de delito previsto en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, diligencia que se llevara a cabo el día tres de Noviembre del año dos mil veinte a las quince treinta horas para la celebración de audiencia inicial en la sala uno del Centro de Justicia Penal Federal." B. "El acceso y entrega de todos los registros que obran en la Carpeta de Investigación FED/NL/ESC/0000579/2020, por parte del C. Agente del Ministerio Público de fecha diez de septiembre de dos mil veinte." Así las cosas, respecto al acto precisado en inciso A la acción constitucional intentada es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, acorde con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En efecto, de la lectura integral del primer precepto invocado, se advierte que contiene una ventana procesal, a través de la cual, el juzgador de amparo podrá aplicar una hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, diferente a las veintidós fracciones que le preceden, siempre y cuando la misma resulte de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Luego, de la segunda disposición normativa transcrita, se aprecia que el juicio de amparo procederá, entre otros, contra actos de autoridades judiciales, realizados fuera de juicio, empero dicho precepto no debe interpretarse de forma aislada, sino en conjunto con lo dispuesto con la fracción también transcrita, es decir, en forma concomitante con lo dispuesto en la fracción V, del mismo ordenamiento, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Además, también define cuáles actos gozan de dichos efectos, al disponer que se trata de aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 Así pues, en el caso conviene recordar que el quejoso se duele del proveído de siete de septiembre del año dos mil veinte, dictado en la carpeta judicial 351/2020, a través del cual se le cita a la audiencia en la cual se le formulará imputación; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que dicha actuación (citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra), por sí sola, no constituía un acto que afectara la libertad personal del citado, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requería su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se sigue en su contra y se formularía la imputación respectiva. Audiencia en la que, en su caso, podría o no ser vinculado a proceso y, tal vez, sometido o no, a una medida cautelar. Empero también sostuvo, que el aludido acto de comunicación, como tal, no incidía en la libertad personal del citado. De ahí que resolvió que contra el auto que ordenara la citación del investigado a la audiencia inicial resultara improcedente el juicio de amparo indirecto, en atención a que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Los anteriores asertos, tienen sustento en la jurisprudencia cuyos rubro y texto, dicen: "Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por otro lado, en relación al acto identificado con el inciso B, como se aprecia de la precisión del acto reclamado que formula el propio promovente, acude a esta instancia constitucional a combatir lo que desde su punto de vista JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 constituye una negativa de acceso y entrega de los registros que obran dentro de la carpeta de investigación FED/NL/ESC/0000579/2020, lo cual se traduce en todo caso en una omisión atribuida al Agente del Ministerio Público señalado como responsable. Por lo cual, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". En efecto, el anterior numeral y fracción complementan el artículo 107 Constitucional, que establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad; pues estatuye la improcedencia del juicio al no agotarse por los gobernados, JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley del acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo antes del promover el juicio de garantías. Ello, tiene como objetivo principal el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario, al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación de la autoridad. Así las cosas, en relación al acto antes precisado, el cual, como se expuso en párrafos anteriores, constituye una omisión de parte de la Agencia del Ministerio Público investigadora. Atento a lo anterior, debe decirse que el promovente de amparo, previamente a acudir a esta instancia constitucional, debe agotar el recurso innominado que contempla el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el Juez de Control correspondiente, cuyo precepto dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Dicho en otras palabras, como la queja del impetrante de amparo se orienta a reclamar omisiones que atribuye a la fiscalía señalada como responsable, ello debe impugnarse JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 directamente ante un Juez de Control, de conformidad con el numeral transcrito. Esto es, previamente a acudir al juicio de amparo, el instador del juicio debió agotar el procedimiento judicial que se encontraba a su alcance; pues corresponde conocer del acto que se pretende reclamar en esta vía extraordinaria a un juez de control. Al respecto, es aplicable el criterio objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 233/2017, resuelta por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, identificado con el número 27/2018, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 h Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con las fracciones XX y XXIII, del artículo 61, en relación a lo dispuesto en el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por notoriamente improcedente. DOMICILIO PROCESAL Se tiene al promovente señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. AUTORIZADOS Se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Eduardo Bravo Rojas, Luis Manuel Ávila Abeijón y Amelia Castillo Hernández, ello en virtud de que sus cédulas se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 Educación Pública, a nombre de dichos profesionistas; y consecuentemente, se encuentran acreditados legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Hugo Díaz Calderón, Oscar Guillermo Díaz Hernández, Lourdes Catalina Cantú Galicia y Juan Ángel Galavis Robles; lo anterior hasta en tanto se señale el número de cédula profesional con que cuenta y justifique tener la calidad de profesionista en derecho, de conformidad con el citado numeral 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. HABILITACIÓN DE HORAS Y SERVICIOS GRATUITOS Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo y 17 constitucional, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que resulten en este expediente, con el fin de lograr una justicia pronta y expedita; también que al tenor de lo dispuesto por el párrafo segundo del ya citado artículo constitucional, los servicios que este juzgado de distrito presta en lo atinente a la administración de justicia, son gratuitos AUTORIZACIÓN PARA OBTENER REPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES Como lo peticiona el promovente, se faculta a los autorizados para que obtengan fotografías de las actuaciones que obren en el presente expediente, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, a efecto de proteger datos personales o información reservada o confidencial, previa constancia que se deje en autos. En la inteligencia que el JUAN FRANCISCO MOLINA MADRID 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.80 11/03/21 14:00:28 empleo de la información así obtenida, será responsabilidad del solicitante. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la circular número 12/2009, emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y la tesis aislada I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 2007298, publicada a las ocho horas con trece minutos del 29 de agosto de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." MESA II
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