José Rafael Eugenio Ibañez

Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
448/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • José Rafael Eugenio Ibañez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese en autos el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, mediante el cual, remite el escrito signado por **** dirigido al juicio de amparo *** del índice del Juzgado Decimotercero de esa especialidad y residencia, en que interpuso recurso de queja contra "(.) del auto notificado electrónicamente el 30 de septiembre de 2021 (.)"; en tal virtud, remítase por interconexión al segundo órgano jurisdiccional de referencia, una impresión del escrito de mérito, a fin de que acuerde lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, signado por la secretaria de este juzgado y anexos que acompaña -que contienen la demanda de amparo promovida por **** por conducto de ****, contra actos que reclama del "Fiscal General de la República" y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 448/2021. I. En virtud de que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento, se procede a su análisis. Esto, con base en la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Ahora, el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; Por su parte, el diverso numeral 54, fracción I, de la ley en cita, dispone: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De estos dispositivos se obtiene, en lo que interesa, que en un caso como el que se trata, en que el acto reclamado está relacionado con un procedimiento de diversa naturaleza a la penal, la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia Civil. Aunado a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que tratándose de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir aquellos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Es ilustrativo el criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda". Asimismo, sirve de apoyo el criterio sostenido en la tesis I.14o.C.8 K, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil". Por tanto, para determinar la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, se puede determinar mediante el análisis de la pretensión reclamada, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". II. En el caso, la demanda de amparo -escrito de ampliación tratado como "demanda independiente"-, muestra que el acto que se reclama a las autoridades señaladas como responsables... Por las razones hasta aquí expuestas, válidamente se puede establecer que atendiendo al principio de continencia de la causa, que consiste en la unidad que debe existir en todo juicio, basta se reclame un acto de naturaleza civil, a efecto de que la competencia para conocer del juicio de amparo se surta a favor de un juez de Distrito en materia Civil, por lo que el estudio del presente asunto corresponde a un juzgado de esa especialidad. Es ilustrativo, el criterio sostenido en la tesis I.5o.C.7 C (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2027, Tomo 3, Enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "DAÑO MORAL. SI LOS HECHOS EN QUE SE APOYA LA DEMANDA OCURRIERON ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO CORRESPONDE A UN JUEZ DE LO CIVIL. El catorce de junio de dos mil dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor el uno de enero de dos mil cuatro. En la exposición de motivos de la aludida reforma constitucional, se hace alusión a que es obsoleto el régimen de responsabilidad subsidiaria del Estado -prevista en el artículo 1928 del Código Civil Federal- respecto de los daños causados por sus funcionarios, y que por ello era necesario que dicha responsabilidad ahora fuera objetiva y directa contra el Estado. Por tanto, el régimen civil sobre responsabilidad subsidiaria previsto en los Códigos Civiles Federal y para el Distrito Federal, en virtud de esa reforma, quedó materialmente abrogado. En cambio, el régimen creado en la reforma constitucional sobre responsabilidad objetiva y directa prevaleció desde entonces, y sólo faltaba se legislaran las leyes federales y locales anunciadas en la adición a la Carta Magna, en torno a la competencia de las autoridades administrativas que conocieran de la acción correspondiente y las formalidades del procedimiento administrativo. Así, el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, se publicó el decreto que creó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y en éste también se derogó el artículo 1927 del Código Civil Federal; reforma que entró en vigor el uno de enero de dos mil cinco. Por otro lado, el veintiuno de octubre de dos mil ocho, en cumplimiento a la aludida reforma constitucional, se expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, que entró en vigor el uno de enero de dos mil nueve; decreto en el que también fue modificado el artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal, para ahora establecer la responsabilidad objetiva y directa del Estado por los daños causados por sus empleados y servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. En las referidas leyes secundarias de responsabilidad patrimonial del Estado y del Distrito Federal, el legislador implementó las formalidades del procedimiento en materia administrativa, y desde su entrada en vigor, el gobernado quedó en aptitud de hacer valer el nuevo derecho sustantivo a obtener la responsabilidad patrimonial del Estado, ya sea a cargo de la Federación o del Distrito Federal. Ahora bien, conforme al principio de supremacía constitucional, el reformado artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustituyó desde su entrada en vigor al artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal -modificado hasta el veintiuno de octubre de dos mil ocho y cuyo nuevo texto entró en vigor hasta el uno de enero del año siguiente- que preveía la precitada responsabilidad estatal en forma solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y subsidiaria en los demás casos; por esa virtud, merced a esa disposición constitucional, desde su reforma procedía legalmente la reclamación del daño moral en forma objetiva y directa a cargo del Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, si los hechos desplegados por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal -con base en los cuales se demanda el pago por concepto de daño moral-, se llevaron a cabo después de la entrada en vigor de la aludida reforma constitucional, pero antes de la emisión de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, a fin de no aplicar retroactivamente las disposiciones contenidas en este último ordenamiento, la competencia para conocer del asunto respectivo radica en un Juez de lo civil del Distrito Federal, pues cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar al litigio, no existían las leyes que en materia administrativa actualmente prevén la acción de responsabilidad objetiva a cargo del Gobierno del Distrito Federal, ni estaban asignadas las facultades al tribunal administrativo. El citado precepto constitucional creó el derecho a los particulares a una indemnización conforme a las leyes que se establecieran posteriormente y, por ello, atribuyó a las entidades federativas y al Distrito Federal la facultad de crear las leyes correspondientes en materia de responsabilidad patrimonial estatal; disposiciones que entraron en vigor hasta el uno de enero de dos mil nueve. Aunado a lo anterior, la ley civil prevé un término de prescripción de la acción más largo que el previsto en la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal; de ahí que de aplicarse este último ordenamiento pudiera causarse perjuicio a la accionante". En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este órgano de control constitucional, remítase este expediente al juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por conducto del jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa misma materia y residencia, solicitándole al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. En otro orden, en razón de que la parte quejosa proporciona de manera indistinta, un domicilio para oír y recibir notificaciones, así como usuarios autenticados registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que las notificaciones se realicen vía electrónica, este juzgado opta por la segunda de las formas indicadas; lo anterior, derivado de la contingencia en que nos encontramos, a fin de evitar en la mayor medida posible el contacto físico entre las partes del juicio y los servidores públicos adscritos. En relación con los correos electrónicos proporcionados, ténganse como medio de contacto, para entablar comunicaciones no procesales. Se exhorta a la parte quejosa continúe este asunto bajo el esquema de "juicio en línea", para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se esté en posibilidad de actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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