José Pérez Carrasco
Expediente 619/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Pérez Carrasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado, con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención. Por otro lado al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados el dos de diciembre de dos mil veintidós,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria celebrada el dieciséis de junio de dos mil veintidós,2 este Tribunal Colegiado dictó sentencia en este juicio, en la que concedió la protección constitucional a JPC, para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el acto impugnado se encuentra afectado de nulidad absoluta; en consecuencia, en acatamiento de los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, constriña a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio; y demás prestaciones solicitadas a las que tenga derecho tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y prima de antigüedad; a) Establecer condena por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso para resarcir el daño causado, consistentes en beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concrete su separación y hasta que se realice el pago correspondiente b) Así como, para que ordene que se haga la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que éste fue separado del cargo de manera injustificada". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. En acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada de quince de julio de dos mil veintiuno (Efecto 1). 2. El uno de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, emitió una nueva sentencia en la que, determinó la nulidad absoluta del acto impugnado; en consecuencia, y en acatamiento de los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, constriñó a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de una indemnización constitucional y demás prestaciones a que tuviera derecho, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional; y absolvió por prima de antigüedad (Efecto 2). Ordenó que se hiciera la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, del que fue separado del cargo de manera injustificada (Efecto 2 inciso b). 3. Sin embargo, la responsable no se pronunció en torno al efecto señalado en el punto 2, inciso a), ya que no hizo alusión a si el quejoso tenía o no derecho a las citadas prestaciones en los términos ordenados en la presente ejecutoria. Por tal motivo, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós,3 este órgano jurisdiccional determinó que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo, y en consecuencia se requirió a la responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, dejara sin efectos la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós y emitiera una nueva en la que aborde el efecto 2, inciso a), y establezca si procede o no la condena a las citadas prestaciones. En consecuencia, mediante oficio TJAIIP/454/2022, de cinco de octubre de dos mil veintidós,4 la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia de tres de octubre del año en mención, en la que para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, y II. Estableció la absolución por prima de antigüedad y condenó por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso, consistentes en indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo; así como las que tuviera derecho el actor a efecto de resolver el daño causado; como lo son los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso JPC. No obstante lo anterior, omitió realizar una debida cuantificación de las prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa, pues únicamente impuso condena de las citadas prestaciones de beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso JPC, pero no estableció el parámetro y cuantificación de esas condenas; es decir, que la autoridad se limitó a imponer condena a las mismas pero no señaló la cantidad específica que correspondía a cada concepto y la base o parámetro que tomó en cuenta para su cuantificación. Por tal motivo, en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós,5 este órgano jurisdiccional volvió a determinar que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo, y en consecuencia se requirió a la responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, dejara sin efectos la sentencia de tres de octubre de dos mil veintidós y emitiera una nueva en la que establezca una debida cuantificación de todas y cada una de las prestaciones en las que impuso condena a favor del actor JPC. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TJAII-P/499/2022, de nueve de noviembre de dos mil veintidós,6 la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que dejó insubsistente la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil veintidós, y ordenó emitir una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en este asunto. Asimismo, por oficio TJA-IIP/529/2022, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós,7 la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que: i. Reitero la condena por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso, consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos o vencidos y/o remuneración diaria ordinaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como las que tuviera derecho el actor a efecto de resolver el daño causado; como lo son los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso JPC; asimismo, iteró la absolución por prima de antigüedad. ii. Por lo que respecta a la condena de las prestaciones identificadas como beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso J PC, estableció como parámetro para su cuantificación lo siguiente: ".Para el pago de las mencionadas prestaciones deberá tomarse en consideración el salario quincenal del recurrente JPC, con un monto neto de $*(* moneda nacional), dividido entre los quince días trabajados, del que se obtiene el salario diario de $* (* moneda nacional). Posteriormente, se debe identificar el parámetro que abarcará el pago, esto es, desde el uno de abril de dos mil veinte, a la fecha en que se dicta la presente resolución jurisdiccional, el día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, más la parte proporcional que en su caso se siga generando hasta el total cumplimiento de la presente resolución, previo incidente de ejecución de sentencia, para así, determinar con certeza el monto líquido respecto a las prestaciones antes precisadas".8 Con lo cual subsanó la omisión consistente en no haber señalado la base o parámetro que se debe tomar en cuenta para la cuantificación y determinación de la cantidad específica para el pago de las citadas prestaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados el dos de diciembre de dos mil veintidós,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria celebrada el dieciséis de junio de dos mil veintidós,2 este Tribunal Colegiado dictó sentencia en este juicio, en la que concedió la protección constitucional a JPC, para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el acto impugnado se encuentra afectado de nulidad absoluta; en consecuencia, en acatamiento de los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, constriña a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio; y demás prestaciones solicitadas a las que tenga derecho tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y prima de antigüedad; a) Establecer condena por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso para resarcir el daño causado, consistentes en beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concrete su separación y hasta que se realice el pago correspondiente b) Así como, para que ordene que se haga la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que éste fue separado del cargo de manera injustificada". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. En acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada de quince de julio de dos mil veintiuno (Efecto 1). 2. El uno de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, emitió una nueva sentencia en la que, determinó la nulidad absoluta del acto impugnado; en consecuencia, y en acatamiento de los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, constriñó a las autoridades demandas a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de una indemnización constitucional y demás prestaciones a que tuviera derecho, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional; y absolvió por prima de antigüedad (Efecto 2). Ordenó que se hiciera la anotación en el expediente personal del servidor público, y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, del que fue separado del cargo de manera injustificada (Efecto 2 inciso b). 3. Sin embargo, la responsable no se pronunció en torno al efecto señalado en el punto 2, inciso a), ya que no hizo alusión a si el quejoso tenía o no derecho a las citadas prestaciones en los términos ordenados en la presente ejecutoria. Por tal motivo, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós,3 este órgano jurisdiccional determinó que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo, y en consecuencia se requirió a la responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, dejara sin efectos la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós y emitiera una nueva en la que aborde el efecto 2, inciso a), y establezca si procede o no la condena a las citadas prestaciones. En consecuencia, mediante oficio TJAIIP/454/2022, de cinco de octubre de dos mil veintidós,4 la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia de tres de octubre del año en mención, en la que para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, y II. Estableció la absolución por prima de antigüedad y condenó por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso, consistentes en indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo; así como las que tuviera derecho el actor a efecto de resolver el daño causado; como lo son los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso JPC. No obstante lo anterior, omitió realizar una debida cuantificación de las prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa, pues únicamente impuso condena de las citadas prestaciones de beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso JPC, pero no estableció el parámetro y cuantificación de esas condenas; es decir, que la autoridad se limitó a imponer condena a las mismas pero no señaló la cantidad específica que correspondía a cada concepto y la base o parámetro que tomó en cuenta para su cuantificación. Por tal motivo, en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós,5 este órgano jurisdiccional volvió a determinar que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo, y en consecuencia se requirió a la responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, dejara sin efectos la sentencia de tres de octubre de dos mil veintidós y emitiera una nueva en la que establezca una debida cuantificación de todas y cada una de las prestaciones en las que impuso condena a favor del actor JPC. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TJAII-P/499/2022, de nueve de noviembre de dos mil veintidós,6 la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que dejó insubsistente la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil veintidós, y ordenó emitir una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en este asunto. Asimismo, por oficio TJA-IIP/529/2022, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós,7 la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que: i. Reitero la condena por las prestaciones que deben ser cubiertas al quejoso, consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos o vencidos y/o remuneración diaria ordinaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como las que tuviera derecho el actor a efecto de resolver el daño causado; como lo son los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso JPC; asimismo, iteró la absolución por prima de antigüedad. ii. Por lo que respecta a la condena de las prestaciones identificadas como beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso J PC, estableció como parámetro para su cuantificación lo siguiente: ".Para el pago de las mencionadas prestaciones deberá tomarse en consideración el salario quincenal del recurrente JPC, con un monto neto de $*(* moneda nacional), dividido entre los quince días trabajados, del que se obtiene el salario diario de $* (* moneda nacional). Posteriormente, se debe identificar el parámetro que abarcará el pago, esto es, desde el uno de abril de dos mil veinte, a la fecha en que se dicta la presente resolución jurisdiccional, el día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, más la parte proporcional que en su caso se siga generando hasta el total cumplimiento de la presente resolución, previo incidente de ejecución de sentencia, para así, determinar con certeza el monto líquido respecto a las prestaciones antes precisadas".8 Con lo cual subsanó la omisión consistente en no haber señalado la base o parámetro que se debe tomar en cuenta para la cuantificación y determinación de la cantidad específica para el pago de las citadas prestaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de dieciocho de noviembre anterior; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y terceros interesados, así como con el diverso TJA-II-P/499/2022 que remitió la responsable en acatamiento a la referida ejecutoria y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la codificación antes citada, las constancias con que se da vista quedan en la secretaría para que se impongan de ellas los interesados.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 2,480 expedientes
- José Orlando Mejias Rojas521/2022
- José Pablo Morales Hernández217/2023
- José Paulino Rodríguez Olvera218/2023
- José Paulo Cesar Duran Villa y Otros.761/2018
- José Paulo Cesar Durán Villa y Otros.26/2018
- Jose Pedro de los Sagrados Corazonez Cabrera Garcia412/2018
- Jose Pilar Portilla Velazco459/2022
- José Rafael Hernández Águila316/2022
- José Ramón Juvenal Sánchez Garcia494/2021
- Jose Remedios Bonifacio Sid Sosa598/2022
- José Remedios Bonifacio Sid Sosa466/2020
- Jose Remedios Bonifacio Sid Sosa266/2023