José Ramírez López

Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
661/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • José Ramírez López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de tres de junio del dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Ramírez López, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agregues para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual participa que no acepta la competencia planteada y declara la legal incompetencia para conocer del presente juicio amparo, debido que el acto reclamado consiste en el auto de seis de abril de dos mil veintidós, emitido por la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 81/2022, en que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por ****, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo del mismo año, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto. En ese tenor, la suscrita titular de este Juzgado Tercero de distrito, se AVOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE JUICIO DE AMPARO. Acúsese recibo de estilo y realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y los registros correspondientes en el Sistema Integra de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, del escrito de demanda se advierten los actos reclamados, siguientes: (Se transcribe) Sin embargo, conforme al artículo 74, de la Ley de Amparo, que autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe con justificación y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, así como con la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO", el acto concreto que reclama la parte quejosa, conforme lo determinó el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, consiste en el auto de seis de abril de dos mil veintidós, emitido por la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 81/2022, en que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por *******, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo del mismo año, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021. Precisado lo anterior, se estima que respecto a dicho acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario. Previo a determinar que se actualiza dicha causal de improcedencia y atendiendo las etapas que conforman el nuevo sistema de justicia penal que nos rige, se realizan las siguientes acotaciones: 1. La primera etapa o fase preliminar, ante el llamado Juez de Garantía, consiste de conformidad con lo previsto en los numerales 106 y 210 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua en practicar y ordenar todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos materia de la denuncia o querella, dirigiendo la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran conforme a la ley; y, determinar si existe fundamento para abrir un juicio penal en contra de una o varias personas, mediante la información y la recolección de datos que permitan fundar la acusación, garantizando el derecho a la defensa del imputado. 2. La segunda aunque no se prevé propiamente como tal en el Código adjetivo estatal, sino como una de las fases de la preliminar, lo cierto es que por el carácter destacado que tiene en el artículo 19 del pacto federal, debe considerarse como tal la formulación de la imputación y la vinculación o no a proceso del imputado; la primera consiste en que cuando se considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial el fiscal comunica al imputado en presencia del juez, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados; en caso de que el imputado fuera detenido en flagrancia o caso urgente, el ministerio público deberá formular la imputación y solicitar la vinculación del imputado a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que procedieren en la misma audiencia de control de detención; si la persona no se encuentra detenida solicitará al juez la celebración de una audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiere, la indicación del delito, la fecha, lugar y modo de su comisión y grado de intervención de aquél. A esta audiencia se citará al imputado y si no comparece se ordenará su aprehensión; ya en la diligencia después de haber verificado el juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales, ofrecerá la palabra al ministerio público para que exponga verbalmente el delito que le imputare y los demás datos que se indicaron con antelación; formulada la imputación se preguntará al imputado si la entiende, si es su deseo contestar al cargo rindiendo en ese acto su declaración preparatoria, en el entendido que ese sea precisamente su deseo. Antes de cerrar la audiencia el juez indicará la fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, salvo que renuncie al plazo previsto por el artículo 19 Constitucional. Por lo que se refiere a la diversa sección de la etapa que aquí nos ocupa, el juez de garantía, a petición del ministerio público dictará auto de vinculación de proceso al imputado, siempre que se haya formulado la imputación, éste haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar y de los antecedentes de la investigación se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión; y, no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El referido auto de vinculación a proceso, únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación; pero, el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público; en caso de que no se reúnan algunos de los requisitos antes aludidos, el juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso, revocará las medidas cautelares. La audiencia de mérito iniciará con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma, siguiéndose en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogadas la o las pruebas, si las hubo, se le concederá la palabra en primer término al ministerio público y luego al imputado. Agotado el debate el juez resolverá sobre la vinculación o no a proceso. 3. La tercera etapa es la denominada intermedia, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; tiene lugar una vez presentada la acusación y para ello el Juez de Garantía ordenará la notificación a las partes y las citará dentro de veinticuatro horas siguientes a la denominada audiencia intermedia la que debe tener lugar en un plazo no menor a veinte ni superior a treinta días contados a partir de la notificación. Una vez que se lleva a cabo la referida audiencia al final de la misma se debe de dictar auto de apertura de juicio oral indicando al tribunal competente para la audiencia de debate de juicio oral; la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas; los hechos que se tuvieron por acreditados; las pruebas que deberán producirse en el juicio oral y las que deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; y, la individualización de quienes deban ser citados a la audiencia de debate, con mención de los órganos de prueba. 4. La cuarta, pudiéramos decir la principal o de juicio oral, en la entidad ante un Tribunal de Juicio Oral (Colegiado), tiene lugar cuando arriba al mismo la resolución de apertura de juicio decretada por el Juez de Garantías; y, una vez radicado el proceso se decreta fecha para la celebración de la audiencia de debate la que deberá tener lugar no antes de quince días ni después de sesenta naturales desde la radicación, indicándose el nombre de los jueces que integrarán el tribunal y ordenando la citación de todos los obligados a la asistencia, en el entendido que el acusado deberá ser citado cuando menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia, la cual deberá realizarse ininterrumpidamente y en público con las excepciones que señala la propia ley de la materia; el Presidente señalará las acusaciones que deben ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura, los acuerdos probatorios a que dicen llegaron las partes y advertirá al acusado que deberá estar atento; seguidamente concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación y, posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa; el acusado podrá presentar su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso el Juez presidente le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de su defensor. Si es su deseo contestar al Ministerio Público o el acusador coadyuvante, podrá ser contra interrogado por éstos y el juez podrá formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos, absteniéndose de contestar si es su deseo; luego, se procederá la recepción de las pruebas y una vez concluida ésta se otorga la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor para que expongan sus alegatos. Posteriormente, se otorgará al representante social y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que le convenga y a continuación se declarará cerrado el debate. Una vez hecho lo anterior, se procederá a la deliberación y decisión sobre la absolución o la condena; en caso de que se resolviese condenar al imputado por el delito materia de la acusación, en la misma audiencia se señalara fecha para celebrar la de individualización de sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Desahogada dicha audiencia el Tribunal de juicio oral procederá a manifestarse sobre la sanciona a imponer al sentenciado, existencia del daño causado a la víctima u ofendido y su reparación; fijará las penas y se pronunciara sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicara en que forma deberá, en su caso, repararse el daño, pudiendo aplicar importe o garantías reales o personales fijadas para cubrirlo; hecho lo cual procederá a dar lectura integra a la sentencia. De lo expuesto se desprende que la audiencia de individualización de sanciones, es parte integral de la cuarta etapa correspondiente al juicio oral, pues su finalidad como tal es atendiendo al fallo condenatorio, imponer las sanciones, determinar la existencia del daño y fijar las penas, es decir, forma parte integral de la sentencia, lo cual en su conjunto es impugnable a través de la casación, y esta última a través del amparo directo. En ese contexto, se reitera, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente juicio, atento a que el acto reclamado consistente en el auto de seis de abril de dos mil veintidós, emitido por la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 81/2022, en que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por José Ramírez López y Álvaro González Aguilar, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo del mismo año, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021, no tiene de momento sobre el impetrante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, porque en ese acto procesal en el que el tribunal de enjuiciamiento culminó el juicio de debate y decidió sobre la existencia del delito y la responsabilidad del delito y la responsabilidad de la parte actora, aún no se ha agotado todas las etapas del procedimiento penal del juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia, que prevé el artículo 211, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aún no se realizaban las audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño en el que podrían desahogarse medios de prueba, ni la lectura y explicación de sentencia, que atento al principio de unidad que rige las sentencia pusiera fin al procedimiento contra la que si procediera el medio ordinario de defesa intentado. Es decir, que por el hecho de que aun cuando el tribunal de enjuiciamiento culminó el juicio de debate y decidió sobre la existencia del delito y la responsabilidad de la parte actora, aún no se ha agotado todas las etapas del procedimiento penal del juicio, que como ya se dijo, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia, que prevé el artículo 211, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aún no se realizaban las audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño en el que podrían desahogarse medios de prueba, ni la lectura y explicación de sentencia, que atento al principio de unidad que rige las sentencia pusiera fin al procedimiento contra la que si procediera el medio ordinario de defesa intentado. Pues no debe perderse de vista, que al procederse a la deliberación y decisión sobre la absolución o la condena; en caso de que se resolviese condenar al imputado por el delito materia de la acusación, en la misma audiencia se señalara fecha para celebrar la de individualización de sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Desahogada dicha audiencia el Tribunal de juicio oral procederá a manifestarse sobre la sanciona a imponer al sentenciado, existencia del daño causado a la víctima u ofendido y su reparación; fijará las penas y se pronunciara sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicara en que forma deberá, en su caso, repararse el daño, pudiendo aplicar importe o garantías reales o personales fijadas para cubrirlo; hecho lo cual procederá a dar lectura integra a la sentencia. Esto es, que la audiencia de individualización de sanciones, es parte integral de la cuarta etapa correspondiente al juicio oral, pues su finalidad como tal es atendiendo al fallo condenatorio, imponer las sanciones, determinar la existencia del daño y fijar las penas, es decir, forma parte integral de la sentencia, lo cual en su conjunto es impugnable a través del amparo directo, en términos de los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, visto los argumentos contenidos en la presente determinación procede DESECHAR la referida demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTUA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCION A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Agregues para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual participa que no acepta la competencia planteada y declara la legal incompetencia para conocer del presente juicio amparo, debido que el acto reclamado consiste en el auto de seis de abril de dos mil veintidós, emitido por la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 81/2022, en que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por ****, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo del mismo año, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto. En ese tenor, la suscrita titular de este Juzgado Tercero de distrito, se AVOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE JUICIO DE AMPARO. Acúsese recibo de estilo y realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y los registros correspondientes en el Sistema Integra de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, del escrito de demanda se advierten los actos reclamados, siguientes: (Se transcribe) Sin embargo, conforme al artículo 74, de la Ley de Amparo, que autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de derechos con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis integro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe con justificación y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente) en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, así como con la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P.VI/2014 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos X y XXIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN SU SENTENCIA DE AMPARO", el acto concreto que reclama la parte quejosa, conforme lo determinó el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, consiste en el auto de seis de abril de dos mil veintidós, emitido por la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 81/2022, en que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por *******, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo del mismo año, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021. Precisado lo anterior, se estima que respecto a dicho acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario. Previo a determinar que se actualiza dicha causal de improcedencia y atendiendo las etapas que conforman el nuevo sistema de justicia penal que nos rige, se realizan las siguientes acotaciones: 1. La primera etapa o fase preliminar, ante el llamado Juez de Garantía, consiste de conformidad con lo previsto en los numerales 106 y 210 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua en practicar y ordenar todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos materia de la denuncia o querella, dirigiendo la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran conforme a la ley; y, determinar si existe fundamento para abrir un juicio penal en contra de una o varias personas, mediante la información y la recolección de datos que permitan fundar la acusación, garantizando el derecho a la defensa del imputado. 2. La segunda aunque no se prevé propiamente como tal en el Código adjetivo estatal, sino como una de las fases de la preliminar, lo cierto es que por el carácter destacado que tiene en el artículo 19 del pacto federal, debe considerarse como tal la formulación de la imputación y la vinculación o no a proceso del imputado; la primera consiste en que cuando se considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial el fiscal comunica al imputado en presencia del juez, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados; en caso de que el imputado fuera detenido en flagrancia o caso urgente, el ministerio público deberá formular la imputación y solicitar la vinculación del imputado a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que procedieren en la misma audiencia de control de detención; si la persona no se encuentra detenida solicitará al juez la celebración de una audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiere, la indicación del delito, la fecha, lugar y modo de su comisión y grado de intervención de aquél. A esta audiencia se citará al imputado y si no comparece se ordenará su aprehensión; ya en la diligencia después de haber verificado el juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales, ofrecerá la palabra al ministerio público para que exponga verbalmente el delito que le imputare y los demás datos que se indicaron con antelación; formulada la imputación se preguntará al imputado si la entiende, si es su deseo contestar al cargo rindiendo en ese acto su declaración preparatoria, en el entendido que ese sea precisamente su deseo. Antes de cerrar la audiencia el juez indicará la fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, salvo que renuncie al plazo previsto por el artículo 19 Constitucional. Por lo que se refiere a la diversa sección de la etapa que aquí nos ocupa, el juez de garantía, a petición del ministerio público dictará auto de vinculación de proceso al imputado, siempre que se haya formulado la imputación, éste haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar y de los antecedentes de la investigación se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión; y, no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El referido auto de vinculación a proceso, únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación; pero, el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público; en caso de que no se reúnan algunos de los requisitos antes aludidos, el juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso, revocará las medidas cautelares. La audiencia de mérito iniciará con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma, siguiéndose en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogadas la o las pruebas, si las hubo, se le concederá la palabra en primer término al ministerio público y luego al imputado. Agotado el debate el juez resolverá sobre la vinculación o no a proceso. 3. La tercera etapa es la denominada intermedia, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; tiene lugar una vez presentada la acusación y para ello el Juez de Garantía ordenará la notificación a las partes y las citará dentro de veinticuatro horas siguientes a la denominada audiencia intermedia la que debe tener lugar en un plazo no menor a veinte ni superior a treinta días contados a partir de la notificación. Una vez que se lleva a cabo la referida audiencia al final de la misma se debe de dictar auto de apertura de juicio oral indicando al tribunal competente para la audiencia de debate de juicio oral; la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas; los hechos que se tuvieron por acreditados; las pruebas que deberán producirse en el juicio oral y las que deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; y, la individualización de quienes deban ser citados a la audiencia de debate, con mención de los órganos de prueba. 4. La cuarta, pudiéramos decir la principal o de juicio oral, en la entidad ante un Tribunal de Juicio Oral (Colegiado), tiene lugar cuando arriba al mismo la resolución de apertura de juicio decretada por el Juez de Garantías; y, una vez radicado el proceso se decreta fecha para la celebración de la audiencia de debate la que deberá tener lugar no antes de quince días ni después de sesenta naturales desde la radicación, indicándose el nombre de los jueces que integrarán el tribunal y ordenando la citación de todos los obligados a la asistencia, en el entendido que el acusado deberá ser citado cuando menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia, la cual deberá realizarse ininterrumpidamente y en público con las excepciones que señala la propia ley de la materia; el Presidente señalará las acusaciones que deben ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura, los acuerdos probatorios a que dicen llegaron las partes y advertirá al acusado que deberá estar atento; seguidamente concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación y, posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa; el acusado podrá presentar su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso el Juez presidente le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de su defensor. Si es su deseo contestar al Ministerio Público o el acusador coadyuvante, podrá ser contra interrogado por éstos y el juez podrá formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos, absteniéndose de contestar si es su deseo; luego, se procederá la recepción de las pruebas y una vez concluida ésta se otorga la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor para que expongan sus alegatos. Posteriormente, se otorgará al representante social y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que le convenga y a continuación se declarará cerrado el debate. Una vez hecho lo anterior, se procederá a la deliberación y decisión sobre la absolución o la condena; en caso de que se resolviese condenar al imputado por el delito materia de la acusación, en la misma audiencia se señalara fecha para celebrar la de individualización de sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Desahogada dicha audiencia el Tribunal de juicio oral procederá a manifestarse sobre la sanciona a imponer al sentenciado, existencia del daño causado a la víctima u ofendido y su reparación; fijará las penas y se pronunciara sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicara en que forma deberá, en su caso, repararse el daño, pudiendo aplicar importe o garantías reales o personales fijadas para cubrirlo; hecho lo cual procederá a dar lectura integra a la sentencia. De lo expuesto se desprende que la audiencia de individualización de sanciones, es parte integral de la cuarta etapa correspondiente al juicio oral, pues su finalidad como tal es atendiendo al fallo condenatorio, imponer las sanciones, determinar la existencia del daño y fijar las penas, es decir, forma parte integral de la sentencia, lo cual en su conjunto es impugnable a través de la casación, y esta última a través del amparo directo. En ese contexto, se reitera, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente juicio, atento a que el acto reclamado consistente en el auto de seis de abril de dos mil veintidós, emitido por la Cuarta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca penal 81/2022, en que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por José Ramírez López y Álvaro González Aguilar, en contra del auto condenatorio dictado en la audiencia de dos de marzo del mismo año, por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral 186/2021, no tiene de momento sobre el impetrante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, porque en ese acto procesal en el que el tribunal de enjuiciamiento culminó el juicio de debate y decidió sobre la existencia del delito y la responsabilidad del delito y la responsabilidad de la parte actora, aún no se ha agotado todas las etapas del procedimiento penal del juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia, que prevé el artículo 211, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aún no se realizaban las audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño en el que podrían desahogarse medios de prueba, ni la lectura y explicación de sentencia, que atento al principio de unidad que rige las sentencia pusiera fin al procedimiento contra la que si procediera el medio ordinario de defesa intentado. Es decir, que por el hecho de que aun cuando el tribunal de enjuiciamiento culminó el juicio de debate y decidió sobre la existencia del delito y la responsabilidad de la parte actora, aún no se ha agotado todas las etapas del procedimiento penal del juicio, que como ya se dijo, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia, que prevé el artículo 211, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aún no se realizaban las audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño en el que podrían desahogarse medios de prueba, ni la lectura y explicación de sentencia, que atento al principio de unidad que rige las sentencia pusiera fin al procedimiento contra la que si procediera el medio ordinario de defesa intentado. Pues no debe perderse de vista, que al procederse a la deliberación y decisión sobre la absolución o la condena; en caso de que se resolviese condenar al imputado por el delito materia de la acusación, en la misma audiencia se señalara fecha para celebrar la de individualización de sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. Desahogada dicha audiencia el Tribunal de juicio oral procederá a manifestarse sobre la sanciona a imponer al sentenciado, existencia del daño causado a la víctima u ofendido y su reparación; fijará las penas y se pronunciara sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicara en que forma deberá, en su caso, repararse el daño, pudiendo aplicar importe o garantías reales o personales fijadas para cubrirlo; hecho lo cual procederá a dar lectura integra a la sentencia. Esto es, que la audiencia de individualización de sanciones, es parte integral de la cuarta etapa correspondiente al juicio oral, pues su finalidad como tal es atendiendo al fallo condenatorio, imponer las sanciones, determinar la existencia del daño y fijar las penas, es decir, forma parte integral de la sentencia, lo cual en su conjunto es impugnable a través del amparo directo, en términos de los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, visto los argumentos contenidos en la presente determinación procede DESECHAR la referida demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como del contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 y en el diverso 214 de la Ley de Amparo, procede archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con los puntos Noveno, fracción IV y Vigésimo último párrafo del artículo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto Vigésimo Primero fracción IV del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Debiéndose conservar la demanda, en su caso escrito aclaratorio de ésta, demandas de los expedientes acumulados, las interlocutorias existentes y las sentencias respectivas. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

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