Jóse Placido Arturo Gonzalez Pichardo

Expediente 1267/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1267/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Jóse Placido Arturo Gonzalez Pichardo

Actuaciones

  1. Principal

    V) Toluca, Estado de México a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; téngase por recibido el escrito signado por ***¨autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia por el quejoso ***, a través del cual solicita se le devuelvan las copias certificadas que exhibió en el escrito de demanda; por tanto, en virtud de que en auto de seis de los cursantes, se declaró firme el diverso por el cual se desechó por notoriamente improcedentes la demanda de amparo y se ordenó el archivo del presente asunto al considerarlo como total y definitivamente concluido, se autoriza la devolución de los documentos que solicita, previa copia que de los mismos se deje en autos, debiendo aclarar que la persona que los reciba, deberá identificarse con documento oficial vigente con fotografía, dejando copia de la misma para constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    v) Toluca, Estado de México a seis de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de agosto del dos mil dieciocho (fojas 29-32), por el cual se desechó por notoriamente improcedencia demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    v) ) Se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintidós de los actuales. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por José Placido Arturo González Pichardo, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1267/2018-V. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: El auto de diecinueve de febrero de dos mil nueve, emitido en el juicio de Controversia de Violencia Familiar número 73/2009, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de veintiocho de enero del mismo año, y autoriza el uso de la fuerza pública a efecto de que el ejecutor se constituya en el domicilio conyugal y de cumplimiento a la media provisional decretada, relativa a que el demandado (aquí quejoso) se salga inmediatamente del mismo, así como su ejecución. Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII que estable: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por tanto, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Ahora bien, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el peticionario resultan ser la parte demandada en el juicio de Controversia de Violencia Familiar número 73/2009. En esta tesitura, si la parte quejosa reclama del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, el auto auto de diecinueve de febrero de dos mil nueve, emitido en el juicio 73/2009, en el que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de veintiocho de enero del mismo año, y autoriza el uso de la fuerza pública a efecto de que el ejecutor se constituya en el domicilio conyugal y de cumplimiento a la media provisional decretada, relativa a que el demandado (aquí quejoso) se salga inmediatamente del mismo, así como su ejecución, dicho acto no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues se estima que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación establecido en el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establece: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado, debió combatirse a través del recurso de revocación, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; por lo que antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar dicho medio de defensa ordinario, a través del cual se puede revocar, modificar o invalidar, de ahí que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XVIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo.

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