José Rafael Ambriz Morales
Expediente 1458/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Rafael Ambriz Morales
Actuaciones
- Principal
x... Vista la demanda de amparo promovida por José Rafael ..., por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1458/2023-X. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, el primero de los artículos citados, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. En el particular, el quejoso reclama: Las actuaciones pronunciadas en la audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas de trece de octubre de dos mil veintitrés, la cual aduce se celebró sin haber sido notificado el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios como tercero interesado llamado a juicio, señalado por la parte demandada Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, pues en esa audiencia dicha parte procesal desistió de su llamamiento. La falta de acuerdo respectivo del escrito de doce de octubre de dos mil veintitrés, presentado ante Oficialía de Partes de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en esa misma data, en el que el quejoso solicitó se difiera la referida audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, de los actos que se duele el quejoso, se advierte que no irrogan por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afectan materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el llevar a cabo la audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas señalada en el juicio laboral de origen, sin haber emplazado al tercero interesado llamado a juicio, pues la parte que lo nombró desistió de éste y la omisión de respuesta de su escrito en el que solicita el diferimiento de esa audiencia, sólo reflejan violaciones de tipo procesal que no generan una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues los actos que combate tienen efectos de carácter procesal. Además, cabe la posibilidad de que la resolución que posteriormente se emita en el juicio laboral de origen del que deriva el acto que reclama, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; en cambio, si la violación procesal sí llega a trascender al resultado de la resolución que se dicte; entonces, la parte quejosa deberá reclamarla en el juicio de amparo directo que intente contra aquella resolución. De igual manera, para mayor abundamiento, con relación al segundo acto que en esta vía se combate, se advierte que dicha omisión no puede ser considerado como aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación para que sea procedente el presente juicio de amparo, ello de conformidad con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y el ya señalado 107 fracción V, de la Ley de Amparo, actos que han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. Luego, el artículo 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece que cuando no sea contemplado algo en materia procesal será regulado por, entre otras, la Ley Federal del Trabajo, la cual en su numeral 838 establece que el Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la misma norma. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018, determinó que el Juicio Constitucional procede en contra de las dilaciones de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron hacerlo. En el particular, el amparista manifestó bajo protesta de decir verdad que el doce de octubre de dos mil veintitrés, ingresó un escrito ante la autoridad responsable, solicitando se difiera la audiencia de conciliación, depuración, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual estaba prevista para el trece de octubre siguiente; asimismo, indicó que a la fecha la Sala responsable ha sido omisa en emitir el acuerdo correspondiente. Entonces, los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Suprema Corte deben computarse a partir del diecisiete de octubre pasado, fecha en concluyó el plazo en que la responsable debió contestar la petición del hoy quejoso. Luego, si la demanda que se provee fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Entidad, el catorce de noviembre del año en curso, es incuestionable que al día de hoy, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días a la autoridad para que acuerde lo conducente en relación al diferimiento solicitado por el amparista -haciendo mención de que del diverso acto reclamado en esta instancia se advierte los motivos por los cuales se llevó a cabo la citada actuación-. De ahí que, este atraso de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que la dilación es corta y dentro de los parámetros naturales de todo procedimiento por lo que de ninguna forma infringe un derecho sustantivo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida respecto a los actos combatidos en esta instancia constitucional; se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que disponen los artículos 113, 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, esté último a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, en razón de que el señalado se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan), tal como lo prevé la fracción II del primer numeral citado. Asimismo, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que indica, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Se autoriza a los profesionistas que menciona, en términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un asunto en materia laboral promovido por la parte trabajadora, conforme a la primera parte del segundo párrafo, del citado numeral, aplicado a contrario sensu, no se requiere la acreditación para ejercer la profesión de licenciado en derecho.... Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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