José Ramón Alfredo Fernández Ruiz Pardo

Expediente 835/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
835/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • José Ramón Alfredo Fernández Ruiz Pardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA "5" "... En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Y esto es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. Tampoco es impedimento que no se no diera vista a los quejosos de garantía para que manifestaran si era su deseo señalar algún otro acto reclamado, ya que debe atenderse a que su calidad de parte dentro de la averiguación previa, le permite intervenir directamente en este expediente para solicitar las constancias, por ser aquella con la que se conformó la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/674/14-05. Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque el impetrante es parte dentro del proceso penal que se instruyó con motivo de la referida indagatoria. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centró en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición) sino en función de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, no resultó necesario requerir a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda respecto de la determinación recaída. Lo anterior, sin necesidad de dar vista a la parte quejosa, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    mesa "5" Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Por otra parte, del contenido que se desprende de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, no se advierte que se haya notificado el acuerdo de cuatro de octubre del presente año, motivo por el cual, se requiere al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TRES SIN DETENIDO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TERRITORIAL CUH-6 DE LA FISCALÍA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN EN CUAUHTÉMOC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en el plazo de tres días a partir de su legal notificación, remita a este Juzgado de Distrito, copia certificada de la notificación personal con la cual se le hizo de conocimiento al quejoso el acuerdo de cuatro de octubre de dos dieciséis, dictado por esa autoridad responsable. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Incidental

    mesa"5" RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a JOSÉ RAMÓN ALFREDO FERNÁNDEZ RUIZ PARDO, contra los actos y la autoridad que se precisaron en el resultando primero de esta resolución, en virtud del razonamiento expuesto en el considerando único. Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA "5" Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. "En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 835/2016-5, promovido por JOSÉ RAMÓN ALFREDO FERNÁNDEZ RUIZ PARDO, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TRES SIN DETENIDO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN TERRITORIAL CUH-6 DE LA FISCALÍA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN EN CUAUHTÉMOC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y otras autoridades; tramítese por duplicado el incidente de suspensión. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 136 párrafo primero, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído; apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se les impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa que va de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, como lo dispone la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser ciertos los actos reclamados, deberán manifestar de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan ordenado los actos que en esta vía se combaten, consistentes en: Actos reclamados Se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia incidental...."

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