José Rafael Aguayo Alatorre

Expediente 617/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
617/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • José Rafael Aguayo Alatorre

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el dieciséis de marzo de la presente anualidad (fojas 13 y 14), mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado que suscribe el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9 de la ley de la materia; y, como domicilio procesal la residencia oficial de dicha dependencia. Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del Director del Diario Oficial de la Federación: El Acuerdo de referencia Emitir pronunciamiento en relación al anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 69-J, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La publicación del Acuerdo controvertido. Cabe precisar, que a la Comisión Reguladora responsable le reclamó el acto delimitado bajo el anterior inciso a); en tanto, que de la Comisión Federal, el fijado bajo el diverso inciso b); y del Director, el restante en el inciso c). Asimismo, que vía el origen del Acuerdo reclamado, la Comisión Reguladora de Energía determinó: I) Establecer los formatos para que los titulares de los permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano reporten a la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, los precios de venta al público, así como los precios de venta de los distribuidores, los volúmenes comprados y vendidos de dichos productos, así como la estructura corporativa y de capital, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 y transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, de conformidad con el Anexo Único de dicha la presente resolución. II) Estableció la Oficialía de Partes Electrónica como el medio para que los referidos titulares den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 y transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a través de los formatos anteriores. III) De conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracciones I y II de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, administrará un sistema de información de precios y difundirá a través de medios electrónicos una versión pública del mismo y pondrá a disposición del público por los mismos medios información agregada por zona de precios al mayoreo. Actos reclamados, respecto los cuales este Juzgado de Distrito es LEGALMENTE INCOMPETENTE por razón de la materia, para conocer de la demanda de amparo en estudio. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer de los asuntos, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto; lo anterior con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia I.2o.P. J/40 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, número de registro 218721, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA". En ese orden de ideas, se tiene que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo , y la remisión de los autos al Juez competente. Entonces, para que un Juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Cabe destacar que las leyes procesales señalan ciertos criterios de asignación para determinar la competencia y, generalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio. Competencia por materia. Competencia por grado. Competencia auxiliar. Ahora bien, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un Juzgado Especializado en cierta materia del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola parte del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia. En el caso de la materia administrativa, además se encuentran los Juzgados y Tribunales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, a quienes de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les reserva la jurisdicción en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Las referidas cuestiones pueden dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo, en cuyo caso se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de los conceptos de violación, las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia P./J.83/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195007, de título: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". De lo expuesto, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los Juzgados o Tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. En ese sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fija la competencia por materia, estableciendo entre otras, la de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, destacando además el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y se instituyeron los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. Asimismo, mediante la emisión del Acuerdo General 22/2013 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal fijó su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales indicados, así como la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república. Los artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, señalan: "SEGUNDO. A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. OCTAVO. A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo. DÉCIMO SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, para quedar como se indica a continuación: I. Se modifica el punto QUINTO, inciso 1, para quedar como sigue: [.] II. Se adiciona un punto SEXTO y se recorren los subsecuentes como SÉPTIMO y OCTAVO para quedar como sigue: SEXTO. Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, integrado por: dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados de circuito". Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones al resolver el recurso de revisión 125/2016 de su índice, determinó: "I. Porque los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el "Pacto por México", concretamente en el acuerdo denominado "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad", imbricado en la rectoría del desarrollo nacional, en el cual se propuso intensificar la competencia económica y eficiencia, dotando de una adecuada y específica regulación, en sectores prioritarios como las telecomunicaciones y energía, entre otros; así como crear tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y b) que evitaran el dictado de criterios contradictorios. II. Porque el derecho regulatorio se inserta para atender servicios prioritarios de interés público, en sectores especializados, que el Estado propicia y garantiza que sean prestados adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. III. Porque el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Se trata pues de un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. IV. Porque el principio de eficiencia y funcionalidad en el mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica y lo pertinente es, consolidar en una jurisdicción especializada, la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines esenciales o fundamentales. V. Porque las ventas de primera mano ?a que se refiere la resolución reclamada en el juicio de amparo de nuestra atención? en el mercado petrolero o sector de energéticos exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujetas a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. VI. Porque conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional, entre otros. VII. Porque la Comisión Reguladora de Energía al expedir la metodología inserta en la resolución reclamada busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; entre otros objetivos. VIII. Por tanto, al encontrarse vinculada la resolución reclamada con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de lograr a la postre y garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; es que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. 1. Como consecuencia de lo anterior, se llega a la conclusión de que el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, que fue el que conoció y resolvió en definitiva ese asunto". De su contenido se advierten las conclusiones siguientes: I) Que la Competitividad es la capacidad de la economía nacional, mercados y sectores productivos para generar mayor satisfacción de los consumidores, ofreciendo los menores precios y las mejores condiciones de abasto y calidad a efecto de financiar o promover el bienestar de las personas y satisfacer sus necesidades, en especial, las mas apremiantes, trascendiendo tanto en mercados libres como en los regulados. Por lo que, el modelo de Estado regulador previsto por los artículos 25 y 28 Constitucionales, la competencia se erige como objetivo prioritario y la regulación como instrumento necesario para promoverla, requiere de un sistema armónico y funcional, basado en valores, principios, derechos económicos, sociales y culturales, directrices, acciones y mecanismos cuya meta no es tanto controlar a las empresas, sino proteger a la sociedad en la ejecución de actividades que resulten esenciales para la vida y bienestar de aquélla, permitiendo el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Carta Magna. II) Que corresponde conocer a un Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, del amparo indirecto que se promueva contra actos vinculados con un tema de competencia económica, como lo sería, un proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario como lo es el energético; toda vez, que tiene una relación con la especialidad de competencia económica y no con la administrativa genérica. III) Que la competencia de los aludidos órganos no se reduce a aquéllos actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que al suponer la coincidencia de la competitividad como política pública, aquélla se extiende a los actos originados por otro órgano regulador en sectores especializados que tengan incidencia en la ordenación de mercados y en la regulación de actividades de servicio general y prioritario, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. Determinación del Tribunal Colegiado, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en la tesis I.10o.C.2 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro 2009054, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". En la especie, los actos reclamados a las autoridades responsables consistieron en unas determinaciones por las cuales se obligó a los titulares de los permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano reporten (vía formato) ante la Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión Reguladora de Energía, los precios de venta al público, así como los precios de venta de los distribuidores, los volúmenes comprados y vendidos de dichos productos, así como la estructura corporativa y de capital. Cuestiones, que invariablemente tienen que ser analizadas bajo la óptica de las normas que rigen la competencia económica en los términos, condiciones y definiciones que determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones al resolver el recurso de revisión 125/2016 de su índice; los cuales, fueron precisados bajo los anteriores números romanos I), II) y III) de la presente resolución. Lo que igualmente encuentra fundamento en las razones que informa la tesis: "COMPETENCIA ECONÓMICA. CONCEPTO DE 'PODER SUSTANCIAL' EN ESA MATERIA. Los artículos 13 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica y 11 a 13 de su reglamento, establecen un marco regulatorio que delimita los elementos integradores del concepto "poder sustancial", al señalar que, para evaluar el que un agente económico tiene en un mercado relevante y, en su caso, el posible abuso de su posición dominante, deben tomarse en cuenta: a) su participación en el mercado; b) la capacidad que tiene para fijar precios unilateralmente o restringir el abasto; c) las barreras de entrada; d) la existencia y poder de sus competidores; e) el acceso a insumos por éstos y el agente; f) los hechos que hubieran sido calificados como comportamientos abusivos; y, g) otros elementos que establezca la normativa aplicable. De acuerdo con los elementos enunciados, la noción de "poder sustancial" en la materia señalada, consiste en la capacidad de un agente económico para incrementar los precios de un producto o servicio por encima de su costo marginal, pero también puede definirse como la capacidad para fijar precios por encima del de competencia, entendido éste como el que se cobraría en condiciones de competencia perfecta (costo marginal)". (Época: Décima Época. Registro: 2011144. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27. Febrero de 2016. Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.1o.A.E.122 A (10a.). Página 2036). En ese orden de ideas, resulta de suma importancia mencionar que este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, encuentra limitada su esfera de competencia únicamente respecto de lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En este punto cabe destacar el contenido del artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito". De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [...] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [...] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos". "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales". Numerales que guardan relación con los objetivos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, específicamente, por lo que hace al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de competencia económica, respecto de la creación de los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ya que su objeto es que las autoridades judiciales que tengan los conocimientos técnicos específicos, sean las que resuelvan sobre la legalidad de los actos que se emitan en dichas materias, pues a través del mismo, el Poder reformador de la Constitución pretendió establecer una sola vía para la impugnación de actos emitidos por órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión con la finalidad de evitar criterios contradictorios que complicaran la aplicación de la ley y generaran incertidumbre jurídica. Sobre tales premisas, tomando en consideración que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido, es por lo que se considera que la competencia para conocer del presente juicio recae en un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado". En esas condiciones, con fundamento en los artículos 28, 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción I, segundo, fracción I, punto 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías. En esas condiciones, y por las razones apuntadas, este Juzgado se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para resolver el presente juicio de garantías; por tales motivos, se ordena remitir los autos que integran el presente juicio al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, para lo que tenga a bien determinar, y solicítese que de no tener inconveniente legal alguno, comunique su postura y remita el acuse de recibo correspondiente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 200158, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE".

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 26), mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

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