José Ramírez Pérez

Expediente 70/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
70/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2017

Partes del expediente

  • José Ramírez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso, mediante el cual señala la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 314/2013 del orden del Juzgado Sexagésimo Sexto Penal de esta ciudad, esto es, en la fecha mencionada. Por tanto, se tiene por desahogada la prevención formulada en autos. Ahora, este juzgado estima que respecto del acto precisado se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria. Para sustentar lo anterior, se considera necesario destacar que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija el acto la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Es preciso señalar que el justiciable manifestó en el escrito de cuenta, que tuvo conocimiento del auto de formal prisión de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 314/2013 del orden del Juzgado Sexagésimo Sexto Penal de esta ciudad, en esa misma fecha. En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el dieciocho de enero pasado, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia para solicitar la protección constitucional inició el dieciséis de diciembre del año próximo pasado -pues el quince anterior el quejoso fue notificado del acto reclamado- atendiendo a lo previsto en el precepto 57 citado, y transcurrió de la fecha indicada al cinco de enero del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el dieciocho de enero pasado, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como 63 y 64 del Acuerdo A/003/99 de esa institución remiten al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para el efecto de notificar la determinación de no ejercicio de la acción penal al denunciante, querellante u ofendido, por lo que debe atenderse a dicho código adjetivo para llevar a cabo el cómputo del término de diez días que establecen los diversos numerales 21 y 68 del reglamento y acuerdo citados, respectivamente, para que aquéllos puedan inconformarse en contra de dicha determinación. En ese sentido, si el artículo 57 del código indicado dispone que los plazos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, en consecuencia, el cómputo del término de diez días para que el denunciante, querellante u ofendido puedan inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, debe contarse a partir del día siguiente al de la fecha en que ésta se haya notificado personalmente". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 ya reproducido, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de quince de diciembre de dos mil dieciséis, -dentro de un procedimiento-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido precepto de la ley de la materia. En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta la causal de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por José Ramírez Pérez, contra acto del Juez Sexagésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 70/2017. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juzgado debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que el quejoso esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al justiciable para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, subsane las omisiones en que incurrió, esto es: 1. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, lo relativo a la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del acto que reclama, acorde con lo establecido en el numeral 108, fracción V, de la ley de la materia; y 2. Proporcione el nombre y domicilio de quienes tienen el carácter de terceros interesados. Requisito que es indispensable, ya que el quejoso refiere que se le atribuyó la comisión de los delitos de homicidio calificado, cuya víctima fue Ricardo García Rosales, y homicidio calificado tentado, en agravio de Eliseo Sanson Menguelle Quintana. Por tanto, contrario a su manifestación de que no existe tercero interesado, se considera que a la persona que representa los intereses del nombrado en primer término, así como al restante ofendido, les recae tal calidad. En ese sentido, está obligado a proporcionar el nombre de la persona que representa a Ricardo García Rosales, su domicilio actual y correcto, así como el de Eliseo Sanson Menguelle Quintana, para estar en posibilidad de emplazarlos a juicio, o bien, manifieste la imposibilidad para cumplir dicho requisito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 538 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO". En el entendido, que la prevención formulada, únicamente podrá desahogarla el promovente de amparo, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que al desahogar dicho requerimiento deberá proporcionar las copias necesarias del escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, en términos del numeral 110 de la ley reglamentaria. Apercibido que de no desahogar la prevención apuntada, se tendrá por no presentada la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado, así como autorizadas en los términos que se precisan a las personas indicadas. Con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el dispositivo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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