José Rafael Hernández Águila
Expediente 840/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Rafael Hernández Águila
- Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Sentencia causa ejecutoria. Se ordena archivo y destrucción. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ********************, en la que se decretó el ******************** en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, ******************** deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos y billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa José Rafael Hernández Águila, el contenido del proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho...V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 840/2018-IV, promovido por José Rafael Hernández Águila, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, José Rafael Hernández Águila solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala) y otras autoridadez, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, la registró con el número 840/2018-IV y la admitió a trámite; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, se ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Tlaxcala y al Consejo de Honor y Justicia de dicha Comisión,; al igual se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 9 a 12). Finalmente la audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO III COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de un tribunal ubicado en esta entidad federativa. IV FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa): La omisión de ejecutar la sentencia de siete de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca administrativo 291/2013, del índice de la responsable y paralizar el procedimiento de ejecución. La omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en auto de cinco de enero de dos mil dieciocho. Del Oficial de Partes Non y del Secretario de Acuerdos Non de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa): La paralización del procedimiento de ejecución en los autos del toca administrativo 291/2013. Del Diligenciario Non de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa): La omisión de notificar los autos y resoluciones que se dicten de manera oficiosa dentro del toca administrativo 291/2013, posteriores al auto de cinco de enero de dos mil dieciocho. Del Consejero Presidente Héctor Maldonado Bonilla, los Consejeros Martha Zenteno Ramírez, Leticia Caballero Muñoz, Álvaro García Moreno, Mildred Murbartian Aguilar y de la Secretaria Ejecutiva, todos del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala: La omisión de vigilar, supervisar, investigar y sancionar la disciplina y desempeño de las funciones del Oficial de Partes, Diligenciario y Secretario de Acuerdos adscritos a la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa). V INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMDO AL OFICIAL DE PARTES NON, SECRETARIO DE ACUERDOS NON Y AL MAGISTRADO UNITARIO DE LA EXTINTA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (ACTUALMENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). Así pues, debe tenerse por inexistente el acto reclamado al Presidente de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), consistente en la omisión de ejecutar la sentencia de siete de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca administrativo 291/2013, del índice de la responsable y paralizar el procedimiento de ejecución; así como el reclamado al Oficial de Partes Non y Secretario de Acuerdos adscrito dicho Tribunal, consistente en la paralización del procedimiento de ejecución en los autos del toca administrativo 291/2013. Lo anterior es así, en razón al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de dichos actos (fojas 36 a 51). Además, como se puede advertir, la parte quejosa reclama la omisión genérica de tomar las medidas necesarias para lograr la ejecución de la sentencia dictada siete de junio de dos mil dieciséis, y como motivo de ello la paralización del procedimiento de ejecución, por la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa); sin embargo, cuando ello ocurre, el acto reclamado debe estimarse inexistente, en virtud de que son actos de realización futura e incierta, pues las actuaciones de ejecución están sujetas a la petición de las partes. Para corroborar lo anterior, resulta imperativo traer a colación las consideraciones esenciales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó al resolver la contradicción de tesis 339/2011 en sesión del diecinueve de octubre de dos mil once, en donde señaló: "La Ley Federal del Trabajo, en el Título Quince 'Procedimientos de Ejecución', Capítulo I, Sección Primera, Disposiciones Generales, que comprende del artículo 939 al numeral 946, y en lo que aquí interesa, establecen: 'Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas.' 'Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.' 'Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.' 'Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo.' La sección segunda del mismo título, regula el procedimiento de requerimiento de pago y embargo, mediante las siguientes disposiciones: 'Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización.' 'Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo.' 'Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario.' 'Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El Presidente Ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado.' De la interpretación sistemática de las normas supra insertas se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al Presidente de la Junta a la sazón responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el Presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa, pues en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el Presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el Presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que, agotadas las medidas que hubiere adoptado el Presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado, para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, tenemos que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. El artículo 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor, para el logro de tal fin y el diverso 957, dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa de procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. (.) Ahora bien, dentro del contexto de la ejecución forzosa del laudo, no se debe perder de vista que los artículos 519 a 522 de la Ley Federal del Trabajo, regulan la prescripción, y entre los derechos sujetos a esta figura jurídica, se encuentra en la fracción III, del precepto citado en primer término, las acciones para solicitar, la ejecución de laudos y convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Respecto de este último punto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/97, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ambos en Materia de Trabajo, efectuó, entre otras, las siguientes consideraciones: (.) Dicha ejecutoria dio lugar a la tesis titulada: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN." De los razonamientos expresados en la supra inserta ejecutoria, ha de retomarse para la contradicción de criterios que ahora se resuelve, la consideración medular de que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Ahora bien, tal como lo señala el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS, consideró, entre otras cuestiones, que: (Lo trascribe). Partiendo de las premisas que se han establecido al inicio del presente apartado y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior al transcurso de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y aunado lo anterior a la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, contrario a lo que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, las jurisprudencias 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007, que derivaron de la contradicción de tesis 216/2006-SS, tituladas: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS." y "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", no son aplicables a la etapa de ejecución forzosa del laudo. Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al Presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a 'causa imputable a las partes' o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de 'otras autoridades', lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita, que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del Presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al Presidente ejecutor, trascurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Del precedente anterior derivó la jurisprudencia 15/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2771 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Los criterios trascritos, revelan que tratándose del procedimiento de ejecución forzosa de laudos, pueden identificarse dos etapas; la primera, en donde el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje -o Tribunal, en este caso-, toma las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, la cual tiene naturaleza oficiosa, y la segunda, que se sigue a instancia de parte, y en donde se exige la participación del ejecutante. Ahora, los criterios analizados son considerados por este juzgador como temáticos, de los que se puede desprender que siempre que se contemple la posibilidad de que prescribir la ejecución de una resolución, se revela la carga procesal que recae sobre la parte que obtuvo una resolución favorable, por lo que el ejecutante está obligado a impulsar procesalmente la ejecución de la sentencia. Es por este motivo que en los casos en donde se reclame genéricamente la omisión de tomar las medidas necesarias para ejecutar resoluciones definitivas, y el ejecutante sea el obligado a impulsar procesalmente la ejecución de la sentencia, el acto deberá declararse inexistente, pues dada la naturaleza dispositiva del procedimiento de ejecución del laudo, la existencia de una omisión sólo podrá responder a una petición previa. Es oportuno precisar que dicho precedente es aplicable al caso concreto, pues si bien se emitió con fundamento en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que de una interpretación sistemática de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la primera, en las que se regula la ejecución de la resolución del juicio de donde deriva el acto reclamado, se establecen disposiciones similares, por ejemplo, con la forma en que debe ejecutarse el embargo y se prevé la prescripción de la ejecución de las sentencias. En efecto, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, regula la ejecución de las sentencias emitidas por la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), en sus artículos 139 a 144, precisa la ejecución forzosa de los actos administrativos; dichas disposiciones son del contenido siguiente: "De la Ejecución de los Actos Administrativos Artículo 139. Los actos y acuerdos de las autoridades a que se refiere esta Ley y de la Sala Electoral Administrativa son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto para el caso de la interposición de un recurso que suspenda la ejecución de un acto. Artículo 140. Las autoridades administrativas, a través de sus órganos competentes, puede proceder a la ejecución coactiva de los actos administrativos, previo apercibimiento. Artículo 141. La ejecución forzosa por la administración se efectúa por los siguientes medios: I. Embargo; II. Ejecución subsidiaria, y III. Multa. Artículo 142. Si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad líquida, se debe seguir el procedimiento establecido en la legislación hacendaria del Estado. Artículo 143. Tiene lugar la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso la administración realizará el acto por sí o a través de las personas que determine a costa del obligado. El importe de los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el Artículo anterior. Artículo 144. La administración puede imponer multas reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenado, en la forma y cuantía que las Leyes determinen". De dichas disposiciones legales, no se advierte el procedimiento que se debe seguir para la ejecución de las sentencias, esto es, si la autoridad responsable de manera oficiosa debe realizar los actos ejecutivos o es a petición de parte, pues dichos numerales solo establecen que los actos o acuerdos emitidos por la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa) son ejecutivos, y que las autoridades administrativas, a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento, pueden proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, ya sea mediante el embargo, la ejecución subsidiaria (cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado), y la multa. No obstante, resulta inconcuso que para determinar si la autoridad responsable de manera oficiosa debe realizar los actos ejecutivos o es a petición de parte, se debe acudir a lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Así pues, la legislación apuntada establece respecto al procedimiento de ejecución de sentencias, lo siguiente: "TITULO OCTAVO EJECUCION DE SENTENCIAS CAPITULO I Ejecución de sentencias dictadas por los tribunales del Estado Artículo 568.- Debe ejecutar las sentencias, el Juzgado que las hubiere pronunciado en primera instancia. Artículo 569.- Dentro de los tres días siguientes a la última notificación de una sentencia de apelación o de queja, el Tribunal Superior de Justicia enviará testimonio de ella y de las notificaciones al inferior, devolviéndole, en su caso, los autos de primera instancia. Artículo 570.- El testimonio a que se refiere el artículo anterior se llama ejecutoria, y siempre que se expida se hará constar en los autos. Artículo 571.- Si la sentencia cuya ejecución se pide, condena a hacer alguna cosa, el Juez señalará a la parte que fue condenada, un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho. Artículo 572.- Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes: I.- Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le apremiará por los medios establecidos en el artículo 131, sin perjuicio del derecho para reclamar la responsabilidad civil; II.- Si el hecho pudiere prestarse por otro, el Juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado, en el término que le fije; III.- Si el hecho consiste en el otorgamiento de alguna escritura u otro instrumento, lo ejecutará el Juez, expresándose en el mismo que se otorga en rebeldía. Artículo 573.- Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en el pago de daños y perjuicios y si hay obra material se destruirá ésta. Artículo 574.- Si la sentencia que se trata de ejecutar no condena a una cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, presentará su liquidación de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Artículo 575.- Si la parte condenada nada expusiere dentro del término fijado en el artículo anterior, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación. Artículo 576.- Si la parte condenada expresare, dentro del término, su inconformidad con la liquidación, se dará vista de la razones que alegue a la parte promovente la que contestará dentro de tres días, fallando el Juez dentro de igual término lo que estime arreglado a derecho. Artículo 577.- No cabe recurso contra las resoluciones a que se refieren los artículos 575 y 576. Artículo 578.- Cuando se pida la ejecución de sentencia, una vez determinado su importe en una cantidad líquida conforme a los artículos anteriores, si no hay bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo que en este Código se dispone para el secuestro judicial y para el juicio ejecutivo. Artículo 579.- Contra la ejecución de la sentencia o convenio sólo se admitirán las siguientes excepciones: I.- La de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; II.- Las de transacción, compensación y compromiso en árbitros si se pide dentro de un año, pero después de ciento ochenta días; III.- Las de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, si la ejecución se pide después de transcurrido un año. Artículo 580.- Las excepciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser posteriores a la sentencia o convenio y constar por documento público, por documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial. Artículo 581.- Los términos fijados en el artículo anterior, se contarán desde la fecha de la sentencia o convenio, a no ser que en ellos se fije plazo para el cumplimiento de la obligación, caso en el cual se contará el término desde el día en que se venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se tratare de prestaciones periódicas. Artículo 582.- Podrá también oponerse la excepción de falsedad de instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Artículo 583.- Las excepciones podrá oponerlas el deudor dentro de los tres días siguientes al embargo, acompañándose el instrumento en que se funden, o pidiendo la confesión o el reconocimiento judicial. Artículo 584.- No se admitirán las excepciones a la ejecución si no se oponen en la forma establecida en el artículo anterior. Artículo 585.- La oposición a la ejecución se tramitará en la forma de incidente y la interlocutoria que en él se dicte no admite recurso alguno. Artículo 586.- Si la interlocutoria tiene por probada la excepción o excepciones opuestas a la ejecución, declarará que la ejecutoria estaba ya cumplida. Artículo 587.- Si se desechan las excepciones y los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, se hará pago al acreedor en los términos de la sentencia. Artículo 588.- Los bienes embargados se rematarán de acuerdo con las disposiciones de este Código. Artículo 589.- No son recurribles las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia. Artículo 590.- Todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de una sentencia, serán a cargo del que fue condenado en ella. Artículo 591.- La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio, durará tres años, contados conforme al artículo 581. Artículo 592.- Todo lo que en este capítulo se dispone respecto de las ejecutorias comprende las transacciones, convenios judiciales y laudos que ponen fin a los juicios arbitrales. Artículo 593.- Las transacciones y los convenios celebrados en juicio serán ejecutados por el Juez que conozca del negocio. Artículo 594.- Si las transacciones o convenios se celebraren en segunda instancia, serán ejecutados por el Juez que conoció en la primera, observándose en lo conducente lo prevenido en el artículo 569. Artículo 595.- La ejecución de transacción, en la vía de apremio que establece este capítulo, no procede si no consta la transacción, en escritura pública o judicialmente en autos." Pues bien, de una interpretación armónica de las disposiciones legales de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, podemos advertir que la ejecución de las sentencias emitidas por la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), se debe efectuar en los siguientes términos: Si en la sentencia se condena a hacer alguna cosa, la Sala Administrativa (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa) señalará a la parte que fue condenada, un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho. En caso de incumplimiento la Sala Administrativa (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), puede proceder a la ejecución coactiva de los actos administrativos, previo apercibimiento. La ejecución forzosa o coactiva se efectúa, indistintamente, por los siguientes medios: I. Embargo; II. Ejecución subsidiaria, y III. Multa. Si la sentencia que se trata de ejecutar no condena a una cantidad líquida el actor debe presentar la liquidación. Solo cuando exista cantidad líquida se podrá embargar. Para el embargo se observara lo que en este Código se dispone para el secuestro judicial y para el juicio ejecutivo. Se pueden oponer las excepciones de pago consistentes en I.- La de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; II.- Las de transacción, compensación y compromiso en árbitros si se pide dentro de un año, pero después de ciento ochenta días; III.- Las de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, si la ejecución se pide después de transcurrido un año. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio, durará tres años, contados conforme al artículo 581. No pasa desapercibido que la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevé que, si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad líquida, se debe seguir el procedimiento establecido en la legislación hacendaria del Estado; no obstante, de la lectura de las disposiciones legales que establecen la ejecución de créditos, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, no se advierte un mecanismo idóneo para el cobro de una cantidad líquida en contra de una autoridad condenada a nulificar un acto de autoridad y pagar una cantidad líquida; pues de un análisis minucioso de dichas disposiciones se advierte que están encaminadas al cobro de créditos a cargo de los contribuyentes. En tal tesitura, a consideración del suscrito juzgador, el artículo 142 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en una interpretación sistemática con el capítulo IV, del Título Décimo Tercero, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipio, refleja que la intención del legislador fue, por un lado, que los actos administrativos impugnados por los medios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, emitidos por la extinta Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), que reafirmen actos administrativos e impongan el pago de cantidades líquidas sean inmediatamente ejecutivos, y segundo, que al constituirse como créditos fiscales pueden ser inmediatamente exigidos a los contribuyentes a través del procedimiento de ejecución establecido en el Código Financiero. Por ello, se estima que el procedimiento para ejecutar una sentencia emitida por la Sala Administrativa (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), que justamente revoque un acto administrativo, aun cuando establezca condenas líquidas, debe llevarse a cabo a en términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Asentado lo anterior, y toda vez que la legislación que regula la ejecución de la sentencia emitida por la responsable, contempla la prescripción de su acción, es inconcuso que se revela la carga procesal que recae sobre la parte que obtuvo una resolución favorable, por lo que el ejecutante está obligado a impulsar procesalmente la ejecución de la sentencia. Por tanto, resulta dable concluir que en este caso es inexistente el acto reclamado, si se pondera, en primer lugar, que el quejoso reclama la omisión -genérica-de lograr la ejecución de la sentencia que le resultó benéfica, ya que la simple inactividad no equivale a una omisión, dado que para configurarse la misma es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XVII/2018 (10a), publicada en el Semanario judicial de la Federación, Décima época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En consecuencia, y tal como lo expone la ejecutoria a que se ha hecho referencia en primer término, no es factible tener por existente el acto reclamado, situación que conduce a sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a la omisión reclamada. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. Por otro lado, también se estima inexistente el acto reclamado a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de vigilar, supervisar, investigar y sancionar la disciplina y desempeño de las funciones del Oficial de Partes, Diligenciario y Secretario de Acuerdos adscritos a la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa). En primer lugar, se debe precisar que, para determinar la certeza de la omisión reclamada, se debe verificar si efectivamente a dichas responsables les corresponde la emisión de los actos que se les atribuyen en la demanda de amparo, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En esa virtud, resulta necesario examinar si las autoridades responsables arriba enunciadas tenían la obligación legal de actuar en la forma pretendida por la parte quejosa, en específico vigilar, supervisar, investigar y sancionar la disciplina y desempeño de las funciones del Oficial de Partes, Diligenciario y Secretario de Acuerdos adscritos a la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de manera oficiosa. Ahora bien, para determinar si las autoridades responsables estaban obligadas a actuar en la forma que se les requirió, se debe atender a lo dispuesto por la normatividad que rigen su actuar, en específico, a lo dispuesto por los artículo 68, 71, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, que señala las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, así como de su presidente, consejeros y secretario ejecutivo; los cuales son del siguiente tenor literal: "Artículo 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura:I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y sancionar, en su caso, jueces, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, a excepción de los magistrados propietarios. II. Dividir al Estado en Distritos Judiciales, residiendo en ellos los juzgados de primera Instancia que el Consejo determine;III. Expedir acuerdos generales para el ejercicio de sus funciones administrativas, incluyendo los relativos a la carrera judicial;IV. Informar al Pleno del Tribunal respecto de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces de primera instancia; así como del personal auxiliar de la función jurisdiccional;V. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento;VI. A solicitud del Pleno del Tribunal, emitir acuerdos generales para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional;VII. Determinar en el reglamento o disposición administrativa en la materia, los procedimientos, requisitos y criterios de selección, en los que se tomarán en cuenta la carrera judicial, el concurso de oposición y demás exigencias de orden constitucional; asimismo, expedir y mantener actualizados, los reglamentos interiores en materia administrativa, que rijan las funciones de los órganos de justicia y sus servidores públicos; los de examen de oposición para ocupar el cargo de Juez y demás servidores públicos; de la carrera judicial; de escalafón y de regímenes disciplinarios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial;VIII. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, al Secretario Ejecutivo; y a propuesta de los consejeros al Tesorero y al personal operativo, que reúnan los requisitos para el cargo de que se trate; IX. Recibir, tramitar y resolver las quejas administrativas o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como las quejas que se formulen en contra de los Jueces de los Juzgados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables;X. Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos del Poder Judicial que se hayan destacado en el desempeño de su cargo, conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; XI. Vigilar el funcionamiento del órgano que realice labores de compilación y sistematización de leyes, tesis, ejecutorias, precedentes y jurisprudencia, así como de la estadística e informática, de la biblioteca y del archivo general del Poder Judicial;XII. Solicitar al Pleno, a las salas y al Magistrado Presidente, así como a las unidades de apoyo del Tribunal Superior, la información procedente y opiniones que requiera para el mejor desempeño de sus funciones; XIII. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares; XIV. Ordenar las visitas periódicas a los juzgados, para observar la conducta y desempeño del personal; recibiendo las quejas y denuncias que hubiese en contra de ellos. Ejercer las atribuciones que señala esta ley, así como practicar las visitas especiales o extraordinarias que le solicite el Pleno del Tribunal, dándole cuenta oportuna, en ambos casos, de sus resultados; XV. Elaborar estudios de las leyes y disposiciones reglamentarias relacionadas con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; XVI. Autorizar a los secretarios de los juzgados para desempeñar las funciones de los jueces en las ausencias temporales de éstos; asimismo, designar a los secretarios interinos, conforme a los lineamientos que al respecto emita el Consejo de la Judicatura; XVII. Conocer y resolver respecto de las renuncias de los servidores públicos de confianza, de base y demás personal administrativo del Poder Judicial del Estado, con excepción de lo previsto en esta materia para los magistrados; XVIII. Conceder licencia sin goce de sueldo hasta por seis meses, a los servidores públicos y al personal de confianza del Poder Judicial, con excepción de lo reservado al respecto para los magistrados. Por lo que se refiere al personal de base, conforme se establece en las condiciones generales de trabajo; XIX. Emitir las bases generales para las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes, la prestación de servicios y la contratación de obra que realice el Poder Judicial, atendiendo lo dispuesto en las leyes de la materia; XX. Calificar legalmente los impedimentos de los integrantes del Consejo de la Judicatura; XXI. Comunicar al Ministerio Público la presunta comisión de delitos por servidores públicos del Poder Judicial, cuando con motivo de su actuación tenga conocimiento de éstos; XXII. Fijar las bases de la política informática y estadística en el Poder Judicial; XXIII. Aprobar el plan de trabajo anual del Centro Estatal de Justicia Alternativa; XXIV. Aprobar los convenios de colaboración interinstitucional propuestos por el Centro Estatal de Justicia Alternativa; XXV. Aprobar el Reglamento del Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como su reforma, adición o derogación; XXVI. Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas administrativas o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, tomando en consideración lo previsto por este ordenamiento y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables;XXVII. Otorgar autorización para que en una sede de juzgado puedan actuar uno o más jueces, y XXVIII. Las demás que las leyes o reglamentos le otorguen." "Artículo 71. Los Consejeros tendrán las atribuciones siguientes: I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo de la Judicatura; II. Realizar las propuestas necesarias para el mejor funcionamiento del Poder Judicial; III. Cumplir con las comisiones que se les encomienden, y IV. Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias." "Artículo 72. Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura, las siguientes: I. Presidir el Pleno del Consejo de la Judicatura, dirigir los debates, conservar el orden en las Sesiones, conocer y dar cuenta al Consejo de la Judicatura con la correspondencia recibida; II. Convocar a los integrantes del Consejo de la Judicatura a sesiones ordinarias o extraordinarias cada vez que lo estime necesario, señalando si serán públicas o privadas; III. Presentar y ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial, en lo que atañe al Consejo de la Judicatura, a sus órganos y unidades de apoyo, excepto, el correspondiente al Pleno y a las salas del Tribunal; IV. Resolver los asuntos cuya atención no admita demora, dada su importancia y trascendencia; V. Vigilar el funcionamiento de los órganos auxiliares y de las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura; VI. Hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura en Pleno, las faltas absolutas de los jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los magistrados; VII. Recibir quejas o denuncias administrativas por faltas cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los magistrados y dar cuenta al Consejo de la Judicatura; VIII. Vigilar que los jueces rindan oportunamente el informe de sus actividades; IX. Ejercer las atribuciones que esta ley le encomienda en lo relativo al archivo judicial, en materia editorial y la biblioteca, y X. Representar al Consejo de la Judicatura del Estado; XI. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura y turnar los asuntos entre sus integrantes o entre las comisiones en su caso, para que formulen los proyectos de resolución; XII. Despachar la correspondencia oficial del Consejo de la Judicatura, salvo la reservada a las comisiones; XIII. Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura los nombramientos de los titulares de los órganos auxiliares y demás personal del Consejo de la Judicatura; XIV. Proponer al Pleno el orden del día de las sesiones, en el cual deberán considerarse los asuntos que sean turnados para conocimiento del Consejo de la Judicatura, y XV. Las demás que determinen las leyes, el Pleno, los reglamentos y acuerdos generales." "Artículo 74. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura: I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las relaciones laborales entre el Poder Judicial y sus servidores públicos; II. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos del Poder Judicial; III. Proveer oportunamente a las dependencias del Poder Judicial de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que requieran; IV. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial y procurar su conservación; V. Administrar los almacenes del Poder Judicial; VI. Comunicar a nombre del Consejo de la Judicatura al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, los casos de terminación de la relación laboral y de los demás asuntos que así lo ameriten conforme a la ley; VII. Organizar periódicamente cursos de capacitación para el personal administrativo del Poder Judicial; VIII. Controlar e incrementar el acervo de la biblioteca jurídica, y IX. Las demás que le fijen otras disposiciones legales." De una interpretación sistemática de dichas disposiciones jurídicas, se puede advertir que no existe obligación de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, ya sea en su carácter de consejeros, presidente o integrantes del Pleno, de vigilar, supervisar, investigar y sancionar de manera oficiosa la disciplina y desempeño de las funciones del Oficial de Partes, Diligenciario y Secretario de Acuerdos adscritos a la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa). Si bien es cierto, que dichas acciones se encuentran dentro de sus atribuciones, para poder hacerlo se requiere de que se siga un procedimiento administrativo en contra de alguno de estos servidores públicos, iniciado con motivo de una queja o visita ordinaria o extraordinaria que realicen. En efecto, de la fracción XIV, del artículo 68, dela Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se desprende que el Pleno puede ordenar visitas periódicas a los juzgados, para observar la conducta y desempeño del personal; recibiendo las quejas y denuncias que hubiese en contra de ellos; no obstante, ello no es una obligación, sino una facultad que puede ser ejercida en cualquier momento por las responsables. En este contexto, acudiendo a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad, se puede determinar que no existe la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso, por lo que es que se puede determinar que la omisión a estas reclamadas es inexistente, ya que para pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica (lo que no ocurre en la especie), porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En corolario con todo lo anterior, ante la falta de obligación de actuar en el sentido que se pide, la omisión reclamada al Consejero Presidente Héctor Maldonado Bonilla, los Consejeros Martha Zenteno Ramírez, Leticia Caballero Muñoz, Álvaro García Moreno, Mildred Murbartian Aguilar y de la Secretaria Ejecutiva, todos del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, debe considerarse inexistente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, materias común y administrativa, página 53, con número de registro 196080, del siguiente rubro y texto. "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL DILIGENCIARIO NON DE LA EXTINTA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA (ACTUALMENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). Para analizar sobre la existencia o inexistencia del citado acto reclamado, primeramente es pertinente reflexionar que la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclama del Diligenciario Non de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), la omisión de notificar los autos y resoluciones que se dicten de manera oficiosa dentro del toca administrativo 291/2013, posteriores al auto de cinco de enero de dos mil dieciocho. Pues bien, de la revisión de las constancias certificadas del expediente 291/2013, se puede advertir, que posterior al auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, únicamente se dictó el proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, (fojas 902 y 927); no obstante, de dichas constancias se advierte que la omisión de notificar dicho acuerdo, atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda, era inexistente, pues, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, fue notificado a las partes el veinticuatro de abril y el treinta de mayo del presente año (foja 928). En esta tesitura, atendiendo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de septiembre de dos mil dieciocho), el acto aquí analizado (consistente en la omisión de notificar los autos posteriores al cinco de enero de dos mil dieciocho), no era existente, pues en dicha fecha, dicha omisión no existía, pues el único auto dictado después del citado proveído, ya había sido notificado. En este contexto, es evidente que dicho acto reclamado es inexistente, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. VI CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Debe tenerse por cierto el acto reclamado al Presidente de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), consistente en la omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, aun cuando haya negado su existencia; pues, lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), consistentes en copias certificadas del toca administrativo 291/2013; las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Ello es así, en razón de que de dichas constancias se advierte que el apercibimiento de multa decretado en el proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, no se ha hecho efectivo. VII OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA El acto reclamado tienen el carácter de omisivo, por tanto, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la omisión, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo (quince días). VIII CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Pues bien, a consideración del suscrito juzgador, respecto del acto reclamado al Presidente de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa), consistente en la omisión de hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente 291/2013, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Esta porción normativa fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de derechos humanos, como si el acto no hubiese irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no dejó huella alguna. Asimismo, ha sido criterio reiterado del Máximo Tribunal del País, que la cesación de efectos del acto reclamado, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 291/2013, del índice de la responsable. No obstante, como se adelantó, los efectos de la promoción reclamada han desaparecido, pues el proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, fue sustituido procesalmente por la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 902 y 924). Lo anterior se estima así, en virtud de que en dicho proveído se analizaron las constancias que remitió la autoridad condenada en dicho juicio, para dar cumplimiento al proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, y en la que se determinó que había dado cumplimiento parcial a la sentencia y se le apercibió de nueva cuenta para que la cumpliera en los términos ahí establecidos. Por tanto, es evidente que al haberse sustituido procesalmente el apercibimiento decretado el cinco de enero de dos mil dieciocho, la omisión reclamada cesó sus efectos, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 la ley reglamentaria del juicio de amparo. Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por José Rafael Hernández Águila, respecto de los actos precisados en el considerando IV, bajo los argumentos expuestos en los diversos V y VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día de la audiencia, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte la razón actuarial de once de octubre de dos mil dieciocho, y visto su contenido, téngase al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, informando que al cumplir con lo ordenado y entregar el oficio número 33731/2018 dirigido a la Consejera Leticia Caballero Muñoz, representante de los Jueces e integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (autoridad responsable), fue atendido por ********************quien le informó no contar con sello oficial de recibido, por tal motivo recibe el oficio y para constancia de notificación asienta su nombre, fecha y hora; en consecuencia, se tiene por hecha la notificación del oficio respectivo, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días a que alude el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia,con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en auto de ocho del mes y año en curso (foja 74 a 76). En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.
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