Jose Ramirez Villanueva

Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
27/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Jose Ramirez Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 4-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al que adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 12/2021 de su índice, y un legajo de copias certificadas del presente juicio. Acúsese recibo vía interconexión. Determinación del Tribunal de Alzada. De la ejecutoria recibida, se advierte que la Superioridad al resolver el recurso de queja interpuesto, confirmó el auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno recurrido, en el que se desechó de plano la demanda promovida por José Ramírez Villanueva. En esas condiciones, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Destrucción del cuaderno de antecedentes. Se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa; por tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notificación personal al quejoso. Finalmente, toda vez que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social No. 15, "CPS-CHIAPAS", y este se encuentra en Villa Comaltitlán, Chiapas; es decir, fuera de la residencia de este Juzgado pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 136, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal que el actuario adscrito a este juzgado debe trasladarse a dicho centro penitenciario para la notificación de este auto, en los términos expuestos; debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual hace del conocimiento que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintidós de enero del presente año, el cual quedó registrado bajo el número 12/2021, de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Vista la constancia de notificación de treinta de enero del año en curso, practicada por el Fedatario Judicial adscrito, mediante la cual la parte quejosa realiza las siguientes manifestaciones: ".e interpone recurso de queja en contra del acuerdo que se le notifica. - y solicita se le autorice a su abogado particular, para que tenga acceso al expediente de amparo y de la queja que esta interponiendo y el nombre del abogado es: Lic. Miguel Ángel Morgado Torres". Por tanto, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra del proveído de veintidós de enero del año en curso, dictado en este asunto, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Ahora, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y remítase de inmediato copia certificada de la totalidad de las actuaciones del presente juicio de amparo para la substanciación del recurso de queja hecho valer por el quejoso en contra del proveído de veintidós de enero del año en curso, pronunciada por este Juzgado Federal. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el original y copia de la constancia de notificación de treinta de enero del año en curso, a través de la cual interpuso el recurso de queja el quejoso nombrado y, como se dijo, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, así como el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto.

  4. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Ramírez Villanueva, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 27/2021-5-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:...De los numerales transcritos se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional esencialmente lo siguiente:...Analizado el contexto de la demanda, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece literalmente lo siguiente: ...En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1º de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad, que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, los actos reclamados por el aquí quejoso se encuentran relacionadas con las condiciones de su reclusión, por lo que le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre las que se encuentran las relacionadas con el régimen de internamiento, en específico, el previsto por el artículo 30 de la citada legislación, por ende, lo relativo a la clasificación de áreas se encuentra dentro de las mismas. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo y los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, el quejoso José Ramírez Villanueva, reclama (1) su permanencia, por más de treinta días, en el área de observación y clasificación del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde se encuentra recluido, así como (2) la omisión del Consejo Técnico Interdisciplinario de realizarle el estudio clínico-criminológico a efecto de ubicarlo en el área correspondiente, es inconcuso, que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión, pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes como el que nos ocupa, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, al resolver que respecto de las peticiones por casos urgentes, relacionadas con las condiciones de internamiento, el gobernado previamente a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante el juez correspondiente para solventar la afectación a su esfera jurídica de derechos...En ese orden, en la especie no se aprecia que el promovente José Ramírez Villanueva, haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. Es menester precisar que, del análisis minucioso de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, no se advierte que en el caso en estudio, los actos reclamados (permanencia por más de treinta días en el área de observación y clasificación, y la omisión de que se le realicen estudios criminológicos a fin de que sea ubicado en una determinada área) sometan al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, comprometería gravemente su dignidad e integridad personal. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Ramírez Villanueva. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:...Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Morgado Torres, toda vez que su cédula profesional sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el citado Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, donde se encuentra recluido el quejoso, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse al citado centro carcelario para los efectos indicados. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo.

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