Jose Rafael Saavedra García

Expediente 791/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
791/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Jose Rafael Saavedra García

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signado por el licenciado Jesús Alberto Tirado Vega, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales exhibidas en el presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 280 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que indica, previa copia certificada que se deje en autos y toma de razón de recibo que se asiente para constancia, tal como quedó ordenado en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, bajo el apercibimiento ahí decretado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de Jesús Alberto Tirado Vega, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que una vez que cause estado el proveído de doce de noviembre del año en curso, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo que promueve JOSÉ RAFAÉL SAAVEDRA GARCÍA, contra actos de las autoridades responsables que precisa en la misma, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 791/2018-2A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Atento, sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito se obtiene que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el escrito de demanda la parte quejosa señala como acto de reclamo, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de las autoridades responsables, la dilación existente al no cumplir con todos y cada uno de los plazos y términos determinado en la ley que rige al acto, respecto al trámite que deben realizar a fin de resolver con relación al otorgamiento o negativa debidamente fundada del derecho de la modificación de pensión por jubilación que fue peticionada, así como la omisión para dar respuesta a la solicitud de la modificación de pensión dejando de cumplir con el derecho de petición establecido en la Carta Magna, ya que exhibí ante la responsable H. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por medio de la oficina encargada de recepcionar e iniciar el trámite denominada DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES D ELOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, anexando la documentación requerida por la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES D ELOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, vigente en la fecha de su presentación; sin que al día de hoy medie respuesta completa y congruente con relación a la petición formulada, es decir, no existe pronunciamiento respecto al otorgamiento o negativa de la modificación de pensión solicitada, motivo por el cual se pide la protección de la Justicia de la Unión. [.]" En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 8º de la Constitución Federal, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues no se configuró violación alguna a tal disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto transcrito contiene la obligación de los funcionarios públicos de dictar el acuerdo que en derecho corresponda a las peticiones que se les presenten y hacerlas del conocimiento de los peticionarios en breve término. La locución "breve término", debe entenderse como el término razonable de que, en el caso concreto, dispone la autoridad para dar respuesta a la petición elevada, acorde a la naturaleza del contenido de la misma. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Ahora bien, es preciso establecer a que se refiere al dispositivo legal antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. En concordancia con lo anterior, se tiene que los artículos 58 y 117, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, refieren: Artículo 58. El derecho a jubilación y a las pensiones por retiro de edad y tiempo de servicio, invalidez o muerte, nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes, se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley, y hasta que cumplan con los requisitos que la misma señala. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de quince días, a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los quince días inmediatos siguientes, el Oficial Mayor de Gobierno, o quien tenga esa facultad en el Poder Judicial, Poder Legislativo, Municipios y los organismos públicos incorporados al régimen que esta Ley establece, revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trata, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 117 de esta Ley." "Artículo 117. Los acuerdos de la Junta Directiva por los cuales se concedan, niegue, modifiquen, suspendan o revoquen las Jubilaciones y Pensiones a que esta Ley se refiere, serán sancionados por el Ejecutivo del Estado para que puedan ser ejecutados. Las demás resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante la misma dentro de los quince días siguientes, quien resolverá en los términos de las disposiciones de la Ley del Procedimiento para los Actos Administrativos de la Administración Pública del Estado de Baja California." Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en su artículo 23, establece lo siguiente: Artículo 23. El Asegurado que solicitase Jubilación al Instituto, deberá presentar la siguiente documentación: 1) Solicitud por escrito de la prestación, dirigida al Director General del Instituto. 2) Hoja de Servicios expedida por la Dependencia facultada para dar fe del tiempo laborado por los trabajadores del Gobierno del Estado o de los Municipios u Organismos afiliados. En este caso, el mencionado documento constatará que el solicitante ha trabajado por espacio de treinta años, según lo establece el Artículo 67 de la Ley. Para complementar la información, el Departamento de Pensiones solicitará al Departamento correspondiente del Instituto, lo siguiente: a) Certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto, por parte del solicitante de Jubilación. b) En caso de reconocimiento de antigüedad, el trabajador justificará el pago de las cuotas y aportaciones omitidas por este concepto, o bien la forma como se convino con el Instituto, su liquidación. c) Certificación del último sueldo devengado por el trabajador. Obtenida esta información e integrado el expediente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente, notificándose al interesado y se continuará el procedimiento en los términos de los Artículos 7 y 8 del capítulo anterior" De la transcripción anterior se obtiene que las personas que tengan derecho a la jubilación y a las pensiones por retiro de edad y tiempo de servicio, invalidez o muerte, deberán presentar su solicitud y hoja de servicios expedida por la dependencia facultada para ello, conforme lo establecido en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, una vez hecho esto, el Instituto dará entrada a aquellas solicitudes cuyos expedientes se encuentren debidamente integrados por todos los documentos probatorios que cada caso y tipo de pensión se requiera y tendrá un plazo no mayor de quince días, para elaborar un dictamen, el cual se remitirá junto con el expediente respectivo a la Junta Directiva a efecto de que conceda o niegue el beneficio solicitado. Una vez realizado lo anterior, el dictamen respectivo será remitido dentro de los quince días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada. Bajo esa tesitura, se obtiene que el plazo para integrar el expediente respectivo, no deberá exceder de quince días. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante las autoridades responsables el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, y la demanda de amparo fue presentada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho; se pone de manifiesto que únicamente transcurrieron trece días hábiles, por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que las autoridades responsables den contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues las autoridades responsables se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegido del Decimonoveno Circuito, consultable en la página seiscientos treinta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Septiembre mil novecientos noventa y seis, con número de registro 201387, cuyo rubro y texto, dice: DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sustenta lo anterior, la Tesis I.4o.A.68 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página trescientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIII, Febrero mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 213551, cuyo rubro y texto, dice: PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Por lo anterior, resulta clara la causal de improcedencia aludida y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia ya referidos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos de la primera parte, del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Alberto Tirado Vega y Raúl Fernando Villalobos Pacheco; y únicamente en términos de la segunda parte, del párrafo segundo del numeral en cita, a Jaime Anibal Luna, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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