José Ramírez Godínez

Expediente 1390/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1390/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • José Ramírez Godínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia dentro del plazo legal, como lo establecen los artículos 81, fracción I, inciso e, y 86, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA SENTENCIA DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL OCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 1390/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el diez siguiente a este Juzgado Decimoquinto, ***solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. ACTO RECLAMADO: "[.] la Sentencia Interlocutoria dictada con fecha 05 de julio y que me fuera notificada con fecha 15 de julio del año en curso, dentro del expediente ***, llevada a cabo por el juzgado octavo de lo familiar [.]" Acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 1390/2021 y se admitió a trámite; fue solicitado a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada *** Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en: La interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ***del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante la cual se declaró infundado el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el quejoso TERCERO. Acto cierto. La autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, lo aceptó; lo que se corrobora con las constancias que anexó relativas al juicio ***que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes relevantes del caso. 1. Por escrito de veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, en la vía civil sumaria, *** demandó de ***el pago de una pensión alimenticia provisional en favor de su hijo menor de edad ***., así como el pago de gastos y costas que se generaran por la tramitación del juicio. 2. La demanda se radicó ante el Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, bajo el número *** 3. Por auto de uno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la medida provisional de alimentos y se estableció que el demandado, aquí quejoso, debía pagar en favor de su hijo menor de edad, por concepto de alimentos provisionales, la cantidad equivalente al veinte por ciento de sus ingresos totales que percibiera en el lugar en que se desarrollara y que comprendía todas aquellas percepciones normales o extraordinarias, incluidos los vales de despensa y cualquier tipo de bono, premio o gratificación, sustrayendo solo las deducciones legales. 4. Por escrito de doce de febrero de dos mil veinte, el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra. 5. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de reducción de pensión alimenticia presentado por el demandado, por lo que se ordenó correr traslado a su contraparte por el plazo de cinco días para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que se le tuvo realizando el treinta de marzo siguiente. 6. Seguido por sus trámites el referido incidente, el cinco de julio de dos mil veintiuno, se dictó resolución interlocutoria, en la que se declaró improcedente el incidente de reducción de pensión alimenticia, al tenor de las siguientes consideraciones. a) De inicio precisó el juez responsable que las necesidades alimenticias del menor no podían o debían ser disminuidas si no era mediante la vía y términos establecidos por la legislación aplicable. Asimismo, señaló que no debía perderse de vista que la obligación alimentaria no adquiría la calidad de cosa juzgada e inmutabilidad sino que podía sufrir variación en cuanto al quantum establecido porque se hubieran modificado las circunstancias que le dieron origen, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por otra parte, refirió el juez de origen que se partía de la base de que la institución de los alimentos buscaba como fin primordial que los acreedores vieran satisfechas sus necesidades alimentarias sin que ello provocara el empobrecimiento del deudor alimentario ni el enriquecimiento de los acreedores o su representante, pues ello podría trascender en la esfera de quienes tenían la necesidad alimentaria. b) Después de analizar la totalidad de los hechos narrados por el actor incidentista, determinó que no resultaban atingentes a las temporalidades con las que se acreditara de forma fehaciente un cambio de situación jurídica que no hubiese sido prevista o en detrimento de otros acreedores alimentarios, sin que así lo acreditara en relación con el mayor de edad *** De igual forma, señaló que, en términos de lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el actor, aquí quejoso, había reconocido y confesado que su capacidad económica subsistía y que resultaba mayor a la que se razonó al dar trámite a la medida provisional alimenticia, sin que hubiese acreditado las causas posteriores que determinaran un cambio en las capacidades y posibilidades del deudor alimentista o que cesaran de forma diversa las del acreedor alimentario, para que, con base en ese supuesto se hiciera viable y procedente una modificación al monto otorgado provisionalmente y, que por ende, resultara jurídicamente válida su reducción. Así, determinó que no se actualizaron ni acreditaron circunstancias diversas a las que se prevalecían cuando se estableció la mencionada medida provisional alimenticia. c) En otro punto, refirió el juez de origen que no pasaba desapercibido lo alegado por el actor incidentista respecto al error en la cuantificación del monto de sus percepciones, pues no existía una afectación desproporcionada en su haber patrimonial, aunado a que no se inconformó con la determinación de uno de noviembre de dos mil diecinueve ni interpuso medio de defensa relacionado con el error que adujo y que pretendía renovar a través de la incidencia planteada. Señaló también que lo solicitado únicamente generaría perjuicio al menor pues se perjudicaría su derecho alimentario que había sido permanente durante la tramitación del juicio sin que fuera susceptible de modificarse bajo el argumento de existir un error consentido por el actor. Reiteró que resultaba improcedente la incidencia ante la falta de acreditación en forma indefectible el cambio de situación del deudor alimentario aunque el menor creció pues no cesaron sus necesidades alimenticias sino que mutaron o modificaron, sin que ello debía interpretarse en su perjuicio como un decremento. d) En otro aspecto, destacó el juzgador que el hecho de que la madre trabajara y obtuviera dinero por ello, no resultaba motivo suficiente e indefectible para disminuir la pensión alimenticia, pues esa circunstancia no era novedosa y actual ya que desde un inicio existía sin que se hubiese negado; máxime que los alimentos que correspondían a la madre los tenía el acreedor alimentario en mayor o menor medida, sin poder ante la falta de elementos de prueba por el incidentista, pero que como presunción se establecía a favor de la madre la contemplada en el artículo 440 del Código Civil del Estado de Jalisco por tenerlo incorporado a su ámbito familiar y domicilio; de ahí que fuera inatendible para favorecer la pretensión del actor incidentista relacionada con los ingresos de la madre en relación con los que el primero seguía percibiendo. Apuntó también que, si bien era prerrogativa constitucional que los mexicanos libremente decidieran el número de hijos a tener acorde con el artículo 4 Constitucional, también ese precepto señalaba que tal decisión debía tomarse de forma responsable e informada, la cual, señaló el juzgador se traducía en que, de común acuerdo, los padres analizaran la oportunidad de crianza y manutención de los hijos que habrían de concebir como una decisión responsable de ambos, pues si bien podría reprocharse al actor la procreación de tres hijos en dos distintos núcleos familiares, ello no debía repercutir de manera injusta en perjuicio de estos últimos, pues era jurídicamente inaceptable pensar que alguno de ellos tuviera un mejor derecho alimentario, ya que todos ellos tenían un derecho fundamental e idéntico que debía privilegiarse frente al de los padres. Hasta aquí los antecedentes que informan la Litis constitucional que se decide. La determinación señalada en el punto 6 constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. El quejoso alega esencialmente en sus conceptos de violación lo siguiente I. Aduce que el juez responsable ignoró el alcance probatorio de la confesión realizada por ***, quien manifestó bajo protesta de decir verdad, en su demanda de alimentos que la necesidad alimentaria del menor era de $** era de $¨***(***pesos moneda nacional) mensuales y la de dicha demandada incidentista era de $**(**pesos moneda nacional) mensuales, sin que se hubiese tomado en cuenta, pues se estableció un monto arbitrario y sin justificación al estudiar el incidente planteado. Asimismo, refiere el promovente que el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios con los que se acrediten las posibilidades económicas de los deudores así como las necesidades de los hijos en atención a sus circunstancias particulares. Máxime que, apuntó, por la edad del menor al momento de plantear el incidente, los conceptos correspondientes a la pensión provisional ya no eran las mismos y al no allegarse pruebas necesarias para establecer la verdadera necesidad del menor, la pensión se estableció de manera arbitraria y sin parámetro que diera lugar a determinar que se trataban de los mismos conceptos erogados para el sostenimiento del menor,l o que violentó el estudio de las confesiones realizadas y no estudiadas.II. En el segundo motivo de disenso refiere que se efectuó un deficiente análisis del procedimento para efecto deldictado de la sentencia en atención al interés superior delmenor.Enseguida, es un hecho notorio que el quejoso realiza una transcripción de los argumentos contenidos en la sentencia emitida en el amparo directo en revisión 5206/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Por otra parte, aduce que la obligación de brindar alimentos al menor de edad es de ambos padres y que, al haberse establecido una necesidad mensual de $***(**mil pesos moneda nacional), sin que el juzgador se allegara de pruebas con posterioridad al incidente planteado, por lo que debió tomarse en consideración el contenido del artículo 442 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establece que los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. De manera que, reitera el quejoso que en atención a la posibilidad de ambos padres y a la confesión de ***, quien tenía incorporado al menor a su hogar, no debía tomarse como aporte de pago de pensión que le correspondía a la madre, sino que debió realizarse un estudio de las pruebas dentro del procedimiento y allegarse de las necesarias en atención al interés superior del menor a fin de determinar si era o no viable la procedencia del incidente planteado. III. En el último concepto de violación refiere el quejoso que se realizó un análisis deficiente en relación con el descuento bajo el argumento de que sus ingresos eran de $¨***(**mil pesos mensuales) respecto de los cuales ordenó el descuento del veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias; sin embargo, el descuento se efectuaba sobre $**,000.00 (**mil pesos moneda nacional), a lo que el juzgador resolvió que no se veía afectado económicamente ni se inconformó en su momento, debía quedar en esos términos, aunado a que se verían afectados los derechos del menor Asevera también que en la actualidad se le descuenta más del cien por ciento de lo que la madre manifestó como necesidad del menor; y que contrario a lo resuelto, el cambio de situación se acreditaba en atención a que el menor había crecido, por lo que reitera que el hecho de que no se le afectaba económicamente, el descuento debía ser del diez o quince por ciento de sus percepciones. Los motivos de disenso son inoperantes. El promovente fue omiso en exponer argumentos lógico jurídicos tendentes a combatir, directamente, las consideraciones medulares que soportan la determinación de la autoridad responsable. Cierto, tales consideraciones fueron destacadas en párrafos precedentes. De modo que el quejoso, para derribarlas en este amparo, debió combatir con argumentos lógico jurídicos, frontalmente, el por qué fue incorrecta la determinación aludida, soporte del fallo reclamado, consistente en que: a) Los hechos narrados por el actor incidentista, no resultaban atingentes a las temporalidades con las que se acreditara de forma fehaciente un cambio de situación jurídica que no hubiese sido prevista o en detrimento de otros acreedores alimentarios, sin que así lo acreditara en relación con el mayor de edad ***. b) En términos de lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el actor, aquí quejoso, había reconocido y confesado que su capacidad económica subsistía y que resultaba mayor a la que se razonó al dar trámite a la medida provisional alimenticia, sin que hubiesen acreditado las causas posteriores que determinaran un cambio en las capacidades y posibilidades del deudor alimentista o que cesaran de forma diversa las del acreedor alimentario, para que, con base en ese supuesto se hiciera viable y procedente una modificación al monto otorgado provisionalmente y, que por ende, resultara jurídicamente válida su reducción. c) Resultaba improcedente la incidencia ante la falta de acreditación en forma indefectible del cambio de situación del deudor alimentario aunque el menor creció pues no cesaron sus necesidades alimenticias sino que mutaron o modificaron, sin que ello debía interpretarse en su perjuicio como un decremento. d) El hecho de que la madre trabajara y obtuviera dinero por ello, no resultaba motivo suficiente e indefectible para disminuir la pensión alimenticia, pues esa circunstancia no era novedosa y actual ya que desde un inicio existía sin que se hubiese negado. Sin embargo, el quejoso no fue contundente en evidenciar cómo, contrario a lo resuelto: i. Los hechos narrados sí resultaban atingentes a la temporalidad crónica y que acreditó de forma fehaciente el cambio de situación jurídica de las circunstancias que rodearon la fijación del monto de la pensión alimenticia provisional; ii. Que, a pesar de que reconoció y confesó que su capacidad económica subsistía y resultaba mayor a la que se razonó al momento de dar trámite a la medida provisional alimenticia, sí quedaron acreditadas legalmente las causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinaran un cambio en la capacidad y posibilidad sobre el deudor alimentista, para que con base en ese supuesto se hiciera viable y procedente una modificación al monto otorgado provisionalmente; iii. Era válida la reducción de la pensión, sustentada en las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció aquella, en situaciones que no se analizaron, ni se acreditaron fehacientemente; iv. Pese a no haberse inconformado o impugnado el error en la cuantificación al monto de sus percepciones, en la determinación del uno de noviembre del año dos mil diecinueve, era procedente la reducción del monto de la pensión alimenticia, en tanto que no estaba obligado a hacerlo; v. El hecho de que el acreedor haya crecido no mutó su necesidad alimentaria y debía interpretarse en su perjuicio como un decremento; y, vi. El hecho de que la madre trabajara y obtuviera dinero, resultaba un motivo suficiente e indefectible para disminuir la pensión alimenticia, pues se trataba de una situación novedosa a las circunstancias en que se fijó el monto de la pensión alimenticia provisional. El promovente en sus motivos de disenso únicamente señala, en esencia, que fue erróneo el porcentaje sobre el cual se fijó el descuento al establecer la medida provisional de alimentos, que existía una confesión en cuanto a los ingresos percibidos por la madre del menor de edad, y que el juzgador debió allegarse de pruebas para establecer la necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad del deudor para proporcionar alimentos. De modo que, el hecho de que el peticionario no haya combatido los aspectos destacados de la resolución reclamada, produce la inoperancia de sus planteamientos si no están encaminados a desvirtuar directamente las consideraciones de la magistrada responsable para pronunciarse en la forma en que lo hizo; máxime porque, como se adelantó, la materia del presente juicio de amparo se circunscribe en examinar la decisión asumida por la autoridad responsable en la resolución cuestionada con base, exclusivamente, en los argumentos del promovente, pues no se está ante un caso en que opere la suplencia de queja. Al respecto resultan aplicables los criterios de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA" "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. En consecuencia, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal, máxime que no se observa cuestión alguna que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, fracción IV y 78, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **, contra la interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ***del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA **** LA SENTENCIA DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL OCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 1390/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el diez siguiente a este Juzgado Decimoquinto, ***solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. ACTO RECLAMADO: "la Sentencia Interlocutoria dictada con fecha 05 de julio y que me fuera notificada con fecha 15 de julio del año en curso, dentro del expediente ***, llevada a cabo por el juzgado octavo de lo familiar Acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 1390/2021 y se admitió a trámite; fue solicitado a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada *** Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en: La interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ***del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante la cual se declaró infundado el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por el quejoso TERCERO. Acto cierto. La autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, lo aceptó; lo que se corrobora con las constancias que anexó relativas al juicio ***que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes relevantes del caso. 1. Por escrito de veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, en la vía civil sumaria, *** demandó de ***el pago de una pensión alimenticia provisional en favor de su hijo menor de edad ***., así como el pago de gastos y costas que se generaran por la tramitación del juicio. 2. La demanda se radicó ante el Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, bajo el número *** 3. Por auto de uno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la medida provisional de alimentos y se estableció que el demandado, aquí quejoso, debía pagar en favor de su hijo menor de edad, por concepto de alimentos provisionales, la cantidad equivalente al veinte por ciento de sus ingresos totales que percibiera en el lugar en que se desarrollara y que comprendía todas aquellas percepciones normales o extraordinarias, incluidos los vales de despensa y cualquier tipo de bono, premio o gratificación, sustrayendo solo las deducciones legales. 4. Por escrito de doce de febrero de dos mil veinte, el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra. 5. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de reducción de pensión alimenticia presentado por el demandado, por lo que se ordenó correr traslado a su contraparte por el plazo de cinco días para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que se le tuvo realizando el treinta de marzo siguiente. 6. Seguido por sus trámites el referido incidente, el cinco de julio de dos mil veintiuno, se dictó resolución interlocutoria, en la que se declaró improcedente el incidente de reducción de pensión alimenticia, al tenor de las siguientes consideraciones. a De inicio precisó el juez responsable que las necesidades alimenticias del menor no podían o debían ser disminuidas si no era mediante la vía y términos establecidos por la legislación aplicable. Asimismo, señaló que no debía perderse de vista que la obligación alimentaria no adquiría la calidad de cosa juzgada e inmutabilidad sino que podía sufrir variación en cuanto al quantum establecido porque se hubieran modificado las circunstancias que le dieron origen, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por otra parte, refirió el juez de origen que se partía de la base de que la institución de los alimentos buscaba como fin primordial que los acreedores vieran satisfechas sus necesidades alimentarias sin que ello provocara el empobrecimiento del deudor alimentario ni el enriquecimiento de los acreedores o su representante, pues ello podría trascender en la esfera de quienes tenían la necesidad alimentaria. B Después de analizar la totalidad de los hechos narrados por el actor incidentista, determinó que no resultaban atingentes a las temporalidades con las que se acreditara de forma fehaciente un cambio de situación jurídica que no hubiese sido prevista o en detrimento de otros acreedores alimentarios, sin que así lo acreditara en relación con el mayor de edad *** De igual forma, señaló que, en términos de lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el actor, aquí quejoso, había reconocido y confesado que su capacidad económica subsistía y que resultaba mayor a la que se razonó al dar trámite a la medida provisional alimenticia, sin que hubiese acreditado las causas posteriores que determinaran un cambio en las capacidades y posibilidades del deudor alimentista o que cesaran de forma diversa las del acreedor alimentario, para que, con base en ese supuesto se hiciera viable y procedente una modificación al monto otorgado provisionalmente y, que por ende, resultara jurídicamente válida su reducción. Así, determinó que no se actualizaron ni acreditaron circunstancias diversas a las que se prevalecían cuando se estableció la mencionada medida provisional alimenticia. C En otro punto, refirió el juez de origen que no pasaba desapercibido lo alegado por el actor incidentista respecto al error en la cuantificación del monto de sus percepciones, pues no existía una afectación desproporcionada en su haber patrimonial, aunado a que no se inconformó con la determinación de uno de noviembre de dos mil diecinueve ni interpuso medio de defensa relacionado con el error que adujo y que pretendía renovar a través de la incidencia planteada. Señaló también que lo solicitado únicamente generaría perjuicio al menor pues se perjudicaría su derecho alimentario que había sido permanente durante la tramitación del juicio sin que fuera susceptible de modificarse bajo el argumento de existir un error consentido por el actor. Reiteró que resultaba improcedente la incidencia ante la falta de acreditación en forma indefectible el cambio de situación del deudor alimentario aunque el menor creció pues no cesaron sus necesidades alimenticias sino que mutaron o modificaron, sin que ello debía interpretarse en su perjuicio como un decremento. d En otro aspecto, destacó el juzgador que el hecho de que la madre trabajara y obtuviera dinero por ello, no resultaba motivo suficiente e indefectible para disminuir la pensión alimenticia, pues esa circunstancia no era novedosa y actual ya que desde un inicio existía sin que se hubiese negado; máxime que los alimentos que correspondían a la madre los tenía el acreedor alimentario en mayor o menor medida, sin poder ante la falta de elementos de prueba por el incidentista, pero que como presunción se establecía a favor de la madre la contemplada en el artículo 440 del Código Civil del Estado de Jalisco por tenerlo incorporado a su ámbito familiar y domicilio; de ahí que fuera inatendible para favorecer la pretensión del actor incidentista relacionada con los ingresos de la madre en relación con los que el primero seguía percibiendo. Apuntó también que, si bien era prerrogativa constitucional que los mexicanos libremente decidieran el número de hijos a tener acorde con el artículo 4 Constitucional, también ese precepto señalaba que tal decisión debía tomarse de forma responsable e informada, la cual, señaló el juzgador se traducía en que, de común acuerdo, los padres analizaran la oportunidad de crianza y manutención de los hijos que habrían de concebir como una decisión responsable de ambos, pues si bien podría reprocharse al actor la procreación de tres hijos en dos distintos núcleos familiares, ello no debía repercutir de manera injusta en perjuicio de estos últimos, pues era jurídicamente inaceptable pensar que alguno de ellos tuviera un mejor derecho alimentario, ya que todos ellos tenían un derecho fundamental e idéntico que debía privilegiarse frente al de los padres. Hasta aquí los antecedentes que informan la Litis constitucional que se decide. La determinación señalada en el punto 6 constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. El quejoso alega esencialmente en sus conceptos de violación lo siguiente I. Aduce que el juez responsable ignoró el alcance probatorio de la confesión realizada por ***, quien manifestó bajo protesta de decir verdad, en su demanda de alimentos que la necesidad alimentaria del menor era de *** era de ***(***pesos moneda nacional) mensuales y la de dicha demandada incidentista era de **(**pesos moneda nacional) mensuales, sin que se hubiese tomado en cuenta, pues se estableció un monto arbitrario y sin justificación al estudiar el incidente planteado. Asimismo, refiere el promovente que el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios con los que se acrediten las posibilidades económicas de los deudores así como las necesidades de los hijos en atención a sus circunstancias particulares. Máxime que, apuntó, por la edad del menor al momento de plantear el incidente, los conceptos correspondientes a la pensión provisional ya no eran las mismos y al no allegarse pruebas necesarias para establecer la verdadera necesidad del menor, la pensión se estableció de manera arbitraria y sin parámetro que diera lugar a determinar que se trataban de los mismos conceptos erogados para el sostenimiento del menor, o que violentó el estudio de las confesiones realizadas y no estudiadas. En el segundo motivo de disenso refiere que se efectuó un deficiente análisis del procedimento para efecto deldictado de la sentencia en atención al interés superior delmenor.Enseguida, es un hecho notorio que el quejoso realiza una transcripción de los argumentos contenidos en la sentencia emitida en el amparo directo en revisión 5206/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Por otra parte, aduce que la obligación de brindar alimentos al menor de edad es de ambos padres y que, al haberse establecido una necesidad mensual de $***(**mil pesos moneda nacional), sin que el juzgador se allegara de pruebas con posterioridad al incidente planteado, por lo que debió tomarse en consideración el contenido del artículo 442 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establece que los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. De manera que, reitera el quejoso que en atención a la posibilidad de ambos padres y a la confesión de ***, quien tenía incorporado al menor a su hogar, no debía tomarse como aporte de pago de pensión que le correspondía a la madre, sino que debió realizarse un estudio de las pruebas dentro del procedimiento y allegarse de las necesarias en atención al interés superior del menor a fin de determinar si era o no viable la procedencia del incidente planteado. III. En el último concepto de violación refiere el quejoso que se realizó un análisis deficiente en relación con el descuento bajo el argumento de que sus ingresos eran de ***(**mil pesos mensuales) respecto de los cuales ordenó el descuento del veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias; sin embargo, el descuento se efectuaba sobre **,000.00 (**mil pesos moneda nacional), a lo que el juzgador resolvió que no se veía afectado económicamente ni se inconformó en su momento, debía quedar en esos términos, aunado a que se verían afectados los derechos del menor Asevera también que en la actualidad se le descuenta más del cien por ciento de lo que la madre manifestó como necesidad del menor; y que contrario a lo resuelto, el cambio de situación se acreditaba en atención a que el menor había crecido, por lo que reitera que el hecho de que no se le afectaba económicamente, el descuento debía ser del diez o quince por ciento de sus percepciones. Los motivos de disenso son inoperantes. El promovente fue omiso en exponer argumentos lógico jurídicos tendentes a combatir, directamente, las consideraciones medulares que soportan la determinación de la autoridad responsable. Cierto, tales consideraciones fueron destacadas en párrafos precedentes. De modo que el quejoso, para derribarlas en este amparo, debió combatir con argumentos lógico jurídicos, frontalmente, el por qué fue incorrecta la determinación aludida, soporte del fallo reclamado, consistente en que: a Los hechos narrados por el actor incidentista, no resultaban atingentes a las temporalidades con las que se acreditara de forma fehaciente un cambio de situación jurídica que no hubiese sido prevista o en detrimento de otros acreedores alimentarios, sin que así lo acreditara en relación con el mayor de edad ***. B En términos de lo dispuesto por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el actor, aquí quejoso, había reconocido y confesado que su capacidad económica subsistía y que resultaba mayor a la que se razonó al dar trámite a la medida provisional alimenticia, sin que hubiesen acreditado las causas posteriores que determinaran un cambio en las capacidades y posibilidades del deudor alimentista o que cesaran de forma diversa las del acreedor alimentario, para que, con base en ese supuesto se hiciera viable y procedente una modificación al monto otorgado provisionalmente y, que por ende, resultara jurídicamente válida su reducción. C Resultaba improcedente la incidencia ante la falta de acreditación en forma indefectible del cambio de situación del deudor alimentario aunque el menor creció pues no cesaron sus necesidades alimenticias sino que mutaron o modificaron, sin que ello debía interpretarse en su perjuicio como un decremento. d El hecho de que la madre trabajara y obtuviera dinero por ello, no resultaba motivo suficiente e indefectible para disminuir la pensión alimenticia, pues esa circunstancia no era novedosa y actual ya que desde un inicio existía sin que se hubiese negado. Sin embargo, el quejoso no fue contundente en evidenciar cómo, contrario a lo resuelto: i. Los hechos narrados sí resultaban atingentes a la temporalidad crónica y que acreditó de forma fehaciente el cambio de situación jurídica de las circunstancias que rodearon la fijación del monto de la pensión alimenticia provisional; ii. Que, a pesar de que reconoció y confesó que su capacidad económica subsistía y resultaba mayor a la que se razonó al momento de dar trámite a la medida provisional alimenticia, sí quedaron acreditadas legalmente las causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinaran un cambio en la capacidad y posibilidad sobre el deudor alimentista, para que con base en ese supuesto se hiciera viable y procedente una modificación al monto otorgado provisionalmente; iii. Era válida la reducción de la pensión, sustentada en las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció aquella, en situaciones que no se analizaron, ni se acreditaron fehacientemente; iv. Pese a no haberse inconformado o impugnado el error en la cuantificación al monto de sus percepciones, en la determinación del uno de noviembre del año dos mil diecinueve, era procedente la reducción del monto de la pensión alimenticia, en tanto que no estaba obligado a hacerlo; v. El hecho de que el acreedor haya crecido no mutó su necesidad alimentaria y debía interpretarse en su perjuicio como un decremento; y, vi. El hecho de que la madre trabajara y obtuviera dinero, resultaba un motivo suficiente e indefectible para disminuir la pensión alimenticia, pues se trataba de una situación novedosa a las circunstancias en que se fijó el monto de la pensión alimenticia provisional. El promovente en sus motivos de disenso únicamente señala, en esencia, que fue erróneo el porcentaje sobre el cual se fijó el descuento al establecer la medida provisional de alimentos, que existía una confesión en cuanto a los ingresos percibidos por la madre del menor de edad, y que el juzgador debió allegarse de pruebas para establecer la necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad del deudor para proporcionar alimentos. De modo que, el hecho de que el peticionario no haya combatido los aspectos destacados de la resolución reclamada, produce la inoperancia de sus planteamientos si no están encaminados a desvirtuar directamente las consideraciones de la magistrada responsable para pronunciarse en la forma en que lo hizo; máxime porque, como se adelantó, la materia del presente juicio de amparo se circunscribe en examinar la decisión asumida por la autoridad responsable en la resolución cuestionada con base, exclusivamente, en los argumentos del promovente, pues no se está ante un caso en que opere la suplencia de queja. Al respecto resultan aplicables los criterios de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. En consecuencia, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal, máxime que no se observa cuestión alguna que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, fracción IV y 78, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **, contra la interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ***del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.

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