José Ramón Castillo Almanza

Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • José Ramón Castillo Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de dieciséis de junio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que el término de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para la autoridad responsable, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, puesto que el acto reclamado lo emitió en ejercicio de la potestad jurisdiccional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió el Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral, del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y de las mismas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en la causa penal ********** y sus acumuladas ****************, de la estadística del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, en la que el Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral, entre otras cosas, fijó las doce horas del tres de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de juicio oral en procedimiento ordinario. Por ello, es necesario destacar que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del precepto legal transcrito, se advierte que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. La finalidad del referido medio de impugnación es que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución cuestionada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Entonces, si el auto reclamado no admite expresamente el recurso de apelación contemplado en el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es inconcuso que era susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación previsto por el numeral 465, ya que se trata de una determinación dictada dentro del procedimiento penal y es de mero trámite, por lo que califica dentro de los supuestos de procedencia del indicado recurso -revocación-. Luego, si el ahora solicitante de la tutela constitucional no lo controvirtió con el medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. III. No se trata de auto de vinculación a proceso ni sentencia definitiva en el proceso penal. IV. El quejoso no es persona extraña al procedimiento ni la procedencia del recurso se sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Por ello, se afirma que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, queda demostrado que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Juez de Control en representación del Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral, ambos del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, a fin de que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere la misma y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez de Control en representación del Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral, ambos del Juzgado de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, median el cual, en alcance a su informe justificado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, remite los discos versátiles digitales (DVD) que anexa, los que para efectos del presente juicio de amparo adquieren el carácter de prueba documental pública lato sensu, por lo que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.

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