Jose Ramon Carrillo Zambada
Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/10/2021
Partes del expediente
- Jose Ramon Carrillo Zambada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiese hecho. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a), de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión provisional fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Apertura. En Tijuana, Baja California, a las diez horas del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 419/2021-VI, promovido por José Ramón Carrillo Zambada, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Aarón Abraham Rodríguez Agundez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes.Certificación. En este acto el Secretario certifica: que mediante proveído de trece de julio del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló como: "Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, II- 1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California Zona Tijuana y Encargado o Comandante de la Policía de la Policía Federal Ministerial adscrito a la UARIOR, todos con sede en esta ciudad"; dado que no corrigió su denominación, ni tampoco acreditó su existencia, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. Acuerdo. Vista la certificación secretarial anterior, y conforme al auto de trece de julio del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables denominadas como: "Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, II- 1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Baja California Zona Tijuana y Encargado o Comandante de la Policía de la Policía Federal Ministerial adscrito a la UARIOR, todos con sede en esta ciudad"; en consecuencia, no se hará pronunciamiento alguno respecto a las citadas autoridades en la presente resolución. Certificación de relación de constancias. Asimismo, el Secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Por otra parte, el Secretario certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que en el sumario no se ofrecieron medios de convicción y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 419/2021-VI; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, José Ramón Carrillo Zambada, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de nueve de junio del año en curso, se admitió y se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables. Luego, seguidos los trámites de ley, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisa: No. Autoridades responsables (En su denominación correcta) Actos reclamados 1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, ciudad. La orden de detención y/o presentación, dictada en contra del quejoso, así como si ejecución. 2 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, ciudad. 3 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. 4 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales U-2, ciudad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables, en su denominación correcta, rindieron su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, ciudad. Niega 61 2 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, ciudad. Niega 26 3 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 23 4 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales U-2, ciudad. Niega 34 y 35 De esta manera, se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación de la parte quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Ramón Carrillo Zambada, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 10758. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de informe. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por una de las autoridades responsables y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, a fin de que estén en aptitud de imponerse de su contenido. Causal sobreseimiento. Téngase a la responsable, manifestando que se actualiza la causal de sobreseimiento que invoca; de lo cual se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que no obra en autos constancia de notificación del oficio 15297 al que se anexó el diverso 12209 de nueve de julio de año en curso, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, en el cual se solicitó rindiera su informe justificado. Reexpedición de oficio. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones y a fin de lograr la debida integración del presente asunto, reexpídase el oficio 12209, el cual deberá anexarse al oficio que emane de la presente determinación, a efecto de que la autoridad responsable en cita se encuentre en aptitud de imponerse de su contenido Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se programan las diez horas del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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