Jose Rafael Palacios Martinez
Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE RAFAEL PALACIOS MARTINEZ y Otros.
- Jose Rafael Palacios Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, por la que este órgano de control constitucional determinó NEGAR el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: ? Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ? Es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó y negó en el presente juicio de amparo por los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminando el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Por último, tomando en consideración por auto de tres de septiembre de dos mil veinte se ordenó formar el anexo I con las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución sede regional Puebla, consistentes en copias cotejadas de la causa penal 885/2020/PUEBLA y registros audiovisuales en dos discos versátiles digitales que contienen las audiencias de nueve y diecisiete de mayo de dos mil veinte; y dado que en esta fecha se envía al archivo el presente asunto, remítanse las mismas a la autoridad responsable, sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo hace las veces de acuse de esa circunstancia.
- Principal
Al efecto, la secretaria certifica y hace constar que las partes no manifestaron su deseo de que la presente audiencia se realice a través de videoconferencia, conforme al requerimiento contenido en el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte. El Juez provee: vista la certificación secretarial, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo aludido y se procede a desahogar la audiencia en la forma tradicional. La secretaria da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que Pablo Huetle Lugo, autorizado de la parte quejosa con la suma de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, presentó un escrito a través del cual realiza diversas manifestaciones, mismo que se registró con número de control interno 14111. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa por el que formula alegatos, con el cual se orden dar nueva cuenta en la etapa respectiva. Enseguida, el juez, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia abre el periodo probatorio, en el que la secretaria da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en copias cotejadas de la causa penal 885/2020/PUEBLA, así como los registros audiovisuales en dos discos versátiles digitales que contienen las audiencias de nueve y diecisiete de mayo de dos mil veinte; a lo que el juez acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas en razón de su propia naturaleza; al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, el juez declara abierta la fase de alegatos, en la que la secretaria hace constar que la parte quejosa los hizo valer mediante escrito presentado en veintinueve de octubre de dos mil veinte; por lo tanto, el juez cierra este periodo. A continuación, dicta la siguiente sentencia. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 359/2020, promovido por JOSÉ RAFAEL PALACIOS MARTÍNEZ. R e s u l t a n d o. Primero. Mediante escrito recibido ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veintiuno de agosto de dos mil veinte, recibido al día siguiente hábil en este juzgado, José Rafael Palacios Martínez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de la Juez de Control del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla, Zona Centro (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veinte dictada dentro de la causa penal 885/2020/PUEBLA, por considerarla violatoria de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20, apartado A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 590/2020, solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Por auto de veintidós de septiembre del año en curso, se ordenó emplazar al tercero interesado, y finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado la tiene conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo lo que el quejoso reclama en este juicio de amparo es: la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veinte, mediante la cual la juez responsable declaró infundado el incidente no especificado de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, dentro de la causa penal 885/2020/PUEBLA. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control de la Región Judicial Centro, con residencia en la ciudad de Puebla al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió como justificación consistentes en copias certificadas de la carpeta judicializada 885/2020/PUEBLA, así como los discos versátiles digitales correspondiente a las audiencias de nueve y diecisiete de mayo de dos mil veinte; documentales que por tratarse de actuaciones emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta la necesidad de suplir la queja deficiente de los mismos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a). En efecto, se debe recordar que el acto reclamado es la resolución que niega modificar la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, emitida en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veinte, derivada de la causa penal 885/2020. Para ello, es necesario precisar a manera de antecedentes, que en resolución de nueve de mayo de dos mil veinte la juez responsable dentro del proceso generador del acto reclamado decretó como medida cautelar la prisión preventiva necesaria solicitada en contra del quejoso, en razón de que: Tomó en consideración que se vinculó al inconforme por un delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado mariguana y LSD, conducta que representa un peligro para la sociedad porque suministra droga a otras personas lo que adujo constituye un problema de salud ya que estamos perdiendo personas por drogadicción y el Estado debe cuidar esa circunstancia, por lo que como dijo el Ministerio Público el quejoso representa un peligro para la sociedad. Además, porque existía una documental que manifiesta que representa un peligro para la sociedad, puesto que no quedó bien definido su domicilio, dado que la persona que proporcionó los datos al funcionario que fue a hacer la investigación correspondiente omitió señalar el departamento, además de que advirtió que en los informes que dio ante el órgano responsable tampoco señaló un interior o departamento. En audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veinte dentro de la carpeta judicial administrativa generadora del acto reclamado, previa individualización de las partes, se procedió a la fase de debate, en los que en esencia las partes argumentaron lo siguiente: La defensa particular del quejoso manifestó que la circunstancia que sustentó la imposición de la medida cautelar, esto es, el no haber demostrado su domicilio, había cambiado de manera objetiva, en razón de que con las documentales con las que previamente se había corrido traslado al ministerio público (comprobante domiciliario, acta de nacimiento, constancia de concubinato, constancia de identidad y constancia laboral) se demostraba el arraigo domiciliario de su defendido de más de cuatro años en la ciudad de puebla, así como de vivir más de año y medio en el domicilio proporcionado, por lo que podría ser modificada la medida cautelar impuesta por una diversa. En replica, el agente del Ministerio Público manifestó que no habían variado los motivos que sustentaron la imposición de la medida, pues no se encontraba demostrado el arraigo, aunado a que el quejoso había falseado respecto a su domicilio, según lo investigado por la Unidad de Medidas Cautelares, lo que evidencia un peligro de sustracción del imputado, así como que tiene facilidad para abandonar el lugar al ser originario de otra entidad; así también, que es un riesgo para la comunidad en atención a que quedó vinculado por hechos con apariencia del delito de suministro de dos narcóticos distintos, respecto del cual no han variado de forma objetiva las condiciones; finalmente que no existe la corroboración del domicilio por parte de la Unidad de Medidas Cautelares. A lo que la defensa manifestó que la fiscalía hace presunciones, en específico que por el delito por el que fue vinculado a proceso causa un peligro en contra de la sociedad, lo cual no es factible de acuerdo al principio de presunción de inocencia, pues no está siendo sentenciado y no pueden presuponer que sea un peligro para la sociedad; así también, que en cuanto al domicilio proporcionado si concuerda, existe y es el mismo que se había informado, pues no hay número de interiores en dicho inmueble, por lo que no varió la información del mismo; por ende, no existe posibilidad de que se evada de la justicia, por lo que se podría modificar dicha medida. Finalmente, el ministerio público reiteró que con motivo de haber sido vinculado a proceso por hechos señalado como delitos contra la salud por dos narcóticos distintos, los cuales superan el consumo mínimo y dado que se encuentran distribuidos y confeccionados en diversos envoltorios hacen presumir que son para suministro a la sociedad, concatenado con el hecho de haber falseado sobre el domicilio, las facilidades que tiene para abandonar el mismo hacen presumir el peligro de sustracción del imputado; aunado a la entrevista recabada a la concubina del imputado, quien hizo referencia a un domicilio diverso, por lo que no existe certeza de cuál es el departamento en el que habita en ese domicilio; por tanto, no han variado de forma objetiva las condiciones para modificar la medida cautelar previamente impuesta. Escuchado lo anterior, la juez responsable refirió que era posible advertir la solicitud de la defensa respecto a la modificación de la medida cautelar previamente impuesta al imputado, así como que dentro de su argumentación a dicha fecha exhibió diferentes documentos (comprobante domiciliario, acta de nacimiento, constancia de concubinato, constancia de identidad y constancia laboral) que acreditaban el domicilio proporcionado de manera originaria. Destacó que no existía, como lo pretendía hacer valer el ministerio público, una falsedad en el momento de proporcionar el domicilio, pues el hecho de no proporcionar un interior no atendía a que quisiera falsear o manipular información, sino a que no podía dar un número interior porque no existe. Por lo que, concluyó que con los documentos exhibidos se justificaba que el domicilio proporcionado de manera original era el correcto, por lo que se contaba con un domicilio cierto en el que puede ser localizado el imputado de referencia, en otras palabras encontró acreditado el arraigo del aquí quejoso. Sin embargo, precisó que la imposición de la medida cautelar debatida además de atender al domicilio del imputado, también obedecía a la circunstancia establecida en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a las condiciones de poner en riesgo a la comunidad, basado en la naturaleza del hecho por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso al imputado, a saber, por la comisión de un hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de suministro de un estupefaciente, la cual refirió no haber variado. Por ende, concluyó que si bien se había precisado identidad del domicilio donde anteriormente radicaba de manera habitual el imputado, empero, el hecho de haber cometido una conducta que implica suministrar un estupefaciente a determinadas personas con la posibilidad de hacerlo, esa misma circunstancia seguía existiendo, con lo cual se seguía poniendo en riesgo al resto de la comunidad, a un sector determinado que puede ser susceptible de que les suministren algún estupefaciente y con ello generar un conflicto o problema de índole social, penal o de salud; por lo que al no haber variado objetivamente esa circunstancia no se actualizaban los requisitos del artículo 161 de la ley adjetiva penal de la materia; por ende, no era posible acceder a la solicitud planteada. Como se ve, la circunstancia que motivó declarar improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar impuesta al quejoso de prisión preventiva necesaria fue que no se acreditó que hubiere variado de manera objetiva una de las condiciones que justificaron su imposición, en el caso, la de representar un riesgo para la comunidad o sociedad bajo la premisa de que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro; pues ello implica la posibilidad de que cometió la conducta de suministrar un estupefaciente a determinadas personas, condición que no ha variado, por lo que sigue existiendo la posibilidad de suministrar estupefacientes, con lo que pone en riesgo a la comunidad, a un sector determinado susceptible de que se le suministren lo que podría generarse un conflicto de índole social, penal o de salud. Ahora bien, asiste razón a la autoridad responsable de considerar que no ha variado el delito por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso, pues en efecto, si una de las causas por las cuales se impuso dicha medida fue precisamente que representa un riesgo para la sociedad, porque fue vinculado por un delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro, y dentro del debate no existió argumento en el sentido de que el ministerio público hubiere variado del delito atribuido en su acusación, entonces es legal la determinación del juez de la causa al negar la variación de la medida cautelar. En efecto, se debe tener presente que la Litis del presente juicio se limita a analizar si en efecto han variado las condiciones bajo las cuales se impuso la medida de prisión preventiva, mas no analizar las razones que se tuvieron para su imposición. Basta recordar que para restringir la libertad a través de la prisión preventiva es necesario que la finalidad de la medida sea asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Respecto al fin legítimo para decretar la prisión preventiva, tanto el artículo 19 de la Constitución Federal, como el artículo 167, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen como tales: Garantizar la comparecencia del imputado al juicio; Garantizar el desarrollo de la investigación; Garantizar la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; y, Cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Como se dijo anteriormente, la medida cautelar se impuso al quejoso bajo el argumento de que no estaba garantizada su comparecencia al juicio, dado que no demostró su domicilio, y porque representaba un riesgo para la sociedad, dada la naturaleza del delito por el cual fue vinculado, aspectos que quedaron determinados en la resolución de nueve de mayo de dos mil veinte, y que se insiste en la presente no pueden ser motivo de análisis en cuanto a su legalidad o no, sino que en el caso únicamente se debe analizar si estos han variado o no, tal como se establece en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, si en la audiencia de revisión de la medida cautelar quedó demostrado que el delito por el cual se vinculó al quejoso subsiste, al no existir acusación de uno diverso, y que ese delito es la razón por la que se considera al quejoso como un peligro para la sociedad, es correcta la determinación de la autoridad responsable, se insiste, ello sin analizar la legalidad de la razón de considerar al imputado un peligro para la sociedad. Por último cabe precisar que es un hecho notorio para quien resuelve, que en esta misma fecha se dictó sentencia en el juicio de amparo con número de expediente 591/2020, promovido por el mismo quejoso, pero en contra de la imposición de medida cautelar de prisión preventiva necesaria, decretada en la audiencia de nueve de mayo de dos mil veinte; resolución en la que al analizar las razones por las cuales se impuso dicha medida al quejoso, se expuso: ".Finalmente, cabe destacar que se estima incorrecto que la juez responsable acogiera los argumentos de la representación social consistentes en: - Que al estar vinculado el impetrante por un delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado mariguana y LSD, se considere que representa un peligro para la sociedad, al sostener que suministra droga a otras personas. - Que en autos no se encuentra corroborada la identidad del domicilio proporcionado por el quejoso, pues no se logró verificar si en el número de vivienda designado hay o algún número interior. Lo anterior, en virtud de que, la primera, transgrede en perjuicio del quejoso su presunción de inocencia, como regla de trato procesal, y la segunda, resulta inverosímil. En efecto, la presunción de inocencia implica que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia, así dicho principio impone a los jueces, en la medida de lo posible la prohibición de aplicar medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable. Ahora bien, la simple afirmación de que el quejoso constituye un peligro para la sociedad por haber sido vinculado por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro, implica darle tratamiento de culpabilidad, porque este elemento será determinado hasta el momento que se formule acusación, y en su caso que exista sentencia que en efecto así lo determine. De ahí que la simple emisión de la vinculación por ese delito no implica que el quejoso constituya un peligro para la sociedad, pues en todo caso dicha cuestión se debe determinar a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares del quejoso y no así de la clasificación jurídica preliminar respecto de la cual se vinculó al impetrante. Por otra parte, la afirmación de la representación social de que no se encuentra corroborado el domicilio señalado por el quejoso, en tanto que no se logró establecer si hay o no un número interior del mismo, resulta inverosímil. Lo anterior, en virtud de que de acuerdo a lo narrado por la Ministerio Público personal de la Unidad de Medidas Cautelares se constituyó en dicho lugar, de ahí que no sea creíble que no haya podido verificar si existe interior o no, pues bajo las reglas de la lógica si el personal designado compareció al domicilio proporcionado por el quejoso, es imposible que no hayan estado en aptitud de observar si en efecto existen o no interiores. De ahí que la simple manifestación de la representación social en ese sentido sea insuficiente para estimar que no fue posible corroborar el domicilio, puesto que es inverosímil que se haya acudido al domicilio y no se hubieran percatado de la forma en que se estructura el mismo, es decir, si en él existen números interiores o no. De ahí que resulta contrario a los derechos fundamentales del quejoso que se tomaran en consideración los referidos argumentos y, por ende, el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales del impetrante." Como se advierte, en la sentencia de amparo que se invoca como hecho notorio, se expuso la ilegalidad de la razón por la cual se consideró que el quejoso constituye un riesgo para la sociedad, porque vulnera el principio de presunción de inocencia -como regla de trato procesal- al prejuzgar sobre una conducta respecto de la cual no se ha establecido legalmente su culpabilidad, sin embargo, se insiste que en el caso concreto no se puede analizar la legalidad de esa razón, sino solamente si subsiste o no. En tales condiciones, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rafael Palacios Martínez, en contra de la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veinte, emitida por la Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, dentro de la carpeta judicial administrativa 885/2020/PUEBLA de su índice, a través de la cual negó modificar la prisión preventiva necesaria. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++ contra del acto reclamado a la Juez de Control de la Región Judicial Centro, respecto del acto reclamado consistente en la resolución que declara improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, dictada en su contra en la carpeta judicial administrativa ++/2020/PUEBLA de su índice. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de este fallo.
- Principal
... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a +++ contra del acto reclamado a la Juez de Control de la Región Judicial Centro, respecto del acto reclamado consistente en la resolución que declara improcedente la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, dictada en su contra en la carpeta judicial administrativa ++/2020/PUEBLA de su índice. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de este fallo.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo requerido en auto de nueve de octubre del año en curso, e informando que fijo las doce horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de suspensión condicional, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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