José Pedro Jauregui Magueyal
Expediente 595/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Pedro Jauregui Magueyal
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, atento a lo anterior y en relación al cuaderno del toca 13/2018 y los dos discos compactos, por carecer de objeto su retención, devuélvanse los mismos al Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre; solicitando de la manera más atenta acusar recibo.
- Principal
Visto el estado de los autos, precisamente el contenido de las razones actuariales, de dieciocho de julio de la presente anualidad, en donde el actuario de la adscripción asentó que a efecto de notificar a los terceros interesados ***, en representación de la menor M.G.L., no localizó el domicilio de dichas personas; en tal razón, notifíquese a dichos terceros interesados el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, ello como lo establece el numeral 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. ACUERDO DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO: Por este conducto se les notifica a los terceros interesados Ma. Guadalupe Juárez Perales y Edgar René Calvario, en representación de la menor M.G.L.: Téngase por recibido el oficio número 3733 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, a través del cual determinó: PRIMERO. Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *** en contra de la resolución de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal 13/2018-O SEGUNDO. Es competente el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en turno, a quien se ordena remitir la demanda de amparo y sus anexos por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en aquella ciudad, para que resuelva lo conducente; debiendo formarse el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En razón de lo anterior, acúsese recibo y avóquese al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho; contra actos del Magistrado Propietario que integra la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 595/2018-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; ya que al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, la decisión denegatoria de medios de prueba asumida en audiencia intermedia o de preparación a juicio oral de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establece que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: la resolución de veintisiete de febrero del año en curso, emitido en el toca penal 13/2018-O de la estadística de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual modificó la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral de veintidós de enero pasado, para el efecto de admitir como medio de prueba de la fiscalía la declaración de un testigo experto respecto de un informe pericial. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio de origen, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción III del artículo 172 de la ley de la materia. Pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se reitera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis jurisprudencial 3ª.20/90, sostenida por la antes Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, localizable en la página 236, Tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Ahora bien, el quejoso señaló domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el interior del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a los licenciados ***, en TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tienen registradas sus respectivas cédulas profesionales en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo; y, a los licenciados ***, en términos restringidos, es decir únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley, por no obrar registrada su cédula profesional, en la nombrada base de datos y a los demás citados, debido a que la parte quejosa en su demanda de amparo, los autorizo. Por otro lado, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Ahora bien, respecto al cuaderno del toca 13/2018 que remite la superioridad, fórmese un tomo de prueba, para su mejor manejo; y, en cuanto a los dos discos compactos, quedan en resguardo en la Secretaría de este juzgado. Finalmente, la presente determinación hágase del conocimiento a la autoridad responsable, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho tribunal, por medio de oficio. Así como a los terceros interesados ***, quienes tienen sus domicilios, respectivamente, ***, todos de esta ciudad. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se: Resuelve: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
- Principal
Al no atender el aviso la tercero interesado Licenciada Cristian Nayeli Rodríguez Olvera, en su carácter de Directora del CEMAIV, representante de los menos ***, por este conducto se procede a notificarle el proveído de trece de julio actual, que en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio número 3733 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, a través del cual determinó: PRIMERO. Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *** en contra de la resolución de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal 13/2018-O SEGUNDO. Es competente el Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en turno, a quien se ordena remitir la demanda de amparo y sus anexos por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en aquella ciudad, para que resuelva lo conducente; debiendo formarse el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En razón de lo anterior, acúsese recibo y avóquese al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho; contra actos del Magistrado Propietario que integra la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 595/2018-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; ya que al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, la decisión denegatoria de medios de prueba asumida en audiencia intermedia o de preparación a juicio oral de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establece que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: la resolución de veintisiete de febrero del año en curso, emitido en el toca penal 13/2018-O de la estadística de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual modificó la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral de veintidós de enero pasado, para el efecto de admitir como medio de prueba de la fiscalía la declaración de un testigo experto respecto de un informe pericial. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio de origen, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción III del artículo 172 de la ley de la materia. Pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se reitera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis jurisprudencial 3ª.20/90, sostenida por la antes Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, localizable en la página 236, Tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Ahora bien, el quejoso señaló domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el interior del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a los licenciados ***, en TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tienen registradas sus respectivas cédulas profesionales en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo; y, a los licenciados ***, en términos restringidos, es decir únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley, por no obrar registrada su cédula profesional, en la nombrada base de datos y a los demás citados, debido a que la parte quejosa en su demanda de amparo, los autorizo. Por otro lado, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Ahora bien, respecto al cuaderno del toca 13/2018 que remite la superioridad, fórmese un tomo de prueba, para su mejor manejo; y, en cuanto a los dos discos compactos, quedan en resguardo en la Secretaría de este juzgado. Finalmente, la presente determinación hágase del conocimiento a la autoridad responsable, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho tribunal, por medio de oficio. Así como a los terceros interesados ***, quienes tienen sus domicilios, respectivamente, ***, todos de esta ciudad. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se: Resuelve: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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