José Ramírez de la Luz

Expediente 428/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
428/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
03/06/2015

Partes del expediente

  • José Ramírez de la Luz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, a tres de junio de dos mil quince. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Nueva Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de mayo último, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo en cita, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2° de esa propia Ley, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se tuvo por no presentada demanda de garantías, de conformidad con la fracción I del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, devuélvase al quejoso las documentales que anexó a su escrito de demanda, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; al respecto, se informa que si transcurrido el plazo de noventa días, no se presenta ante este órgano judicial, a recoger tales constancias, éstas podrán ser destruidas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo referido en líneas precedentes. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil quince. Visto; el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por la Secretaria de este Juzgado y toda vez que transcurrió el término de cinco días para que el promovente, José Ramírez de la Luz, cumpliera con la prevención ordenada en acuerdo de doce de mayo de dos mil quince, sin que lo hubiera hecho; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Nueva Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo citado en líneas precedentes, y se tiene por no presentada la demanda origen de este juicio. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese por lista de acuerdos...

  3. Principal

    Xalapa Enríquez, Veracruz, a doce de mayo de dos mil quince. Visto; ténganse por recibidos los oficios del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, con sede en México, Distrito Federal, mediante los cuales comunica que por acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad, dictado en autos del juicio de amparo 355/2015 de su índice, ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Ahora, este Juzgado de Distrito no insiste en declinar dicha competencia, por lo que se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo promovida por José Ramírez de la Luz, por propio derecho. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal analizó la demanda atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y específicamente el artículo 114, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: --- I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; --- II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; ---III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; ---IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y --- V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. --- Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. --- En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone al suscrito la obligación, previa a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita, entre los que se encuentra el previsto en su artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece para el efecto lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado precisar el acto que de cada una de ellas reclame; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo citado. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba escrito aclaratorio, deberá acompañar diez copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, ya que junto con el ocurso inicial, forman la demanda de amparo; en el entendido que cinco son para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables, dos para los terceros interesados, dos para formar por duplicado el incidente de suspensión que solicita y una más para dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 5º, fracción IV. En consecuencia, tomando en consideración el contenido de la demanda de amparo, y en específico el apartado correspondiente al del acto reclamado, donde el quejoso medularmente dice combatir que las autoridades responsables denominadas Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Consejo Directivo 2014-2015 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Consejo Consultivo 2014-2015 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, todas con sede en México, Distrito Federal, le dieron a conocer en el mes de febrero pasado, la convocatoria a la asamblea llevada a cabo el nueve de marzo de dos mil quince; un acuerdo y una notificación de fechas tres y seis de marzo pasado; así como que el tres de marzo de dos mil quince, le fue hecho de su conocimiento un documento denominado "Fe de Erratas", en el cual se establecen nuevos lineamientos para la asamblea general en sesión ordinaria de dos mil quince, con el cual se otorgan nuevas facultades al Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción; y, que el seis de marzo de la presente anualidad, le fue notificada la decisión de negarle el registro a la Planilla para el Consejo de la Cámara de la Industria de la Construcción por el periodo 2015/2016, que encabeza la persona moral denominada Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Tuffy Gaber Flores, por los motivos y consideraciones que indica en el ocurso de demanda. Por lo tanto, ante la diversidad de actos, en el escrito aclaratorio la parte quejosa deberá cumplir con lo siguiente: Precise en concreto cuál es el acto que reclama en el presente asunto, lo anterior ante la diversidad de manifestaciones que se advierte en el escrito de demanda, correspondiente al apartado del acto reclamado, ya que resulta necesario fijar la litis sobre la cual versará el presente asunto, a fin de proveer lo conducente sobre la suspensión del acto reclamado que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis visible en la página cuatrocientos veinte, Tomo XVI, Julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra apunta: "AMPARO CONTRA ACTOS DIVERSOS PROVENIENTES DE DIVERSAS AUTORIDADES. La Ley de Amparo no contiene disposición concreta que expresamente impida reclamar en una sola demanda de garantías actos de distinta naturaleza, así como diversos procedimientos que incluso provengan de autoridades diferentes, pero el artículo 57 expresa que en los juicios de amparo que se encuentran en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación de oficio o a instancia de parte en los casos que indica, de donde se infiere que en materia de amparo, solamente procede resolver en una sola sentencia cuando haya identidad de actos reclamados o tengan una vinculación tal que lo que se decida en cuanto a uno de ellos afecte la legalidad de los otros. Por lo mismo, cuando se plantea en una misma demanda la reclamación de actos diversos provenientes de autoridades también distintas, ello da lugar, ante la falta de norma expresa que lo prevea, a que el juez federal del conocimiento prevenga al quejoso que precise por cuál de los actos se tramitará el juicio respectivo y, en esa forma, regularizar la situación a fin de que en forma separada se prosigan los diversos juicios cuyas sentencias sean independientes". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de las mismas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo aplicable al caso, se tendrá por no presentada la demanda. Como está ordenado en proveído de once de mayo de la presente anualidad, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional y como autorizados de su parte en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a Mireya Fentanes Terán, ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito con el número 138366, asimismo, como autorizados con las restricciones que impone dicho numeral a Juan Alberto Martínez Mancilla y Sergio Gómez Zamora, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa por así estar ordenado en autos....

  4. Principal

    ... los oficios 107 y 108 signados por el Juez Municipal, con sede en Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por medio del cual devuelve sin diligenciar los despachos 00109/2015 y 00115/2015, con los cuales se le solicito notificar personalmente al quejoso José Ramírez de la Luz, los acuerdos dictados el diecisiete y veintiuno de abril de la presente anualidad... Ahora, de la lectura íntegra de las constancias remitidas por la autoridad citada, se advierte la imposibilidad que tuvo para realizar la diligencia encomendada, por lo que, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Nueva Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa los referidos acuerdos por lista de acuerdos, que en lo conducente dicen: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Municipal de Perote, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 00088/2015 del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y dése de baja dicha comunicación. Ahora, atendiendo a las manifestaciones que se plasmaron por el citado Juez Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso 2º de la ley de la materia, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese un nuevo despacho al citado Juez Municipal de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que ordene se realicen los trámites necesarios a fin de notificar personalmente al quejoso José Ramírez de la Luz, el proveído dictado el treinta y uno de marzo de la presente anualidad, persona quien tiene su domicilio ubicado en calle Fray Bartolomé de las Casas número dos (2), Barrio de Guadalupe, en aquella localidad, y para lo cual se le remite copia certificada de dicho proveído, asimismo, el Juez del orden común, deberá requerir al citado quejoso, para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se le practicarán por lista de acuerdos. Requiérase al citado juzgador, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, remita a este juzgado las constancias relativas a la notificación que se le ordena, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil quince. Visto; téngase por recibido el oficio número 18187/2015, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en México, Distrito Federal, mediante el cual comunica que por acuerdo de trece de abril de la presente anualidad, dictado en los autos del juicio de amparo 676/2015 de su índice, ese órgano jurisdiccional consideró no aceptar la competencia declinada por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio. No obstante, este Órgano Federal analizó nuevamente la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO.". Así, de la lectura íntegra de la demanda en comento se advierte que el impetrante del amparo señaló diversos actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Consejo Directivo 2014-2015 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Consejo Consultivo 2014-2015 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, todas con sede en México, Distrito Federal, que se hacen consistir en la fe de erratas sin fecha, que se le dio a conocer en el mes de febrero pasado, la convocatoria a la asamblea llevada a cabo el nueve de marzo de dos mil quince, un acuerdo y una notificación de fechas tres y seis de marzo pasado, pero se desprende que lo que principalmente le causa un agravio a su esfera de derechos fundamentales lo constituye el hecho de que en fecha tres de marzo de dos mil quince, le fue hecho de su conocimiento un documento denominado "Fe de Erratas", en el cual se establecen nuevos lineamientos para la asamblea general en sesión ordinaria de dos mil quince, con el cual se otorgan nuevas facultades al Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción y que en fecha seis de marzo de la presente anualidad, le fue notificada la decisión de negarle el registro a la Planilla para el Consejo de la Cámara de la Industria de la Construcción por el periodo 2015/2016, que encabeza la persona moral denominada Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Tuffy Gaber Flores, por los motivos y consideraciones que indica en el ocurso de demanda. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Nueva Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. Por tanto, en el presente asunto, el suscrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta dado que el impetrante de garantías reclama que en fecha seis de marzo de la presente anualidad, le fue notificada la decisión de negarle el registro a la Planilla para el Consejo de la Cámara de la Industria de la Construcción por el periodo 2015/2016, que encabeza la persona moral Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Tuffy Gaber Flores, acto que se atribuye a diversas autoridades con sede en la Ciudad de México. Ahora, si bien el acto reclamado por el quejoso es de naturaleza negativa, lo cierto es que sus consecuencias jurídicas son de carácter positivo, y por lo tanto, tienen o tuvieron ejecución material en el lugar en que residen las autoridades señaladas como responsables, quienes tienen su domicilio en México, Distrito Federal, ya que lo que específicamente alega, es la negativa al registro de la Planilla a que se hizo referencia de la cual aduce es afiliado, por lo tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional no es competente por territorio para conocer de la demanda en cuestión, toda vez que el acto que por esta vía constitucional se reclama, en todo caso tuvo y tendrá ejecución en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito residentes en México, Distrito Federal, pues tales actos se los atribuye a autoridades cuya residencia se encuentra fuera del territorio competencial de este órgano federal, máxime que de la lectura íntegra de la demanda, no se desprende que se señale con el carácter de responsable a alguna autoridad que tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. En ese contexto, y atendiendo principalmente a lo expuesto por la autoridad oficiante quien expresó que no contravierte la determinación expuesta por este órgano jurisdiccional en auto de treinta y uno de marzo de dos mil quince, relativo a la incompetencia declinada por territorio, sino sobre la materia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal considera que resulta competente, por razón de territorio y materia, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil en Turno, con sede en México, Distrito Federal, criterio que de un nuevo análisis al escrito de demanda, se comparte por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con sede en aquella ciudad, pues como acertadamente se expuso, los actos reclamados por la parte quejosa, devienen de la convocatoria, celebración y efectos de la asamblea de la que se queja el impetrante del amparo, actos que su naturaleza jurídica son de carácter civil y deben ser analizados por un Juzgado Federal especializado en esa materia. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número P. XCIII/95, visible en la página 79, Tomo II, Noviembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN CONFLICTOS EN QUE INTERVENGAN LAS CAMARAS DE COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA. PARA DETERMINAR SI ES FEDERAL POR RAZON DE LA MATERIA DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia de un juez de Distrito en materia administrativa o civil en un conflicto en los que intervengan las Cámaras de Comercio y de la Industria hay que atender a la naturaleza del acto reclamado. Por lo tanto, cuando el acto reclamado se hace consistir en un acto emitido por una autoridad administrativa, como sería la autorización o aprobación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto de los acuerdos tomados por la Cámara, sería competente el juez de Distrito en materia administrativa, dada la naturaleza administrativa de dicho acto. En cambio, si el acto reclamado es esencialmente civil, como sería la acción de nulidad de una convocatoria a una asamblea extraordinaria, y la de los acuerdos resueltos en la misma, el juez competente será el juez de Distrito en materia civil en atención a que las Cámaras no tienen el carácter de autoridad administrativa, tanto porque no pertenecen a la organización estatal, como porque los actos que realizan en relación con sus agremiados no tienen la naturaleza de actos de autoridad, carecen de imperio y de coacción para hacer cumplir sus determinaciones, razón por la que sus actos no son ni formal ni materialmente administrativos. Asimismo, se cita la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por sus consideraciones es aplicable también la Jurisprudencia II.3o. J/72, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 78, Junio de 1994, Octava Época, visible en la página 46, cuyo rubro y texto enuncian: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". Asimismo, no resulta óbice a esta determinación el hecho de que la quejosa señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Las Vigas de Ramírez, Veracruz, ya que dicho domicilio no debe considerarse un elemento determinante para establecer la competencia del órgano jurisdiccional, en razón que de llegar a considerarlo, implicaría dejar al arbitrio del promovente la elección del Juez de Distrito competente, es decir que debiera conocer del asunto, por lo que en términos del invocado artículo 37 de la Ley de Amparo, debe atenderse al lugar en que residen las autoridades señaladas como responsables. Las tesis a que se hace referencia, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fray Bartolomé de la Casas número dos (2), Barrio de Guadalupe, en Las Vigas de Ramírez, Veracruz; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al diverso 2º de la ley de la materia, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Municipal de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que ordene se realice el trámite necesario a fin de notificar a la parte quejosa en el domicilio indicado líneas arriba, el contenido del presente acuerdo, autoridad que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, inciso c), tercer párrafo de la Nueva Ley de Amparo, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificado este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos. Requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, remita a este juzgado las constancias relativas a la notificación que se ordena, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

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