JOSE PILAR QUISTIAN HERNANDEZ y Otros.
Expediente 1262/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- JOSE PILAR QUISTIAN HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintitrés de enero del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que remitió adjunto a su respectivo informe de ley. De igual manera, visto el estado que guardan los autos, se desprende que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintitrés de enero del presente año, se decretó fuera de audiencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo; determinación que causó estado el día de la fecha, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido, y anexo(s), dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente del informe justificado de cuenta, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma y se comisionó a la diligenciaria adscrita a ese Tribunal a fin de que asociada de la parte actora se requiriera al demandado por el cumplimiento del laudo, consistente en requerirlo por el pago de la cantidad señalada en el laudo respectivo, por tanto, respecto a la omisión reclamada por el quejoso, consistente en la falta de acciones para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 799/2012/5, este Juzgador nota que respecto de la misma se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Lo anterior es así, en virtud de que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dictó el siguiente proveído, que en lo conducente dice: ".Visto el estado que guardan los autos del expediente laboral número 799/2012/M-5 y con vista a la diligencia practicada por la Actuaria adscrita a este Tribunal, de fecha 10 de Octubre de 2016, se tiene a los diversos actores C.C. JOSÉ PILAR QUISTIÁN HERNÁNDEZ y AGUSTÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ por reinstalados en la forma y términos ofrecidos y toda vez que la demandada no dio total cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2016, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y se turnan los presentes autos, copias debidamente certificadas al H. CONGRESO DEL ESTADO, para la aplicación de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, por el posible incumplimiento al laudo de fecha 14 de agosto de 2014, lo anterior conforme a los artículos 51, fracción V, 134, 136, 137, 138, 139 y 140 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dentro del juicio de amparo número 279/2016-II, se despacha autos (sic) con efectos de mandamiento en forma y se autoriza al diligenciario para que, asociado de la parte actora, se constituya en el domicilio oficial de la demandada AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., públicamente conocido y lo requiera por el pago de la cantidad actualizada de $1,045,245.38 (UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.)." (foja 123 del anexo). Posterior a dicho acuerdo, en el expediente laboral de origen número 799/2012/M-5, obra la diligencia de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual el actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, asociada de los actores Agustín Sánchez Hernández, José Luis Hernández Salazar y José Pilar Quistián Hernández, junto con su apoderado jurídico Darío Fernando González Castillo, se constituyó en el domicilio de la demandada Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, específicamente en la Sindicatura en donde procedió a requerir por el pago de la cantidad de $1,045,245.38 (Un millón cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional) en los términos asentados en la propia acta. (foja 124 del anexo). Enseguida, obra el oficio 288/2017, de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dirigido a la Dirección de Servicios Periciales del Estado, por el cual transcribe el proveído de la misma fecha, en el que solicita en auxilio a las funciones de dicho Tribunal, para que por conducto de su titular y/o responsable, dentro del término de tres días, nombre y autorice legalmente un perito valuador a favor de la parte actora en el juicio laboral 799/2012/M-5, a efecto de que pueda llevar a cabo la valuación del bien mueble ahí descrito. (foja 125 del anexo). Asimismo, obra el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por recibido el oficio PGJE/SLP/DGSP/DM/251/2017, suscrito por el Doctor Alberto Rogelio Ortega Madrid, en su carácter de Director de Servicios Periciales, así como el diverso comunicado 401-8124-D411/17, suscrito por el Arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, en su carácter de Delegado del Centro "INAH" San Luis Potosí y, por ende, se tuvo informando al primero, que no era posible designar un perito en materia de valuación de un bien inmueble, consistente en una pintura al óleo de Cosme Damián Ortiz, en virtud de que en dicha Dirección de Servicios Periciales, no se contaba con un perito valuador de arte; en cuanto al segundo de los comunicados, se le tuvo por hechas diversas manifestaciones en los términos asentados en dicho proveído. (foja 126 del anexo). Asimismo, a fojas 127 y 128 del expediente laboral de origen, obran los preindicados comunicados recibidos el veintiocho de febrero y treinta y uno marzo, ambos de dos mil diecisiete, sin que obre en dicho sumario algún escrito de la parte quejosa en el que impulse la ejecución del laudo. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución del laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, requiere no solamente la forzosa solicitud del solicitante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse al presidente de un Tribunal laboral para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Dicho criterio quedó contenido en la jurisprudencia visible en la página 2771, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De ahí que, si en el caso en estudio, el quejoso reclama genéricamente la omisión de agotar el procedimiento de ejecución del procedimiento laboral 799/2012/M-5, el mismo es un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías (once de diciembre de dos mil diecisiete) y de realización incierta, de ahí que lo procedente sea sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido, y anexo(s), dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, visto el estado de los autos particularmente del informe justificado de cuenta, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma y se comisionó a la diligenciaria adscrita a ese Tribunal a fin de que asociada de la parte actora se requiriera al demandado por el cumplimiento del laudo, consistente en requerirlo por el pago de la cantidad señalada en el laudo respectivo, por tanto, respecto a la omisión reclamada por el quejoso, consistente en la falta de acciones para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 799/2012/5, este Juzgador nota que respecto de la misma se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Lo anterior es así, en virtud de que el quince de noviembre de dos mil dieciséis, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dictó el siguiente proveído, que en lo conducente dice: ".Visto el estado que guardan los autos del expediente laboral número 799/2012/M-5 y con vista a la diligencia practicada por la Actuaria adscrita a este Tribunal, de fecha 10 de Octubre de 2016, se tiene a los diversos actores C.C. JOSÉ PILAR QUISTIÁN HERNÁNDEZ y AGUSTÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ por reinstalados en la forma y términos ofrecidos y toda vez que la demandada no dio total cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2016, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y se turnan los presentes autos, copias debidamente certificadas al H. CONGRESO DEL ESTADO, para la aplicación de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, por el posible incumplimiento al laudo de fecha 14 de agosto de 2014, lo anterior conforme a los artículos 51, fracción V, 134, 136, 137, 138, 139 y 140 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dentro del juicio de amparo número 279/2016-II, se despacha autos (sic) con efectos de mandamiento en forma y se autoriza al diligenciario para que, asociado de la parte actora, se constituya en el domicilio oficial de la demandada AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., públicamente conocido y lo requiera por el pago de la cantidad actualizada de $1,045,245.38 (UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.)." (foja 123 del anexo). Posterior a dicho acuerdo, en el expediente laboral de origen número 799/2012/M-5, obra la diligencia de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual el actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, asociada de los actores Agustín Sánchez Hernández, José Luis Hernández Salazar y José Pilar Quistián Hernández, junto con su apoderado jurídico Darío Fernando González Castillo, se constituyó en el domicilio de la demandada Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, específicamente en la Sindicatura en donde procedió a requerir por el pago de la cantidad de $1,045,245.38 (Un millón cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 38/100 moneda nacional) en los términos asentados en la propia acta. (foja 124 del anexo). Enseguida, obra el oficio 288/2017, de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dirigido a la Dirección de Servicios Periciales del Estado, por el cual transcribe el proveído de la misma fecha, en el que solicita en auxilio a las funciones de dicho Tribunal, para que por conducto de su titular y/o responsable, dentro del término de tres días, nombre y autorice legalmente un perito valuador a favor de la parte actora en el juicio laboral 799/2012/M-5, a efecto de que pueda llevar a cabo la valuación del bien mueble ahí descrito. (foja 125 del anexo). Asimismo, obra el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por recibido el oficio PGJE/SLP/DGSP/DM/251/2017, suscrito por el Doctor Alberto Rogelio Ortega Madrid, en su carácter de Director de Servicios Periciales, así como el diverso comunicado 401-8124-D411/17, suscrito por el Arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, en su carácter de Delegado del Centro "INAH" San Luis Potosí y, por ende, se tuvo informando al primero, que no era posible designar un perito en materia de valuación de un bien inmueble, consistente en una pintura al óleo de Cosme Damián Ortiz, en virtud de que en dicha Dirección de Servicios Periciales, no se contaba con un perito valuador de arte; en cuanto al segundo de los comunicados, se le tuvo por hechas diversas manifestaciones en los términos asentados en dicho proveído. (foja 126 del anexo). Asimismo, a fojas 127 y 128 del expediente laboral de origen, obran los preindicados comunicados recibidos el veintiocho de febrero y treinta y uno marzo, ambos de dos mil diecisiete, sin que obre en dicho sumario algún escrito de la parte quejosa en el que impulse la ejecución del laudo. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución del laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, requiere no solamente la forzosa solicitud del solicitante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse al presidente de un Tribunal laboral para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Dicho criterio quedó contenido en la jurisprudencia visible en la página 2771, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De ahí que, si en el caso en estudio, el quejoso reclama genéricamente la omisión de agotar el procedimiento de ejecución del procedimiento laboral 799/2012/M-5, el mismo es un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías (once de diciembre de dos mil diecisiete) y de realización incierta, de ahí que lo procedente sea sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, y personalmente al quejoso."
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la copia autorizada del oficio de cuenta signado por el Secretario General de Acuerdos en funciones de Presidente por término del encargo de la Titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, recibido en este órgano jurisdiccional el seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano federal, que el segundo periodo vacacional, comprendió del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete al dos de enero de dos mil dieciocho, reanudando sus labores al día siguiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que a la autoridad responsable se le notificó de la demanda de garantías el trece de diciembre del año próximo pasado, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja veinte de autos, por tanto, se encuentra transcurriendo el término de quince días a fin de que rinda su informe de ley; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese.
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