José Rafel Villalpando Vera

Expediente 120/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
120/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
11/05/2016

Partes del expediente

  • José Rafel Villalpando Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, mediante el cual comunica que ASUME LA COMPETENCIA para conocer de la demanda promovida por ----. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se desprende que se dio cumplimiento a lo ordenado en resolución de catorce de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual, por una parte, se desechó la demanda de amparo respecto de un acto reclamado, la cual causó estado por auto de cuatro de abril del año en curso, al no haber sido recurrido por el quejoso; y por otra, se decretó que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del segundo diverso acto reclamado; por tanto, ARCHÍVESE el presente cuaderno por encontrarse concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado federal. Asimismo, de conformidad con el punto cuarto del acuerdo complementario al diverso general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, por lo que transcurridos seis meses a partir de este proveído, podrá ser destruido, cabe hacer mención que el presente sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por ******, en su carácter de Jefe de Departamento de Catastro y Predial de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual manifiesta que se apersona como tercero interesado; asimismo, señala domicilio para recibir notificaciones y designa autorizados. En consecuencia, en virtud de que este órgano jurisdiccional mediante proveído de catorce de marzo del año en curso, se declaró carente de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; remítase la promoción de cuenta, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para los efectos legales correspondientes, previa copia que se deje en autos como constancia.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el catorce de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo, promovida por ---, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ..... Finalmente, este Juzgado se da por enterado que con el referido juicio se radicó el amparo directo civil número ---.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado el catroce de marzo de la presente anualidad , que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por **********, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le realizó en proveído de dieciocho de febrero de la presente anualidad, pues al efecto manifestó los actos que reclama y narró pormenorizadamente los antecedentes de los actos reclamados bajo protesta de decir verdad, que por esta vía combate. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario estudiar los actos reclamados por separado, en atención a su naturaleza. En primer lugar se estudiará el remate ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********** por el Juez Único Civil del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato. Para ello, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.]" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "[.]" "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la última parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el remate ordenado por el Juez Único Civil del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil **********. Sin embargo, dicho acto no es la última determinación dictada para causar daños irreparables al quejoso, ya que se requiere "que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", lo cual no acontece en el caso a estudio. Así es, porque aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicten ambas determinaciones, no obstante de que dichos acuerdos se realicen por separado, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el promovente podrá acudir al juicio biinstancial. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el mismo que en el caso lo constituiría la orden de entrega de los bienes rematados; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que el quejoso deberá esperar a que se pronuncien ambas determinaciones para estar en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, esto es, aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", tratándose de asuntos en los que existe remate de bienes, para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado referido es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y no está en presencia de un acto autónomo al procedimiento de ejecución, ni de imposible reparación. Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que el acto que se reclama fue emitido en ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado, en el que el quejoso tiene la calidad de parte, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de enero del año en curso, emitida por el Juez Único Civil del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil **********; dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del acto referido que se precisa en el libelo constitucional y sus escritos aclaratorios recibidos. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." En el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo y los escritos aclaratorios, se advierte que el quejoso señaló como uno de los actos reclamados, la resolución dictada por el Juez Único Civil del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, el dieciocho de enero del presente año, dentro juicio ordinario civil **********, con motivo del recurso de revocación interpuesto por el quejoso y demandado en el juicio de origen, contra el auto de diez de diciembre de dos mil quince, en el que se decretó la extinción de dicho proceso por el desistimiento de la parte actora en el juicio de origen de referencia. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado constituye una resolución con carácter definitivo, ya que, sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y en contra de la misma no procede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. Precisado lo anterior, es necesario destacar algunas cuestiones generales relativas a la procedencia del amparo directo, así como al órgano jurisdiccional competente para conocerlo. El artículo 107, fracción V, incisos b) y c), de la Constitución Federal y el diverso 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicio del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.]" De lo anterior se evidencia que para efectos del juicio de amparo directo una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal lo dé por concluido, como resulta en el caso, el auto que confirmó la extinción del proceso, respecto del cual la ley de la materia no conceda ningún recurso ordinario en virtud del cual pueda ser modificado o revocado. En el caso particular, la resolución dictada por el Juez Único Civil del Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, el dieciocho de enero del presente año, dentro del juicio ordinario civil **********, en la que determinó CONFIRMAR la extinción de dicho proceso, a la cual se opuso el aquí impetrante de garantías, como se dijo, constituye una resolución que pone fin al juicio, y sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, inclusive no procede en su contra algún recurso ordinario; por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, resulta entonces evidente que su estudio es materia de amparo directo. En ese sentido, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse una sentencia definitiva. Consecuentemente, en términos del artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir los autos originales del juicio en que actúa, los escritos aclaratorios y sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que determine lo que estime pertinente. II. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se surte la hipótesis ahí contenida.

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