José Pedro Siordia Guerra
Expediente 1043/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Pedro Siordia Guerra
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * * , contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 2, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, regístrese dicha demanda, en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1043/2019-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La omisión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de pagarle retroactivamente y realizar el cálculo de los incrementos a su pensión, en lo referente a los conceptos 02 (bono de despensa y 03 (previsión social múltiple), ya que no se le han pagado. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. La parte quejosa señala como acto reclamado: EL PAGO NO CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, PIDIENDO QUE RETROACTIVAMENTE SE ME PAGUE CONFORME A LA LEYES MEXICANAS DEBIDAMENTE, COMO PENSIONADO DESDE 2009 DE ESE INSTITUTO DEMANDADO, Y ME PAGUE RETROACTIVAMENTE LO REFERENTE A LOS CONCEPTOS 02 (BONO DE DESPENSA) Y 03 (PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE), YA QUE NO SE HA PAGADO CONFORME A LOS INCREMENTOS QUE HA HABIDO, DE ACUERDO A LOS ACTOS DE VIOLATARIOS QUE SEÑALO CON POSTERIORIDAD. Una vez analizado el acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario contra el acuerdo reclamado. En la especie, esta juzgadora considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la parte quejosa, previamente a promover este juicio constitucional, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En efecto, el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]". El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo que establece que antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. Este principio se justifica en función de que el juicio de amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo prescriben el principio de definitividad respecto de los actos administrativos que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto de autoridad se revise de oficio, o bien, proceda en su contra algún medio de defensa a instancia de la parte agraviada, que lo modifique, revoque o anule. Que la norma que rige el acto de autoridad o el medio ordinario de defensa prevea la institución jurídica de la suspensión, cuyos requisitos de procedencia y plazo para decretarla no sean mayores a los previstos en la Ley de Amparo, independientemente de que el acto reclamado sea susceptible de paralización. 3) Que el acto impugnado esté fundado desde el punto de vista formal. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto -las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de modo que si se actualiza alguna, entonces el amparo resulta procedente- y que de conformidad con los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracciones XIX, XX y 107 de la Ley de Amparo, son las que a continuación se enumeran: A. Actos que sean normas o disposiciones de carácter general (leyes, códigos, reglamentos, etcétera), que se reclamen por su sola vigencia (autoaplicativa), o con motivo de algún acto de aplicación (heteroaplicativa). B. Actos en los que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, cuya inconstitucionalidad no dependa de la infracción a leyes secundarias. C. Actos que impliquen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. D. Actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. E. Actos de los que el recurso ordinario o medio de defensa legal que proceda en su contra esté previsto en un reglamento. F. Actos que afecten a una persona extraña o una persona por equiparación a un extraño en un juicio o procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. 1. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En primer término, con relación al requisito descrito en el apartado uno, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte quejosa contra los actos reclamados, los artículos 2°, 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el numeral 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen: [A]rtículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda." Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." [A]rtículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; De los dispositivos trascritos se advierte que contra los actos administrativos que se dicten en materia de pensiones, a cargo del erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal y como acontece en el presente caso, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo combatido. En ese orden de ideas, contra la omisión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de pagarle retroactivamente y realizar el cálculo de los incrementos a su pensión, en lo referente a los conceptos 02 (bono de despensa y 03 (previsión social múltiple), que no se le han pagado, el peticionario antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debe gestionar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se le otorguen dichos incrementos, a fin de que se pronuncie de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable su petición, y al tratarse dichos actos administrativos emanados de una entidad de la misma índole, la cual de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Seguro Social, determina que es un organismo fiscal autónomo; por ende, sus actuaciones son de naturaleza administrativa y se encuentran reguladas por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí que el quejoso debió haber realizado su petición ante el instituto e intentado el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación al diverso 3 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto es, debió observar el principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10ª.), del rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. También, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 111/2005, que dispone: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: 'INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.', para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. 2. Previsión de la "suspensión del acto" en la ley ordinaria. Por otro lado, respecto de la hipótesis descrita en el apartado número dos, conviene mencionar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula la institución jurídica de la suspensión en el juicio de nulidad, en su artículo 28. Para determinar si los requisitos de la suspensión en el juicio de nulidad no son mayores a los que regula la Ley de Amparo, es indispensable comparar ambas instituciones, siendo necesario considerar los preceptos que las norman. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé lo siguiente: [A]RTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Por su parte, los artículos 112, primer párrafo, 128, 130, 131, 132, 135 y 138 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión del acto reclamado a petición de parte en el juicio de amparo, prevén lo siguiente: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Del examen comparativo entre los ordenamientos que regulan la suspensión en ambos juicios, se advierten los aspectos siguientes: Plazo y competencia. 1) Oportunidad para solicitar la suspensión. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el actor podrá solicitar la suspensión en cualquier tiempo siempre que no se dicte sentencia; en tanto que el artículo 130 de la Ley de Amparo prescribe que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Por tanto, ambas normas permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin algún límite temporal procesal más que el dictado de la resolución respectiva; en consecuencia, este requisito en el juicio de nulidad no es mayor que el que rige en el amparo. 2) Plazo para decretarla. El artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud; mientras que la suspensión provisional en el juicio de amparo deberá decretarse dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de la presentación de la demanda, en términos del artículo 112, primer párrafo de la Ley de Amparo. Como se advierte, el plazo para decretar la suspensión en el juicio de amparo y juicio de nulidad es el mismo. 3) Autoridad que resuelve la suspensión. El artículo 28, fracción III, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo determina que la suspensión en el juicio contencioso administrativo se acordará únicamente por el magistrado instructor; mientras que en la suspensión en el juicio de amparo, el órgano judicial competente para resolverla es quien conoce del expediente principal, atento a lo previsto en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de Distrito, quienes resolverán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de la suspensión o lo que fuere conducente. Consecuentemente, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al previsto en la Ley de Amparo, puesto que la autoridad que conoce del juicio es la que resuelve la suspensión. Requisitos de procedencia. 1) Solicitud de la suspensión por parte del agraviado. De conformidad con el artículo 28, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la medida suspensiva podrá solicitarla el interesado que promovió la demanda de nulidad o su representante legal; mientras que el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente que la suspensión será decretada siempre que la parte quejosa la solicite. De lo anterior, resulta evidente que el requisito en ambos ordenamientos es idéntico. 2) Requisito relativo al orden público y al interés social. Tanto el artículo 28, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de la suspensión que su concesión no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas instituciones cautelares. 3) Derecho legalmente tutelado. El artículo 28, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que será procedente el otorgamiento de la suspensión cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al promovente. Por su parte, el artículo 131 de la Ley de Amparo expresamente prevé que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca un daño inminente e irreparable al interés legítimo de la parte quejosa. De la comparación de ambos preceptos, se obtiene que ambos regulan de manera idéntica el supuesto de procedencia en estudio. 4) Requisito de efectividad cuando existe un tercero. El artículo 28, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 131 de la Ley de Amparo prevén que si el otorgamiento de la medida cautelar otorga daños al tercero, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar e indemnizar esos perjuicios en caso que no se obtenga resolución favorable. Por tanto, es evidente que el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad relativo al tercero no es mayor que en el juicio de amparo; sino que son similares. 5) Requisito de efectividad con motivo de un crédito fiscal. El artículo 28, fracción III, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prescribe que en las demandas de nulidad que involucren créditos fiscales, se concederá la suspensión, condicionada a que se garantice en alguno de los medios permitidos por la ley. Por su parte, el artículo 135 de la ley de la materia, regula que si el amparo se insta contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión previo depósito del total en efectivo de la cantidad a que asciende el crédito fiscal, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda. De lo anterior, se desprende que la suspensión en el juicio contencioso administrativo y en el amparo contra créditos fiscales permite garantizar los créditos fiscales por cualquier permitido por la ley; por lo que es claro, que la suspensión en el primer medio de defensa no exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la medida suspensiva contra créditos fiscales. Ilustra lo anterior, la tesis 2a./J. 27/2016, que dice: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Por todo lo anterior, el juicio contencioso administrativo prevé la institución jurídica de la suspensión, cuyos requisitos de procedencia y plazo para otorgarla no son mayores a los de la suspensión en el juicio de amparo. Sirve de apoyo por identidad de razón la 2a./J. 130/2013 (10a.), del rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 3. Que el acto impugnado esté fundado desde el punto de vista formal. Del análisis de las constancias que anexó la parte quejosa, se advierte que la autoridad responsable le concedió la pensión asignándole el número de pensionado 1061207, en el que se fijó las cuotas de tal suerte que desde el punto de vista formal, no hay una carencia o falta de la fundamentación en su emisión. En todo caso, puede configurarse una indebida o incorrecta fundamentación, esto es, que en los actos reclamados se citan preceptos legales, pero son inaplicables al caso particular, o bien, una indebida motivación consistente en que la autoridad expuso los motivos, pero no se ajustan a los supuestos de la norma invocada como fundamento aplicable al asunto. Consecuentemente, se configura el supuesto mencionado en el apartado número tres y, por ende, la parte quejosa se obliga a observar el principio de definitividad. 4. No se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad. Por último, en cuanto al supuesto descrito en el apartado cuatro, relativo a las excepciones al principio de definitividad, se advierte lo siguiente: A. Los actos impugnados no son normas jurídicas o disposiciones de carácter general, ni tampoco se reclaman con motivo de un acto de aplicación de aquéllas. B. La parte promovente alegó violaciones de legalidad, respecto de los actos reclamados, de modo que la parte quejosa está obligada a agotar el principio de definitividad, ya que al involucrarse cuestiones de legalidad, éstas pueden ser analizadas por la autoridad ordinaria y sólo en forma mediata competerá al juez de amparo, pese a que en múltiples ocasiones la autoridad no pueda analizar las violaciones directas a la Constitución Federal, pues de todas formas si estima fundadas las violaciones de legalidad, entonces el acto controvertido quedará sin efecto y, por ende, resultará innecesario el estudio de las violaciones directas a la Constitución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 449 que sustentó la Segunda Sala del alto Tribunal del país, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo III, página 104, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (énfasis añadido) C. Por otro lado, al analizar la naturaleza de los actos reclamados se obtiene que no producen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16 -en lo referente a la materia penal-, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. Tampoco se tratan de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. E. Por otra parte, el juicio contencioso administrativo analizado no está previsto en un reglamento, sino en Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. F. Finalmente, la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de origen, ya que refiere que se enteró de los actos reclamados el ocho de agosto de dos mil diecinueve, tan es así que exhibió el citatorio, y el acta de notificación de nueve de agosto siguiente, así como el mandamiento de ejecución, reclamado junto con la demanda de amparo. En esa tesitura, no se configuran las excepciones del principio de definitividad descritas en el apartado cuatro. En esas condiciones, si la quejosa reclama la omisión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de pagarle retroactivamente y realizar el cálculo de los incrementos a su pensión, en lo referente a los conceptos 02 (bono de despensa y 03 (previsión social múltiple), ya que no se le han pagado, estaba obligado a realizar la solicitud ante el instituto y enseguida promover el juicio antes descrito, en cumplimiento al denominado principio de definitividad. Por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, de manera que la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En consecuencia, el juicio de amparo es improcedente, por lo que al actualizarse dicha causal, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO.
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