José Pedro Meza Díaz

Expediente 388/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
388/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • José Pedro Meza Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, y su anexo, consistente en copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 9/2018, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl (autoridad declinada), para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto 388/2018 (y su derivado 398/2018).". En consecuencia, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que este órgano jurisdiccional declinó competencia legal a diverso Juzgado por razón de territorio; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en el que transcribe el proveído mediante el cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso insiste en declinar la competencia al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el quejoso señaló como acto reclamado la determinación que desechó por improcedente el incidente no especificado de compurgación simultanea de la pena de prisión impuesta en la causa penal 78/2001, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Además, dicho peticionario de amparo afirmó que actualmente se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico en el Estado de México, enfrentando un proceso penal, y que el acto reclamado a que hace referencia es con el objeto de que se le otorgue la simultaneidad de pena impuesta en la causa penal de origen. Circunstancia por la cual, este Juzgado de Distrito concluye que el promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material, la cual se traduce en que éste continúe privado de su libertad en el centro de reclusión en que actualmente se encuentra. Luego, si el quejoso al momento de solicitar la simultaneidad de las penas de prisión impuestas en la causa penal 78/2001, se encontraba privado de su libertad, resulta indudable que conforme a la primera regla de competencia aludida en líneas precedentes, dicho acto se seguirá ejecutando en ese lugar (Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico en el Estado de México), con lo que resulta indudable que el órgano de control constitucional competente para conocer de la demanda promovida, es el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, pues es en su jurisdicción donde se encuentra el centro penitenciario en que radica el peticionario del amparo. Por lo antes precisado, es inconcuso que el acto reclamado tendrá su ejecución en la jurisdicción del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por ello, el suscrito no comparte las razones que en su momento lo llevaron a considerar que este juzgado era competente para resolver respecto del acto reclamado en el presente asunto. De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Intégrense las constancias del exhorto 69/2018, número de orden 106/2018, del índice de este Juzgado, que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, enviado para notificar el proveído de quince de marzo del año en curso al quejoso ***, en su lugar de reclusión. Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones respectivas.

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