José Ramírez Zavala

Expediente 263/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
263/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • José Ramírez Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por JOSÉ RAMÍREZ ZAVALA, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ".A) Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama la inconstitucionalidad dentro de los siguientes decretos: Decreto número 538, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2018. Publicada el viernes 29 de Diciembre de 2017, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y con entrada en vigor al 01 primero de enero de 2018 dos mil dieciocho. En su artículo 5, dentro del apartado de derechos, derechos por la prestación de servicios municipales, por servicio de alumbrado público. Así como, el artículo 17 fracciones I, II, III, IV y V. B) Del C. Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, la promulgación. C) Del C. Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el refrendo de la ley aludida. D) Del H. Ayuntamiento de Morelia Michoacán y del C. Tesorero Municipal del mismo Ayuntamiento, reclamo lo siguiente: 1. La aplicación de la Ley de Ingresos mencionada consistente en la determinación de los derechos por servicios de alumbrado público hacia mi persona, basándose para ello en la tasa que establece el artículo 17 del ordenamiento antes citado. 2. El cobro de los derechos por servicios de alumbrado público que se pretende hacer en detrimento de mi persona, en cuanto consumidor de energía eléctrica, inclusive usando para ello el procedimiento administrativo de ejecución. [.] E) Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de acampo, reclamo la publicación del decreto número 538 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2018. Publicada el viernes 29 de diciembre de 2017." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dado que así lo manifestó el promovente, bajo protesta de decir verdad. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el quince de marzo de dos mil dieciocho, ya había transcurrido el término de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para acudir a esta instancia federal, toda vez que éste inició el dieciocho de enero y feneció el ocho de febrero, ambos del año en curso. Lo anterior, porque como ya se dijo el referido promovente tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues, de la manifestación realizada bajo protesta de decir verdad, se desprende que de manera literal señaló lo siguiente: ".Se ignora la fecha o fechas en que se habrían emitido y notificado a la Tesorería Municipal las órdenes mencionadas o cualquier oficio de contenido semejante de la existencia de estos actos y los de determinación y cobro de los derechos que impugno por ser inconstitucionales y tengo conocimiento de estos desde el día 16 de enero del presente año." Manifestación que constituye una confesión, que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dado que el promovente expresamente reconoce que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita los actos reclamados, por no haberse promovido dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, la correspondiente demanda de garantías, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Tiene sustento a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Así como la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En relación a la petición que formula en el sentido de que le sea devuelto el documento que refiere, dígasele que no ha lugar a devolver el mismo, en atención a que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por la partes, y que éstos podrán devolverse hasta que precluya el derecho de objetarlos, o bien, se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubiesen formulado, o el juicio de amparo haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tiene expedito su derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que cause ejecutoria el presente asunto, este Juzgado ordenará su devolución. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Benito Juárez, número 551-, colonia Industrial, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Cristina Mariana Ibarra Herrera y José Bulmaro Ramírez Rodríguez, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números 09251742 y 08789063, que acreditan a los referidos autorizados como licenciado en derechos, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, en atención a la petición que formula en el sentido de que se permita a sus autorizados el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, dígasele que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas el uso de cámara fotográfica pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por JOSÉ RAMÍREZ ZAVALA, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ".A) Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama la inconstitucionalidad dentro de los siguientes decretos: Decreto número 538, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2018. Publicada el viernes 29 de Diciembre de 2017, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y con entrada en vigor al 01 primero de enero de 2018 dos mil dieciocho. En su artículo 5, dentro del apartado de derechos, derechos por la prestación de servicios municipales, por servicio de alumbrado público. Así como, el artículo 17 fracciones I, II, III, IV y V. B) Del C. Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, la promulgación. C) Del C. Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el refrendo de la ley aludida. D) Del H. Ayuntamiento de Morelia Michoacán y del C. Tesorero Municipal del mismo Ayuntamiento, reclamo lo siguiente: 1. La aplicación de la Ley de Ingresos mencionada consistente en la determinación de los derechos por servicios de alumbrado público hacia mi persona, basándose para ello en la tasa que establece el artículo 17 del ordenamiento antes citado. 2. El cobro de los derechos por servicios de alumbrado público que se pretende hacer en detrimento de mi persona, en cuanto consumidor de energía eléctrica, inclusive usando para ello el procedimiento administrativo de ejecución. [.] E) Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de acampo, reclamo la publicación del decreto número 538 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2018. Publicada el viernes 29 de diciembre de 2017." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dado que así lo manifestó el promovente, bajo protesta de decir verdad. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el quince de marzo de dos mil dieciocho, ya había transcurrido el término de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para acudir a esta instancia federal, toda vez que éste inició el dieciocho de enero y feneció el ocho de febrero, ambos del año en curso. Lo anterior, porque como ya se dijo el referido promovente tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues, de la manifestación realizada bajo protesta de decir verdad, se desprende que de manera literal señaló lo siguiente: ".Se ignora la fecha o fechas en que se habrían emitido y notificado a la Tesorería Municipal las órdenes mencionadas o cualquier oficio de contenido semejante de la existencia de estos actos y los de determinación y cobro de los derechos que impugno por ser inconstitucionales y tengo conocimiento de estos desde el día 16 de enero del presente año." Manifestación que constituye una confesión, que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dado que el promovente expresamente reconoce que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita los actos reclamados, por no haberse promovido dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, la correspondiente demanda de garantías, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Tiene sustento a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Así como la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En relación a la petición que formula en el sentido de que le sea devuelto el documento que refiere, dígasele que no ha lugar a devolver el mismo, en atención a que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por la partes, y que éstos podrán devolverse hasta que precluya el derecho de objetarlos, o bien, se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubiesen formulado, o el juicio de amparo haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tiene expedito su derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que cause ejecutoria el presente asunto, este Juzgado ordenará su devolución. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Benito Juárez, número 551-, colonia Industrial, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Cristina Mariana Ibarra Herrera y José Bulmaro Ramírez Rodríguez, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números 09251742 y 08789063, que acreditan a los referidos autorizados como licenciado en derechos, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, en atención a la petición que formula en el sentido de que se permita a sus autorizados el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, dígasele que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas el uso de cámara fotográfica pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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