José Pedro Silvino Chacón Gómez

Expediente 955/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 48 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
955/2019
Año
2019
Actuaciones
48
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Domitila Virginia Gómez Peralta
  • Virginia Chacón Hernández
  • Sergio Chacón Hernández
  • JOSÉ PEDRO SILVINO CHACÓN GÓMEZ y Otros.
  • José Pedro Silvino Chacón Gómez
  • Baldomera Patricia Hernández Meneses
  • María del Rocío Chacón Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de febrero de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del cinco de enero de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por otra conceder la protección constitucional, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Hágase las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de amparo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Devolución de anexo. Finalmente, dado que durante la tramitación del presente se ordenó la formación de un anexo con las constancias remitidas por el Presidente del Municipio de Chichiquila, Puebla, se ordena la devolución del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de febrero de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del cinco de enero de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por otra conceder la protección constitucional, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Hágase las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de amparo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente , y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Devolución de anexo. Finalmente, dado que durante la tramitación del presente se ordenó la formación de un anexo con las constancias remitidas por el Presidente del Municipio de Chichiquila, Puebla, se ordena la devolución del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Se declara cumplida sentencia de amparo. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia se procede al estudio oficioso del cumplimiento de la sentencia de amparo. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del diez de marzo de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "a) Los Jueces Primero y Segundo de Paz de San José de Acatla, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles, convocarán y celebrarán una asamblea comunitaria, en la que deberán explicar a los miembros de la comunidad, que la Justicia Federal determinó que no es posible cancelar de manera absoluta los servicios de agua y drenaje a los quejosos. b) Por lo anterior -de inmediato- deberán garantizar y demostrar que la parte quejosa recibe directamente, cuando menos, el acceso a un mínimo de agua para consumo personal y doméstico [cincuenta litros al día por persona] que asegure su subsistencia y no ponga en peligro su salud o su vida. Adicionalmente, en la asamblea que se celebre con motivo del cumplimiento de esta sentencia de amparo, deberá enfatizarse en que la protección de la Justicia Federal en este caso no significa -de ninguna manera- que la parte quejosa quede exenta de pagar los adeudos o las cantidades futuras que tenga el deber de sufragar a favor de la comunidad por el disfrute de dicho servicio Por tanto, se deja expedita la facultad de la comunidad para requerirle el cumplimiento de pago de los adeudos que tenga existentes. 162. Ahora, a lo largo de esta resolución se precisó que deben adoptarse medidas menos lesivas a una consistente en la cancelación absoluta de los servicios de agua y drenaje. Así, de manera ejemplificativa se estima que la comunidad, de estimarlo conveniente, podría adoptar alguna de las siguientes medidas: Suspensión del derecho a contar con voz y voto dentro de las asambleas comunitarias. Restricción del derecho a ser electos para cargos de representación dentro de la comunidad. No permitir su participación en las convivencias comunitarias, como por ejemplo, en la fiesta patronal. No poder hacerse acreedor a ningún beneficio extraordinario dentro de la comunidad. 163. Si a pesar de lo anterior, la parte quejosa se rehúsa totalmente a pagar los adeudos que tuviera pendientes o los que se lleguen a generar en un futuro, solo hasta ese momento podría ser procedente la cancelación total de los servicios indicados, siempre que sea notorio que cuenta con capacidad económica para afrontar sus obligaciones y que con dicha medida no se verá afectada ninguna persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o de especial protección." Mediante proveído del veintiocho de julio de dos mil veintiuno se recibió el testimonio del catorce de julio de dos mil veintiuno emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el recurso de revisión 201/2020 mediante el cual desechó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva del diez de marzo de dos mil veinte y se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; por lo que se requirió al los Jueces Primero y Segundo de Paz de San José de Acatla, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Mediante oficio recibido el doce de noviembre de dos mil veintiuno, los Jueces de Paz, Primero, Segundo y Tercero, de San José de Acatla, Municipio de Chichiquila, Puebla informaron las gestiones de cumplimiento dado al fallo protector y al efecto informó que el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la asamblea comunitaria en la que: 1. Los Jueces de Paz, informaron a los miembros de la comunidad, la sentencia pronunciada por este juzgado, en la que se determinó que no es posible cancelar de manera absoluta los servicios de agua y drenaje a los quejosos. 2. Se llevó a cabo la reconexión de agua directamente, con lo cual se asegura su subsistencia y que no se pone en peligro su salud o su vida. 3. Informaron que con motivo de la concesión del amparo, la parte quejosa no queda exenta de pagar los adeudos o las cantidades futuras que tenga el deber de sufragar a favor de la comunidad por el disfrute de dicho servicio. 4. La comunidad que asistió a la asamblea, el comité de agua y los jueces de paz, acordaron el monto de *** para requerirle el cumplimiento de pago de los adeudos que tenga existentes. Luego, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno el quejoso presentó un escrito en el que expuso que no se había realizado la reconexión del servicio de agua potable y drenaje respecto de la quejosa Domitila Virginia Gómez Peralta. Así, en auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, los Jueces de Paz, Primero, Segundo y Tercero, de San José de Acatla, Municipio de Chichiquila, Puebla, informaron que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una asamblea comunitaria, en la que se llevó a cabo la reconexión de agua directamente a la quejosa Domitila Virginia Gómez Peralta, con lo cual se asegura su subsistencia. Cabe destacar que al oficio y anexo remitido por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que los Jueces de Paz, Primero, Segundo y Tercero, de San José de Acatla, Municipio de Chichiquila, Puebla dieron cabal cumplimiento al fallo protector, pues: informaron a los miembros de la comunidad, la sentencia pronunciada por este juzgado, en la que se determinó que no es posible cancelar de manera absoluta los servicios de agua y drenaje a los quejosos. se llevó a cabo la reconexión de agua y drenaje con lo cual se asegura su subsistencia y que no se pone en peligro su salud o su vida. Informaron que con motivo de la concesión del amparo, la parte quejosa no queda exenta de pagar los adeudos o las cantidades futuras que tenga el deber de sufragar a favor de la comunidad por el disfrute de dicho servicio. La comunidad que asistió a la asamblea, el comité de agua y los jueces de paz, acordaron el monto de $200 000.00 (doscientos mil pesos 00/00 M.N.) para requerirle el cumplimiento de pago de los adeudos que tenga existentes. Ahora bien, no es obstáculo para tener por cumplida la ejecutoria de amparo las manifestaciones hechas por la parte quejosa en el sentido de que el cobro de la cantidad de $200 000.00 (doscientos mil pesos 00/00 M.N.) para cubrir los adeudos existentes resulta desproporcionada, ya que se dejó expedita dicha facultad de cobro a las autoridades responsables, por lo que el tópico relativo a lo excesivo del cobro no quedó comprendido dentro de los efectos del fallo protector. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Se declara cumplida sentencia de amparo. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia se procede al estudio oficioso del cumplimiento de la sentencia de amparo. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del diez de marzo de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "a) Los Jueces Primero y Segundo de Paz de San José de Acatla, en un plazo que no podrá ser superior a diez días hábiles, convocarán y celebrarán una asamblea comunitaria, en la que deberán explicar a los miembros de la comunidad, que la Justicia Federal determinó que no es posible cancelar de manera absoluta los servicios de agua y drenaje a los quejosos. b) Por lo anterior -de inmediato- deberán garantizar y demostrar que la parte quejosa recibe directamente, cuando menos, el acceso a un mínimo de agua para consumo personal y doméstico [cincuenta litros al día por persona] que asegure su subsistencia y no ponga en peligro su salud o su vida. Adicionalmente, en la asamblea que se celebre con motivo del cumplimiento de esta sentencia de amparo, deberá enfatizarse en que la protección de la Justicia Federal en este caso no significa -de ninguna manera- que la parte quejosa quede exenta de pagar los adeudos o las cantidades futuras que tenga el deber de sufragar a favor de la comunidad por el disfrute de dicho servicio Por tanto, se deja expedita la facultad de la comunidad para requerirle el cumplimiento de pago de los adeudos que tenga existentes. 162. Ahora, a lo largo de esta resolución se precisó que deben adoptarse medidas menos lesivas a una consistente en la cancelación absoluta de los servicios de agua y drenaje. Así, de manera ejemplificativa se estima que la comunidad, de estimarlo conveniente, podría adoptar alguna de las siguientes medidas: Suspensión del derecho a contar con voz y voto dentro de las asambleas comunitarias. Restricción del derecho a ser electos para cargos de representación dentro de la comunidad. No permitir su participación en las convivencias comunitarias, como por ejemplo, en la fiesta patronal. No poder hacerse acreedor a ningún beneficio extraordinario dentro de la comunidad. 163. Si a pesar de lo anterior, la parte quejosa se rehúsa totalmente a pagar los adeudos que tuviera pendientes o los que se lleguen a generar en un futuro, solo hasta ese momento podría ser procedente la cancelación total de los servicios indicados, siempre que sea notorio que cuenta con capacidad económica para afrontar sus obligaciones y que con dicha medida no se verá afectada ninguna persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o de especial protección." Mediante proveído del veintiocho de julio de dos mil veintiuno se recibió el testimonio del catorce de julio de dos mil veintiuno emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el recurso de revisión 201/2020 mediante el cual desechó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva del diez de marzo de dos mil veinte y se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; por lo que se requirió al los Jueces Primero y Segundo de Paz de San José de Acatla, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Mediante oficio recibido el doce de noviembre de dos mil veintiuno, los Jueces de Paz, Primero, Segundo y Tercero, de San José de Acatla, Municipio de Chichiquila, Puebla informaron las gestiones de cumplimiento dado al fallo protector y al efecto informó que el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la asamblea comunitaria en la que: 1. Los Jueces de Paz, informaron a los miembros de la comunidad, la sentencia pronunciada por este juzgado, en la que se determinó que no es posible cancelar de manera absoluta los servicios de agua y drenaje a los quejosos. 2. Se llevó a cabo la reconexión de agua directamente, con lo cual se asegura su subsistencia y que no se pone en peligro su salud o su vida. 3. Informaron que con motivo de la concesión del amparo, la parte quejosa no queda exenta de pagar los adeudos o las cantidades futuras que tenga el deber de sufragar a favor de la comunidad por el disfrute de dicho servicio. 4. La comunidad que asistió a la asamblea, el comité de agua y los jueces de paz, acordaron el monto de *** para requerirle el cumplimiento de pago de los adeudos que tenga existentes. Luego, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno el quejoso presentó un escrito en el que expuso que no se había realizado la reconexión del servicio de agua potable y drenaje respecto de la quejosa Domitila Virginia Gómez Peralta. Así, en auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, los Jueces de Paz, Primero, Segundo y Tercero, de San José de Acatla, Municipio de Chichiquila, Puebla, informaron que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo una asamblea comunitaria, en la que se llevó a cabo la reconexión de agua directamente a la quejosa Domitila Virginia Gómez Peralta, con lo cual se asegura su subsistencia. Cabe destacar que al oficio y anexo remitido por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que los Jueces de Paz, Primero, Segundo y Tercero, de San José de Acatla, Municipio de Chichiquila, Puebla dieron cabal cumplimiento al fallo protector, pues: informaron a los miembros de la comunidad, la sentencia pronunciada por este juzgado, en la que se determinó que no es posible cancelar de manera absoluta los servicios de agua y drenaje a los quejosos. se llevó a cabo la reconexión de agua y drenaje con lo cual se asegura su subsistencia y que no se pone en peligro su salud o su vida. Informaron que con motivo de la concesión del amparo, la parte quejosa no queda exenta de pagar los adeudos o las cantidades futuras que tenga el deber de sufragar a favor de la comunidad por el disfrute de dicho servicio. La comunidad que asistió a la asamblea, el comité de agua y los jueces de paz, acordaron el monto de $200 000.00 (doscientos mil pesos 00/00 M.N.) para requerirle el cumplimiento de pago de los adeudos que tenga existentes. Ahora bien, no es obstáculo para tener por cumplida la ejecutoria de amparo las manifestaciones hechas por la parte quejosa en el sentido de que el cobro de la cantidad de $200 000.00 (doscientos mil pesos 00/00 M.N.) para cubrir los adeudos existentes resulta desproporcionada, ya que se dejó expedita dicha facultad de cobro a las autoridades responsables, por lo que el tópico relativo a lo excesivo del cobro no quedó comprendido dentro de los efectos del fallo protector. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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