José Ramón Caravantes Vazquez
Expediente 330/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Ramón Caravantes Vazquez
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 2337/16-E, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo número 120/2016 interpuesto por el quejoso José Ramón Caravantes Vázquez; acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende: "PRIMERO.- Es infundado el recurso de queja SEGUNDO.- El presente asunto no tiene relevancia documental en términos del último considerando." Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 2268/2016, firmado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual inserta el auto de uno de junio del presente año, mediante el cual informa que dicho órgano Colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por José Ramón Caravantes Vázquez, por conducto de su autorizado Juan Mario López Salas, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado por este juzgado de distrito. En atención a lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito firmado por Juan Mario López Salas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda que refiere al juicio de amparo 330/2016. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el ocursante, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 330/2016; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer; de igual manera, ríndase el informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Munir de Jesús Aun Nafarrate, en su carácter de apoderado legal de José Ramón Caravantes Vázquez; personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada del instrumento público número 7,965, protocolizado por el Notario Público 160, licenciado Manuel Guillermo García Rendón, contra actos del Magistrado de Tribunal Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 330/2016, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este juzgador, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: El auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente agrario 52/2011, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad, mediante el cual se deja sin efectos la citación para sentencia y se emite acuerdo para mejor proveer. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 172, fracciones III y XXII, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo." La norma transcrita en primer orden estatuye que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales reproducidos dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto importa destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición, estableció que el legislador secundario precisó que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, puntualizó que dicha interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron expuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de donde derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con el rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al igual, que en la jurisprudencia 1/2016 (10a.), también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, resulta pertinente puntualizar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden del contexto integral de la demanda, a saber: El señalado como tercero interesado Julián Ramón Acevez Barraza, promovió demanda en contra del aquí quejoso José Ramón Caravantes Vázquez, entre otros, por la nulidad de asambleas agrarias y un contrato de derechos de una parcela, el cual se registró con el número 52/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad. Después de llevarse a cabo las etapas procesales, el quince de diciembre de dos mil quince, se citó el asunto para sentencia. Luego, en auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dejó sin efectos la citación para sentencia y ordenó la práctica de una diligencia para mejor proveer, en la que citó a los integrantes del comisariado de bienes comunales del poblado denominado San Pedro Chametla, municipio de El Rosario, Sinaloa, así como a José Ramón Caravantes Vázquez, Juan Ramón Caravantes Vázquez, José Crispín Valdez Niebla, Juan Rafael Oliveros García, Mario Carranza Beltrán y José Eduvigildo Carranza Beltrán, a fin de que sean interrogados de manera directa por parte de ese tribunal -acto reclamado-. Ahora bien, de los antecedentes destacados se advierte que el acto que el peticionario de amparo reclama en este juicio constitucional, consiste en el auto de catorce de abril de dos mil dieciséis, que deja sin efectos la citación para sentencia y ordena una diligencia para mejor proveer, donde se interrogará a diversas personas de manera directa por parte del magistrado responsable; determinación que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por el contrario, se trata de una cuestión meramente procesal. Lo anterior es así, en la medida que el acuerdo reclamado atañe al desahogo de una diligencia ordenada de oficio por la autoridad responsable, para mejor proveer en el juicio natural, lo cual, únicamente trae como consecuencia el desahogo de la referida diligencia donde se interrogará a diversas personas; circunstancia que puede repararse si el accionante obtiene sentencia favorable, pues será hasta entonces cuando se podrá saber si tal cuestión -el desahogo de la diligencia en comento-, le ocasionó agravio, y en su defecto, podrá reclamarla como violación procesal en amparo directo contra la sentencia definitiva en términos de lo establecido en el artículo 172, fracción III, en relación con la XXII, y 174 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que dicha sentencia le fuere adversa; pero no es reclamable a través del amparo biinstancial. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1992, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como, por las razones que la informan, la jurisprudencia 6/94, también emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 13, del contenido siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, en lo conducente, la tesis I.3o.C.82 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2812, que dice: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 172, fracciones III y XXII, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizado para tal efecto, en términos de la parte inicial del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Mario López Salas Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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