Jose Rafael Bobadilla Ceceña

Expediente 35/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
35/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Jose Rafael Bobadilla Ceceña

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve emitido en el juicio de amparo número 35/2019-7A, con el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Rafael Bobadilla Ceceña; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, y no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACION PERSONAL PARA EL QUEJOSO.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO JOSÉ RAFAEL BOBADILLA CECEÑA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE:Vista la demanda de amparo promovida por José Rafael Bobadilla Ceceña por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, y otras autoridades; fórmese expediente de amparo y regístrese con el número 35/2019-7A, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, analizada la demanda de cuenta se considera que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia, que permite desecharla de plano, al tenor de los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". Cobra vigencia, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente caso, analizada la demanda de garantías, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de garantías se interponga contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Al respecto, conviene precisar que es un hecho notorio la tramitación del juicio de amparo 571/2018-1A del índice de este Juzgado Federal, promovido también por el ahora quejoso José Rafael Bobadilla Ceceña, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y otras autoridades, por haberse tramitado ante el suscrito, del que se advierte lo siguiente: 1. El ahí quejoso José Rafael Bobadilla Ceceña promovió demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, y actuarios primero, segundo y tercero adscritos a dicho órgano jurisdiccional (fojas 2 a 6, del juicio de amparo 571/2018-1A). 2. Los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de rematar en primera almoneda, un bien mueble de su propiedad, consistente en una finca urbana con superficie de 320.00 metros cuadrados, compuesta de solar y construcción en él edificada, y que destina a casa habitación, ubicada en avenida Francisco Rivera Rojo número 320, en el poblado Adolfo Ruiz Cortínez, municipio de Guasave, Sinaloa, que colinda al Norte en 16.00 metros con lote 546; al Sur en 16.00 metros con calle Gonzalo Tapia; al Oriente en 20.00 metros con lote 545 y al Poniente en 20.00 metros con Coronel Francisco Rivera Rojo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, bajo inscripción 148, libro 126, sección primera, así como todas y cada una de las diligencias o resoluciones dictadas en el expediente 168/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, tendientes a privarlo de la propiedad del aludido inmueble, sin haber sido oído y vencido en el mencionado juicio, por no haber sido parte actora ni demandada. 3. En dicha demanda, el quejoso dijo que el referido inmueble lo adquirió en propiedad el veinte de octubre de dos mil once, en la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante un contrato privado de compraventa que celebró con los anteriores propietarios José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, en el que se pactó que una vez que ellos liberaran los gravámenes que presentaba la propiedad acudirían ante notario público a elevar a escritura pública la compraventa, del inmueble citado que resulta ser precisamente el que se encuentra relacionado con el juicio de origen; anexando a la demanda el contrato privado de compraventa de veinte de agosto de dos mil once. 4. En audiencia constitucional celebrada el diez de octubre de dos mil dieciséis, se pronunció resolución en los autos del juicio de amparo 571/2018-1A en la que se sobreseyó dicho juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que no acreditó afectación alguna en su interés jurídico con las documentales que exhibió para tal fin, como lo fueron el contrato privado de compraventa de veinte de octubre de dos mil once, recibo de consumo de agua potable expedido por la JUMAPAG y credencial de elector a su nombre. Documentales indicadas en el punto que antecede que son las mismas que exhibe el ahora promovente anexas a su escrito de demanda. Ahora bien, en la demanda que se analiza, el solicitante del amparo señaló como acto reclamado: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora le reclamo la orden de escrituración en favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE de un bien inmueble de mi propiedad y que en el capítulo de capítulo de antecedentes describiré, así como todas y cada una de las diligencias o resoluciones dictadas, tendientes a privar al suscrito de la posesión propiedad del inmueble, mediante el registro de la escritura ante el C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, sin que haya sido oído, ni vencido en juicio, en autos del juicio civil Sumario Civil Hipotecario que se tramita bajo expediente No. 168/2012, del cual derivan los actos reclamados y en el que no soy parte actora ni demandada. De las distintas autoridades ordenadoras reclamo el actuar en auxilio y por comisión de la primera de las autoridades señalada como responsable ordenadora." De igual manera, en el apartado relativo a antecedentes de su escrito de demanda, indicó: "El día lunes 07 de enero del año en curso, tuve conocimiento que el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, ordenó la escrituración en favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, SEGURO FINANCIERO BANORTE del bien inmueble de mi propiedad consistente en una finca urbana compuesta de solar y construcción en el edificada y que destino a casa habitación, ubicada en Avenida Francisco Rivera Rojo No. 320, en el Poblado Adolfo Ruiz Cortinez, Municipio de Guasave, Sinaloa, y que colinda AL NORTE: en 16.00 metros con Lote 546; AL SUR: 16.00 metros con Calle Gonzalo Tapia; AL ORIENTE: 20.00 metros con lote 545 y AL PONIENTE: 20.00 metros con Coronel Francisco Rivera Rojo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, bajo inscripción 148, Libro 126, Sección Primera; la información me la proporcionó ese día lunes 07 de enero del año en curso, la hoy tercero interesada JESÚS ROSARIO ANGULO DURÁN cuando acudí a su domicilio con la intención de solicitarle acudiera con la suscrita ante notario público a efecto de que cumplieran con el compromiso de elevar a escritura pública el contrato privado que amos terceros interesados celebraron con la suscrita, además de que me informara si ya había arreglado el problema de adeudo con la institución bancaria que vengo señalando como tercero interesado, manifestándome que días antes su abogado le comunicó que el C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, había ordenado la escrituración del descrito bien inmueble en favor de la mencionada institución bancaria y su registro ante la OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUASAVE, SINALOA, entregándome en ese momento copias de algunas constancias procesales del expediente del que derivan los actos reclamados, entre ellas el auto en el que se ordena la citada escrituración. Es importante señalar que el descrito bien inmueble lo adquirí en propiedad en fecha 20 de octubre de 2011, en la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), virtud de un contrato privado de compraventa que celebré con los anteriores propietarios JOSÉ BOBADILLA OLGUIN Y JESÚS ROSARIO ANGULO DURÁN, como lo acredito con el original del citado contrato, en el que entre otras cosas se pactó que una vez que los vendedores liberaran los gravámenes que presentaba la propiedad, acudiríamos ante notario público a elevar a escritura pública la compraventa citada y la operación se celebró en esos términos y condiciones en virtud de la confianza existente entre el suscrito y los señores JOSÉ BOBADILLA OLGUÍN Y JESUS ROSARIO ANGULO DURAN, pues soy sobrino de ambos. Al enterarme de la orden de escrituración bien inmueble de mi propiedad en favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE inmediatamente me trasladé a la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y toda vez que el suscrito soy un tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados y no fui oído ni vencido en el mismo y aún así se pretende escriturar el bien inmueble de mi propiedad en favor de un tercero, como lo es la institución bancaria mencionada, es por lo que vengo solicitando EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, y para acreditar mi interés jurídico, exhibo el original del contrato de compraventa del descrito bien inmueble, el copia certificada de mi credencial para votar, en la que se señala que mi domicilio es el ubicado en Calle Francisco Rivera Rojo No. 320, también adjunto el original del recibo de agua que se expide a mi nombre y respecto del citado domicilio, adjuntando también copias simples de algunas constancias del expediente 168/2012, de que derivan los actos reclamados, mismas que como dije antes adjuntó en copias simples, pues me es imposible jurídicamente exhibir copias certificadas al no ser parte en el juicio mencionado.". Bajo ese panorama, del análisis oficioso de la demanda de amparo, así como de las copias autorizadas relativas al juicio de amparo 571/2016-2, se concluye que resulta improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en la cual descansa la causa de improcedencia invocada, y cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". De las constancias allegadas a los presentes autos se advierte que ante este Juzgado el quejoso promovió el juicio de amparo 571/2018-1A, ostentándose como tercero extraño al Juicio Sumario Civil Hipotecario número 168/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, promovido por el Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, Sinaloa, reclamando actos pronunciados en la etapa de ejecución de la sentencia pronunciada en el mencionado juicio, como lo fue la orden de remate del bien inmueble consistente en finca urbana compuesta de terreno y construcción, ubicada en avenida Francisco Rivera Rojo número 320, en el poblado Adolfo Ruiz Cortinez, municipio de Guasave, Sinaloa; juicio de garantías en el que se decretó el sobreseimiento en audiencia constitucional de diez de octubre de dos mil dieciséis, al no haber acreditado afectación a su interés jurídico con las documentales exhibidas, consistentes, entre otras, el contrato privado de compraventa sobre el referido bien inmueble, celebrado el veinte de octubre de dos mil once con los ahora terceros interesados José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán. En razón de lo anterior, esto es, que en el presente juicio de garantías el promovente José Rafael Bobadilla Ceceña, de nueva cuenta y ostentándose como tercero extraño comparece a reclamar actos dictados en ejecución de la sentencia pronunciada en los autos del Juicio Sumario Civil Hipotecario número 168/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, promovido por el Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, Sinaloa, exhibiendo como sustento de su pretensión además de copia certificada de su credencial para votar con fotografía, copia de recibo de consumo de agua potable expedido por JUMAPAG, el contrato privado de compraventa celebrado con los aludidos demandados el veinte de octubre de dos mil once; de lo cual resulta evidente que este Juzgador ya analizó y se pronunció respecto del interés jurídico del quejoso en dicho juicio con relación a los actos de ejecución de la sentencia, con base en las documentales con las que el quejoso José Rafael Bobadilla Ceceña pretende acreditar la propiedad del bien inmueble que defiende, las que ya fueron estudiadas en un amparo previo, por lo que se encuentra impedido para analizar de nueva cuenta el acto del que se adolece. Todo lo cual, se advierte de manera notoria e indudable pues constituye un hecho notorio para este órgano judicial las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 571/2016-1A, debiéndose agregar al presente asunto copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo antes aludido, para los efectos legales a que haya lugar. Cobra vigencia, la Jurisprudencia de la Novena Época, con registro 172215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 103/2007, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". De igual manera, la Tesis de la Décima Época, con registro 2006830, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1725, del Tomo II, Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2014, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A.16 K (10a.), que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 319, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.", impuso la obligación al juzgador de amparo, de allegarse de oficio, las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia cuando exista un indicio sobre su posible existencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por otra parte, la información que aparece en las páginas o en los sitios electrónicos de las dependencias oficiales, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio que puede invocar el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito para desarrollar su actividad jurisdiccional, ya que su consulta es de fácil acceso para el público en general, pues basta con ingresar a la página oficial respectiva y proporcionar los datos que aparecen en los documentos aportados en el juicio para consultar y verificar la veracidad de la información respectiva, máxime si el propio quejoso o persona autorizada por éste es quien previamente proporcionó a la dependencia oficial la información necesaria para realizar el trámite correspondiente; información que se almacena en una base de datos y, posteriormente, se genera y consulta a través de medios electrónicos, en aquellos casos que así se encuentre regulado dicho trámite administrativo. De ahí que resulta válido que el juzgador de amparo, para resolver si se actualiza o no una causal de improcedencia, de oficio, consulte y verifique la información generada por medios electrónicos oficiales. Lo anterior se estima congruente con el principio constitucional de acceso a la justicia, sin que pretenda deslindarse a las partes de las cargas probatorias correspondientes, porque se trata únicamente de conocer plenamente si opera o no alguna causal de improcedencia, cuando exista un indicio sobre su existencia.". Efectivamente, se advierte de manera notoria e indudable, que los documentos que exhibe el quejoso, junto con la demanda (contrato privado de compraventa de veinte de octubre de dos mil once), son los mismos respecto de los cuales este Juzgado ya se pronunció en el diverso juicio de amparo 571/2018-1A, el que también promovió el ahora quejoso reclamando también actos en la etapa de ejecución en el juicio natural 168/2012 del índice de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. En esas condiciones, en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la nombrada Ley de Amparo. Cobra vigencia, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Finalmente, se tiene como domicilio del impetrante de amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo Nogales número 1884, Fraccionamiento Urbivilla del Bosque, de esta ciudad, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Armando Hernández Mercado, Fortunato León Valdez y Miguel Ángel Rodríguez Beltrán, de manera indistinta.

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