José Pedro Hernández
Expediente 836/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Pedro Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 17 a 29), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Alfonso Carranza Melo, en su carácter de autorizado de José Pedro Hernández; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 17 a 29), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Alfonso Carranza Melo, en su carácter de autorizado de José Pedro Hernández; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve de manera electrónica, vía FIREL, en términos del artículo 62 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por José Pedro Hernández, por propio derecho y signada de manera electrónica por Alfonso Carranza Melo, contra actos del Ayuntamiento Municipal de San Dionisio Yauhquemehcan, Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 836/2018-II. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ... Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, 6°, Décimo Primero Transitorio, y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .. ....El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, indica que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualiza una causal que resulte de alguna otra disposición de la ley, que en el presente asunto es la derivada de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la ley de la materia, pues el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio el juicio de amparo, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese orden de ideas, debe precisarse que la firma es el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. Ahora bien, de conformidad con los artículos transcritos en párrafos que anteceden el juicio de amparo puede promoverse en forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, por lo cual el cuatro de julio de dos mil trece, se emitió el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico. En dicho ordenamiento se estableció la regulación de las bases de la firma y del expediente electrónico que se pongan a disposición de los justiciables por el Poder Judicial de la Federación, por lo que en su numeral 3°, se determinó que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, y se tendrán por presentadas siempre y cuando cuenten con el certificado digital respectivo y la firma mediante el uso de la FIREL, tal y como lo establece el artículo 4° de dicho ordenamiento que a la letra dispone: ... Ahora bien, el uno de diciembre de dos mil quince, se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, el cual en su considerando Séptimo, se determinó lo siguiente: "[.] SÉPTIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales;". En ese sentido, se determinó que el uso de la firma electrónica se validará mediante el Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que es el Documento Electrónico expedido por las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la citada Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Lo expuesto se evidencia de la lectura del contenido de los artículos 72 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, que establecen: "[.] Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos. [.] Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". Así, el transcrito artículo 76 prevé que al presentar una demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica resulta ser promovida por José Pedro Hernández, por propio derecho; sin embargo, en la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se advierte una firma electrónica diversa a la de la promovente, a saber, de Alfonso Carranza Melo, quien fue designado en el escrito inicial de demanda como autorizado en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito. Por consiguiente, no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso José Pedro Hernández de instar el juicio constitucional, pues él no signó electrónicamente la demanda de cuenta, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; de ahí que no se satisfaga el principio de instancia de parte agraviada en el presente asunto. ... En este sentido, toda vez que el promovente del amparo no agregó su firma electrónica vigente presentada en la vía electrónica al ser considerada la firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, su inexistencia implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley de la materia, razón por la cual es procedente desechar la presente demanda de amparo. Puesto que la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación de la parte quejosa constituya un elemento esencial de la demanda pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo, en términos de lo ordenado en los artículos 73 y 77, del Acuerdo General Conjunto 1/2015. Esto, sin que pueda decirse que la falta de firma electrónica de la promovente del amparo constituya una irregularidad de la misma que deba mandarse subsanar en los términos señalados por el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque un escrito sin la firma electrónica correspondiente no obliga a este órgano jurisdiccional a realizar acto alguno tendiente a darle curso pues al carecer de firma electrónica, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna especie, tal como lo sostiene la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUBITABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA", misma que sirve de apoyo por sus consideraciones y aparece publicada en la página 70, del informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho. ... De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. ....En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, 6°, Décimo Primero Transitorio, y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que obste a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 69 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, puesto que en el presente asunto el acto reclamado no se ubica en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, o de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, por lo que hace al medio electrónico que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo anterior, ello en virtud de que diversa solicitud carece de validez, pues tal como se precisó, de la evidencia criptográfica de la demanda de amparo se advierte que la firma electrónica con la que se signó, pertenece a diversa persona a la promovente del amparo, en ese sentido al no acontecer la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa de instar el juicio constitucional, tampoco las demás cuestiones peticionadas en la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos. Autorizado. De igual forma, por lo que hace a la designación de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo así como para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, por las razones ya expuestas en el párrafo que antecede. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.
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