José Pedro Baleon Tochimani

Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • José Pedro Baleon Tochimani

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que hace del conocimiento de este juzgado el acuerdo de presidencia de dos de marzo del año en curso, por el acusa de recibo las constancias remitidas por este Juzgado y admite el recurso de queja interpuesto por el quejoso José Pedro Baleón Tochimani, contra el auto de diecisiete de febrero del año en curso, dando origen al recurso de queja número 41/2023; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se aprecia de la imagen inserta en el presente acuerdo: Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Responsable de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos en la Zona Comercial Tlaxcala, División Comercial Centro Oriente, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado y Director de la Oficina de Pasaportes en Tlaxcala, por los que dan cumplimiento a lo requerido en acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso; en consecuencia, a la autoridad nombrada en primer término, téngasele informando que el domicilio localizado de aquí quejosa Candelaria Salazar Pérez, es el ubicado en Calle Emiliano Zapata número diez, Santa Catalina Apatlah, del Municipio de Panotla, Tlaxcala y por cuanto a las autoridades nombradas en segundo y tercer término, téngaseles informando que no localizaron registro de algún domicilio de la mencionada quejosa; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento por el que se les conminó. En tales condiciones, se comisiona al Actuario para que, se constituya en el domicilio ubicado en Calle Emiliano Zapata número diez, Santa Catalina Apatlah, del Municipio de Panotla, Tlaxcala de la mencionada quejosa Candelaria Salazar Pérez, y le haga del conocimiento la presente determinación y la requiera a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio actual y correcto en el Municipio de Apizaco o zona conurbada y en su caso apoderado y/o autorizado; entregándole copia del escrito de demanda de amparo y auto admisorio; lo anterior, a fin de que se imponga del contenido del presente juicio de amparo, en su carácter de representante de la sucesión intestamentaria a bienes del quejoso José Sedeño Román; lo anterior, por revestirle a la mencionada Candelaria Salazar Pérez, el carácter de albacea provisional de citado quejoso, según lo informa el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; ello, a fin de que tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos conforme a sus intereses legales convengan. Asimismo, le haga del conocimiento que dentro de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se encuentra radicado el juicio de amparo 1172/2019, el cual fue promovido por el quejoso José Sedeño Román, dentro del cual, el acto reclamado es el siguiente: Ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil de usucapión 243/99, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc promovido por Aur********************, dentro del cual se encuentra implicado el terreno denominado "********************", ubicado en el pueblo de ******************** Finalmente, le haga del conocimiento, que dentro del presente juicio, se encuentran fijadas las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por José Pedro Baleon Tochimani, mediante el cual desahoga la prevención efectuada el ocho de febrero del año en curso, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, provéase lo conducente respecto a la demanda de amparo. CUESTIÓN PREVIA. Del escrito de demanda así como del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso, señala como acto reclamado el siguiente: ? La determinación emitida el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dentro del Toca Penal de Ejecución 05/2022-2, del índice de la Sala Penal Especializada en administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de la cual: a) Se hace saber a las partes que el Tribunal de Alzada está conformado de manera unitaria por la licenciada Maricela Sánchez Apan, Juez Tercero de Control de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en sustitución del Magistrado Pedro Sánchez Ortega, con motivo de la excusa planteada, por lo que se les otorga a las partes un plazo de cuarenta y ocho horas para que manifiesten lo que a su interés convenga; b) Respecto al recurso de apelación interpuesto dentro de la carpeta de ejecución, por el sentenciado, aquí quejoso, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, relativo al pago de la reparación del daño, emitido por el Juez del conocimiento, la Sala advirtió que no se corrió traslado con el recurso adhesivo DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 interpuesto por la parte agraviada, por lo que ordena reponer el procedimiento; y, c) Respecto al recurso de apelación interpuesto dentro de la carpeta de ejecución, por el sentenciado, aquí quejoso, contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que el Juez del conocimiento no determinó el tiempo estimado para el pago de la reparación del daño, la Sala, con fundamento en el artículos 470, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los diversos numerales 132 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, declaró ser inadmisible dicho recurso, al considerar que no se actualizaba ninguna de las hipótesis de procedencia previstas en el diverso 132 de la referida ley especial. DESECHAMIENTO. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, en la especie, este órgano de control constitucional, estima que, respecto de la resolución reclamada de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en lo que se refiere a los puntos destacados en los inciso a) y b), descritos en párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación; por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquéllos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Lo anterior es así, ya que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto contra actos emitidos dentro de juicio, solo es procedente cuando se impugna alguna determinación de imposible reparación, concepto que fue definido como aquéllos que afectan de manera directa algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado de la sentencia de fondo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P/J37/2014 (10ª), con registro 2006589, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, pendiente de publicación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, del escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se advierte, que la resolución reclamada, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés -específicamente lo acortado en los inciso a) y b)-, para efectos de la procedencia de la demanda de amparo, tiene la naturaleza jurídica de acto dictado dentro de procedimiento, puesto que determinó, dentro del toca penal de ejecución 05/2022-2, dar a la vista a las partes por el término de cuarenta y ocho, respecto a la conformación del Tribunal de Alzada, siendo sustituido el Magistrado excusante por la Juez de control; asimismo, tocante al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, aquí quejoso, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, ordenó reponer el procedimiento ante la falta de correr traslado con el recurso adhesivo por la parte agraviada, lo anterior, para efecto de su debida integración; De igual manera, en la especie, tampoco se actualiza la hipótesis prevista para la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos emitidos dentro de juicio, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque aquélla resolución no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), tal y como se advierte en párrafos que anteceden; lo cual no afecta derechos sustantivos, sino solo procesales, pues se advierte que es el propio sentenciado, aquí quejoso, el que promueve el recurso de apelación, cuya reposición del procedimiento, es para que, en su caso, quede debidamente integrado dicho medio de impugnación. Es aplicable, por analogía, la tesis I.9o.P.1 P (11a.), con registro digital 2023499, del Noveno Tribunal Colegiado en DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2975, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE ORDENA AL JUEZ LA REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL QUEJOSO -NO PRIVADO DE SU LIBERTAD- POR NO HABERSE SUSTANCIADO EL INCIDENTE RESPECTIVO CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 64/2016 (10a.)]. Hechos: Un Juez de proceso penal mixto, con fundamento en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) abrogado, determinó procedente el incidente no especificado de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por lo que la modificó y, en su lugar, decretó otras, que dieron lugar a su excarcelación. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación y la Sala, al advertir que el incidente que se sustanció no fue el adecuado, al haberse utilizado el código adjetivo local y no el Código Nacional de Procedimientos Penales, le devolvió al Juez el cuadernillo respectivo para que regularizara el procedimiento, realizara las diligencias necesarias conforme a este último ordenamiento y, en un nuevo estudio, se pronunciara sobre la solicitud del quejoso. Inconforme con lo anterior, éste promovió juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez de Distrito lo sobreseyó, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, por reclamarse una resolución que sólo tiene efectos formales o intraprocesales; en su contra, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución del Tribunal de Alzada que ordena la regularización del procedimiento de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso - no privado de su libertad-, por no haberse sustanciado el incidente respectivo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos. Justificación: Lo anterior, porque con la emisión del acto reclamado no existe una afectación de derechos sustantivos contra el quejoso, ya que las consecuencias de la referida regularización del procedimiento son que el Juez responsable se pronuncie en relación con la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, realice las diligencias necesarias conforme al ordenamiento legal aplicable al caso, y emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del justiciable; actuar que, se reitera, no es de imposible reparación por DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 tratarse de cuestiones meramente procesales. Aunado a lo anterior, en la regularización reclamada no se le priva de la oportunidad de defensa al quejoso sino, por el contrario, se le permite realizar una nueva exposición sobre la solicitud de revisión y/o modificación de la medida cautelar con mayores elementos de prueba y argumentación; además, no debe perderse de vista que tal determinación, por sí, no genera afectación alguna a sus derechos fundamentales, ni deja huella en su esfera jurídica, porque esa violación, en su caso, podrá reclamarse a través del medio de defensa adecuado para ello. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado - identificados en los incisos a) y b)- ante la instancia de origen deba considerarse de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, respecto de la resolución reclamada de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en lo que se refiere al punto destacado en el inciso c), descritos en párrafos que anteceden -inadmisión de recurso-, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone, que el juicio de amparo será improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, exceptuándose de lo anterior, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 o Fuerza Aérea nacionales, las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, así como las resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, las que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, además indica que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De esa forma, la aludida fracción regula uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en el de definitividad del acto reclamado, que se refiere a la improcedencia del juicio contra actos recurribles, por lo que previamente a la interposición de éste, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le cause perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente por no acatarse el principio de definitividad que lo rige, lo anterior salvo los casos de excepción que la misma fracción prevé o los que considere la jurisprudencia. Por guardar relación con el asunto que se revisa, se estima conveniente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 153/2019 -en la que de acuerdo con los criterios contendientes, los puntos de estudio versaron en en específico en determinar si en contra de la determinación de no admitir el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe agotarse el recurso ordinario de revocación, que prevé el diverso 465 del mismo ordenamiento, antes de acudir el juicio de amparo, y en su caso, establecer si es aplicable la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 último, de la Ley de Amparo, que permite al quejoso decidir entre acudir al medio ordinario de defensa o directamente al amparo, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo-, que dio origen a la jurisprudencia intitulada "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO"1, concluyó que: ? El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. ? El auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: a) dentro del procedimiento penal, y b) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la 1 Jurisprudencia 85/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la foja doscientos ochenta y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Libro 73, de diciembre de dos mil diecinueve, Décima Época, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. ? En términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación. ? Por lo anterior, previo a promover el juicio de amparo contra el auto que no admite la apelación en el proceso penal acusatorio, es necesario agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el párrafo último del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso particular, se estima que el estudio que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe servir de base para resolver el presente asunto, con entera independencia de que el examen que realizó derivara de la interposición del recurso de apelación previsto en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que el acto aquí analizado tiene su origen en el recurso de apelación a que se refiere el numeral 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que todos presentan la particularidad que fueron declarados inadmisibles, con fundamento en el diverso dispositivo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el supuesto de que se trata, resultó de aplicación supletoria, como más adelante se explicará. Por lo que, se considera que el examen que realizó el citado órgano del Máximo Tribunal del país, debe servir de base como un aporte orientador en el asunto que se analiza, pues en todo caso realizar dicho estudio también es parte del ejercicio común de la función jurisdiccional, como se advierte del DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 contenido de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD".2 Bajo ese contexto, resulta pertinente destacar que los artículos 8º, 131, 132 y 135, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan: "Artículo 8. Supletoriedad. En todo lo no previsto por la presente ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables" "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla" "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; 2 Jurisprudencia 195/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la foja setecientos setenta y ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Tomo I, de enero de dos mil diecisiete, Décima Época, de rubro y texto: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional". DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta ley" "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación. En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De lo anterior, se obtiene que los artículos 131, 132 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan diversos aspectos relativos al recurso de apelación, entre éstos, hipótesis de procedencia, término para su interposición, sus efectos, tramitación y tiempo para resolverse, además que en lo no lo previsto en dicha normatividad, será aplicable supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, el párrafo primero, del numeral 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que la alzada correspondiente al recibir las actuaciones enviadas por el A quo, deberá determinar entre otros aspectos, si el auto apelado es recurrible, por lo que la no actualización de esa hipótesis implicaría la inadmisibilidad del recurso, sin embargo debe destacarse que esa figura jurídica no se encuentra contemplada en la citada ley de ejecución, pero sí en el diverso 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de aplicación supletoria, por los motivos que ya se explicaron. Por tanto, atendiendo a los lineamientos que tomó en consideración la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 153/2019, que dieron origen a la jurisprudencia intitulada "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO", este tribunal de amparo, considera que aun cuando el recurso de apelación que dio origen al acto reclamado que se analiza, se encuentra previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la circunstancia de que la inadmisibilidad del mismo se haya sustentado en la fracción II, del numeral 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implica en consecuencia que dicha determinación sea impugnable a través del diverso recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2024676 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: I.7o.P.3 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4772 Tipo: Aislada RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO [APLICABILIDAD, POR IDENTIDAD JURÍDICA, DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2019 (10a.)]. Hechos: En la sentencia de amparo sujeta a revisión el secretario encargado del despacho en el Juzgado de Distrito, además de decretar el sobreseimiento en el juicio, indicó que contra el acuerdo de la Sala que inadmitió el recurso de apelación contra un proveído de la Jueza de Ejecución, procedía el recurso de revocación -el cual no se interpuso- y citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), en relación con el procedimiento penal, que comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la procedencia del recurso de revocación contra el acuerdo que no admite la apelación; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito, en aplicación de dicho criterio por identidad jurídica, determina que DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto que no admite la apelación en la etapa de ejecución de sentencia del proceso penal acusatorio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en observancia al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) en la ejecución penal y ii) de mero trámite, que califica en los supuestos de procedencia del recurso de revocación, cuyo objetivo es analizar los requisitos establecidos en el artículo 132 de la ley de ejecución mencionada. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo; asimismo, lo dispuesto en la norma en cuanto a que el objeto de la revocación es que el mismo Juez de Ejecución examine su determinación, no debe interpretarse en el sentido de que no procede contra determinaciones de la alzada pues, hacerlo, constituiría una interpretación restringida, no acorde con el sistema de impugnación previsto en la citada legislación." Así como las diversas tesis II.2o.P.6 P (11ª) y II.2o.P.5 P (11ª), con registros digitales 2025438 y 2025437, cuyos rubros y textos son los siguientes: "Registro digital: 2025437 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.5 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, página 3793 Tipo: Aislada RECURSO DE REVOCACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA DETERMINACIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE AGOTARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y NO EL ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS 465 Y 466 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio, debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra el auto que desecha el recurso de apelación interpuesto contra una determinación dictada en una controversia jurisdiccional del procedimiento de ejecución penal, debe agotarse el diverso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y no el establecido en los diversos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Justificación: En el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la supletoriedad, entre otras legislaciones, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para todo lo no previsto en aquélla; sin embargo, los artículos 465 y 466 del código procesal en cita son inaplicables supletoriamente al procedimiento de ejecución, en lo relativo al recurso de revocación, pues el artículo 130 de la ley nacional invocada regula con plenitud ese medio de impugnación (hipótesis de procedencia, término para su interposición, efectos, tramitación y tiempo para resolverse). Motivo por el cual, para analizar la definitividad, como causal de improcedencia del juicio de amparo, debe hacerse en términos del referido artículo 130 y no de los artículos 465 y 466 aludidos, por ser la Ley Nacional de Ejecución Penal la que regula el acto que reclamó la parte quejosa y establece suficientemente la forma en que debe tramitarse y resolverse el recurso de revocación y, en consecuencia, la supletoriedad no se actualiza en el caso. Máxime que la etapa de ejecución no forma parte del procedimiento penal, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y finalizará con la sentencia firme, lo que corrobora que la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Registro digital: 2025438 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.6 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, página 3794 Tipo: Aislada RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE MERO TRÁMITE DEL TRIBUNAL DE ALZADA EMITIDAS AL SUSTANCIAR EL DIVERSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio debió agotar el recurso de revocación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en observancia al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, el quejoso debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el auto que desecha la apelación interpuesta dentro de un procedimiento de ejecución, en virtud de que dicho medio de impugnación también procede contra las determinaciones de mero trámite que el Tribunal de Alzada emita al sustanciar el recurso de apelación dentro de esa etapa. Justificación: De nuevas reflexiones, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si bien el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el recurso de revocación, sólo se refiere a las determinaciones del "Juez de Ejecución", ello no significa que únicamente proceda contra las resoluciones emitidas por el juzgado de primera instancia y deban excluirse las pronunciadas por el tribunal de segundo grado en el procedimiento de ejecución. Lo anterior es así, por varias razones. Primera, en la segunda instancia del procedimiento de ejecución también se emiten diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, deben ser materia de análisis horizontal de legalidad. Por lo que aceptar que el recurso de revocación solamente procede contra pronunciamientos de mero trámite del Juez de Ejecución de primera instancia y excluir las emitidas por el Tribunal de Alzada, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, toda vez que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Lo anterior se corrobora con el artículo 3, fracción XI, de la ley citada, en el sentido de que "Juez de Ejecución" se refiere, de manera genérica, a las autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución -propiamente dicho- y el Tribunal de Alzada), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en ambas instancias). No se soslaya que en la fracción XVI del mismo precepto se conceptualiza como "órgano jurisdiccional" al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local; sin embargo, se considera que se refiere expresamente a los órganos judiciales que intervienen en el procedimiento oral precisado en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual no abarca la etapa de ejecución penal). Segunda. Admitir que la revocación en ejecución penal sólo procede contra resoluciones de mero trámite en primera instancia, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de la alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo en sinergia con el nuevo proceso penal. En efecto, los principios rectores y la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 Juicio de Amparo 142/2023 nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles. Por ello, para efectos del juicio de amparo, es necesario que se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto de cualquier legislación, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional, y con ello que se convierta en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario. Tercera. El artículo 130 de la ley especializada debe interpretarse de manera armónica y congruente con la teleología del juicio de amparo, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará observando los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite. De estimar que debe partirse de una interpretación literal o gramatical, se establecería que las resoluciones de mero trámite que pronuncian los órganos jurisdiccionales de segunda instancia no son recurribles a través de la revocación, y que su único medio de defensa sería el juicio de amparo indirecto, lo que generaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario, lo que contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. En ese orden, el acto reclamado consistente en la determinación dictada en el toca penal de ejecución 05/2022-2, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la que con fundamento en el artículos 470, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los diversos numerales 132 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por José Pedro Baleon Tochimani, en contra de la determinación de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de ejecución 84/2021. En consecuencia, al no haberse agotado previamente el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.c4 14/10/23 18:02:41 En conclusión, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el diverso precepto 113, de la Ley de Amparo, al surtirse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos del propio ordenamiento legal. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos, remitidos por la Síndico del Municipio de Tlaxcala, por medio de los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, informa que la clave única de registro de población del quejoso ******* es: ******* asimismo, informa que de una búsqueda en los archivos de la Tesorería Municipal se encontró que el quejoso cobraba a través de las siguientes instituciones bancarias: BANCO SANTANDER MÉXICO, con número de cuenta *******. GRUPO FINANCIERO BANORTE, cheque con el ****** de su sueldo. Por tanto, con apoyo en los artículos 17 constitucional y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante atentos oficios que al efecto se giren, requiérase a BANCO SANTANDER MÉXICO y GRUPO FINANCIERO BANORTE, a través de las sucursales en la Ciudad de Tlaxcala, y de quien legalmente los represente, a fin de que, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remitan copia certificada de los estados de cuenta del quejoso ******, con clave única de registro de población *******, que abarquen el periodo comprendido de enero de dos mil veinte a diciembre de dos mil veintiuno. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término fijado, se le sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese.

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