José Ramírez Hernández
Expediente 1207/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo. Inconforme con lo anterior, la parte tercera interesada Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, interpuso recurso de revisión. El cuatro de abril de dos mil veintitrés, se tuvo al Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de revisión 32/2023, en la que los Magistrados integrantes de dicho tribunal confirmaron la sentencia recurrida y se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: [.] Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a José Ramírez Hernández, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, deje insubsistente el proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, en la parte en que apercibió con multa al Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, dejándolo en libertad de jurisdicción para que pronuncie el cumplimiento del laudo conforme a sus atribuciones, requiriendo y apercibiendo, en su caso, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento[.]. Por tanto, en el mismo auto de cuatro de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el que señaló haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para tal efecto remitió copia certificada del auto de doce de abril del año en curso, dictada en el expediente 174/2010-B de su índice, asimismo, en proveído de veinte de abril del año en curso, remitió las constancias de notificación de la parte actora y demandada en el expediente de origen respecto del citado auto y, en consecuencia se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que hayan realizado manifestaciones al respecto. Consecuentemente, se procede a calificar el cumplimiento de la sentencia protectora. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que mediante auto de doce de abril del año en curso, dictado en el expediente 174/2010-B de su índice (fojas 101 y 102), se procedió a lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós dictado en el expediente 174/2010-B de su índice, únicamente en la parte en que apercibió con multa al Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, y; 2. Con libertad de jurisdicción se pronunció respecto al cumplimiento del laudo, precisando que con fundamento en el artículo 3 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, los integrantes del Ayuntamiento demandado Calpulalpan, Tlaxcala, se encuentran conformados por el (Presidente, Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad), por lo que requirió a cada uno de los citados integrantes del Ayuntamiento demandado, a fin de que pongan a disposición ante la responsable la cantidad señalada en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se podrían hacer acreedores cada uno de los integrantes a una multa por el importe de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 159 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. De lo anterior, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. En el entendido de que el suscrito Secretario encargado del Despacho, se encuentra facultado para resolver respecto al cumplimiento de la sentencia dictado en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentad por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1891, del Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital: 2023104, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva [.]. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la parte tercera interesada y autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el cual informa las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector; remitiendo para tal efecto, copia certificada del auto de doce de abril de dos mil veintitrés dictado en el expediente 174/2010-B de su índice. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, remita copia certificada de la constancia de notificación al quejoso del auto de doce de abril del año en curso, dictado en el expediente citado, a fin de proveer lo conducente. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA) vigente al momento de su aplicación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número ******************** signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que devuelve los autos del juicio de amparo ********************/******************** y remite testimonio de la ejecutoria resuelta en sesión remota ordinaria celebrada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada en los autos del recurso de revisión laboral ********************/********************, en la que se revolvió: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, respecto del acto de autoridad precisado en el considerando segundo del fallo recurrido." Ahora bien, se precisa que los efectos de la concesión del amparo son para lo siguiente: "Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, deje insubsistente el proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, en la parte en que apercibió con multa al Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, dejándolo en libertad de jurisdicción para que pronuncie el cumplimiento del laudo conforme a sus atribuciones, requiriendo y apercibiendo, en su caso, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente, glósense al expediente principal devuelto únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél, a dicho tribunal y dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníqueseles que la Superioridad confirmó la resolución dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con base en las disposiciones relativas, contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, conviene transcribir el contenido de su artículo 192, que prevé: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. "Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. "El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral transcrito requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por último, se ordena devolver al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, copia certificada del expediente ********************, misma que anexó a su informe justificado, el cual se ordenó su guarda por separado, sin que haya necesidad de requerir el acuse de recibo, toda vez que el mismo se advertirá de la constancia de notificación que se le haga. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual, se le tiene informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Olivia Robles Martínez, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, contra la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, registrándose en ese Tribunal de Alzada con el número de amparo en revisión ********************; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, a efecto de que el indicado órgano jurisdiccional tenga acceso a la totalidad de las actuaciones que integran el expediente en que se actúa. Infórmesele que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta tal como se advierte en la siguiente imagen: Notifíquese.
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