José Ramiro Cantú Farías
Expediente 1107/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/07/2021
Partes del expediente
- José Ramiro Cantú Farías
- Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el estado. Valle Hermoso, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el mismo se encuentra integrado, pues ya obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los cuales se les mandó notificar a las autoridades responsables el auto que causó ejecutoria el proveído de sobreseimiento dictado en este asunto. Con motivo de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, se ordena agregar el original del incidente de suspensión al juicio en que se actúa; asimismo, se determina que el mismo también es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), pues fue negada la suspensión definitiva; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, tanto el juicio principal como el original del incidente de suspensión, deberán ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Ahora bien, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el ocho de junio de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. No es obstáculo a esta determinación la circunstancia de que no obren los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, pues de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades sólo podrían interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado; sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto es obvio que no le afecta y, por tal motivo, no está en aptitud de interponer el citado recurso. Por otra parte, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo correspondientes y, hecho que sea lo anterior, se acuerde sobre el archivo definitivo del expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de junio de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios 278 y 269, signados respectivamente por el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en Valle Hermoso, Tamaulipas y por el Secretario de Acuerdos adscrito a dicho tribunal, por medio de los cuales hacen del conocimiento de este juzgado que dentro de los expedientes 2/2020 y 12/2020, de su índice, se tuvo a la parte actora por desistida de la demanda y, con motivo de ello, se dejaron sin efecto los embargos precautorios ordenados respecto de los demandados; asimismo, adjuntan copia certificada las constancias respectivas; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos, en el entendido de que en autos ya obra agregada esa información. Por otra parte, visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, con el propósito de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a una posible causa de sobreseimiento, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, sin que se realizara manifestación alguna al respecto. Ahora bien, del contenido de los oficios 248 y 249, que obran agregados en el presente asunto, el Secretario encargado del despacho del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en Valle Hermoso, Tamaulipas, así como de las documentales que acompañó a los mismos, se desprende que en autos dictados el tres de abril y el seis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de los juicios ejecutivos mercantiles 2/2020 y 12/2020, en lo que aquí interesa, dicen: "En la Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas; (06) seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado ANDRES OLACHE JIMENEZ, mediante el cual comparece dentro del expediente número 00002/2020, relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SOLUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR en contra de ALIMENTOS BALANCEADOS LA JOLLA S DE R.L. DE C.V. Y OTROS; y analizado su contexto se le tiene al compareciente desistiéndose de la demanda, mas no de la acción, reservándose el derecho de su demandante de volverla a presentar en cuanto así convenga a sus intereses; por tal razón se autoriza la devolución de los documentos anexados en la presente instancia, previa razón de su recibo que se deje asentado en autos; asimismo, se ordena dejar sin efectos el embargo precautorio ordenado en autos, debiéndose girar los exhortos y oficios correspondientes, asimismo, comuníquese dicha circunstancia el C. Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1068, 1069, 1070 del Código de Procedimientos Civiles..." "En la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a tres días de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por el C. Licenciado ANDRES OLACHE JIMENEZ, mediante el cual comparece en el expediente número 00012/2020, relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido en contra de ALIMENTOS BALANCEADOS LA JOLLA S DE R.L. DE C.V. Y OTROS. Y del análisis de su promoción de cuenta, se tiene por desistido de la demanda del presente juicio, más no de la acción: por lo tanto dese de baja de la estadística activa el presente negocio judicial como asunto totalmente concluido, instruyéndose al C. Secretario de Acuerdos para que realice las anotaciones que estimen pertinentes tanto en el libro de gobierno que lleva este Juzgado de asuntos de índole mercantil, así como en el sistema computarizado de gestiones judiciales a efecto de que se actualicen los datos, se autoriza al promovente la devolución de los documentos que se anexaron en la presente instancia, previa identificación y toma de razón que se deje asentada en autos.- En consecuencia, se deja sin efectos la medida provisional decretada mediante auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte; se ordena notificar el presente desistimiento al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. Lo anterior con fundamento en los artículos 1063, 1066, 1068, 1078 y 1079 del Código de Comercio vigente..." Como se aprecia, mediante proveídos dictados el tres de abril y el seis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de los expedientes 2/2020 y 12/2020, relativos a los juicios ejecutivos mercantiles promovidos por Andrés Olache Jiménez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa Soluciones Financieras Internacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, ante el desistimiento de la parte actora, se ordenó dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas en autos de tres y cuatro de septiembre de dos mil veinte, respecto de las cuentas bancarias y bienes inmuebles de la aquí parte quejosa. Además, del ocurso inicial de demanda, se advierte que Alejandro Torres Mansur, en su carácter de apoderado legal de José Ramiro Cantú Farías, reclamó precisamente tales providencias precautorias. Así, una vez allegado el informe justificado del Juez de Primera Instancia Mixto de Valle Hermoso, Tamaulipas, se evidenció que, efectivamente, en autos emitidos el seis y el veintitrés de enero de dos mil veinte, se radicaron los expedientes 2/2020 y 12/2020, relativos a los juicios ejecutivos mercantiles promovido por Andrés Olache Jiménez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa Soluciones Financieras Internacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada y, posteriormente, en proveídos dictados el tres y el cuatro de septiembre siguiente, como providencias precautorias, se ordenó el embargo de cuentas y bienes de la aquí parte quejosa. Sin embargo, como se advierte con antelación, con los diversos acuerdos de tres de abril y seis de mayo de dos mil veintiuno, ante el desistimiento de la demanda de la parte actora, se ordenó dejar sin efectos las medidas provisionales decretadas en los autos de tres y cuatro de septiembre de dos mil veinte, respectivamente dentro de los juicios ejecutivos mercantiles 2/2020 y 12/2020. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa derivan de las medidas provisionales ordenadas en los expedientes de origen, precisamente en las que se decretó el embargo de cuentas bancarias y bienes de la aquí parte quejosa. Consecuentemente, se advierte de las documentales antes precisadas que tales aseguramientos ya fueron cancelados. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados atribuidos al Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en Valle Hermoso, Tamaulipas, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinticinco minutos del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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