José Pedro Anaya Pineda
Expediente 142/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/05/2023
Partes del expediente
- José Pedro Anaya Pineda
- Celestino Martínez Morales
- Omar García Ángeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DEPURABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 18, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente quedará en resguardo documental de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto transcurra el plazo de tres años de haber ordenado el presente asunto como concluido, después será transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Transcurrido el plazo indicado en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General invocado, en el término de noventa días se desincorporarán las actuaciones, promociones y constancias no esenciales, de manera que únicamente se conservarán: la demanda de amparo, el auto admisorio, la ejecutoria, el auto que tiene por cumplido el fallo protector y la resolución que declara firme ese auto y el presente proveído. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, párrafo segundo y 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y, de conformidad con la razón actuarial de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, lo que, en su oportunidad, servirá de apoyo a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su administración a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, una vez hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este citado Acuerdo.
- Amparo en revisión
1. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14 y 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.
- Queja
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14, 21, inciso d, y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes
- Juicio de Amparo Directo
Con base en la cuenta que antecede, así como en lo que enseguida se funda y motiva, la Magistrada Presidenta. Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista al quejoso José Pedro Anaya Pineda, así como a la autoridad tercera interesada titular de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Huixquilucan, Estado de México, con la sentencia que en acatamiento a la ejecutoria de amparo envió la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, a efecto de que comparecieran ante este Tribunal a imponerse de aquélla, con el fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; por lo que la suscrita Magistrada Presidenta procede a determinar, de oficio, si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo,3 la suscrita Magistrada Presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. 3 Precepto legal que fue interpretado en el "Instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso d) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria á las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito," publicado en el Diario Oficial de la Federación de siete de septiembre de dos mil diecisiete, el cual entró en vigor el ocho siguiente, en cuyos considerandos octavo, noveno y décimo, al interpretar la expresión: "el órgano judicial de amparo" contenida, entre otros, en el párrafo segundo del citado artículo 196, el Alto Tribunal concluyó que la competencia para resolver sobre el acatamiento de una sentencia de esa naturaleza, para determinar si existe imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de amparo directo u ordenar el archivo definitivo del asunto, así como para pronunciarse sobre las denuncias de repetición del acto reclamado, corresponde al presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito. En estas condiciones, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en el fallo protector dictado por este Tribunal Colegiado, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: En sesión ordinaria virtual de cuatro de junio de dos mil veintiuno,4 este Órgano de Control Constitucional resolvió el juicio de amparo directo en que se actúa, promovido por José Pedro Anaya Pineda, por propio derecho, concediéndole el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de doce de marzo de dos mil veinte; b) En atención a las consideraciones vertidas por este tribunal en la presente ejecutoria, declare que el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, emitido por los integrantes de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Consejo Municipal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, en el procedimiento administrativo número CSPCHyJ/002/2019, así como el citatorio donde se citó al quejoso para el desahogo del derecho de audiencia en ese procedimiento, sí son actos de trámite de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo local, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, c) Hecho lo anterior, resuelva que no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 267, fracción IV; 229, fracción II, y 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y de no advertir que se actualice alguna diversa, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto del fondo del asunto." Ahora bien, por oficio TJA/SS/II/4780/20215, recibido en la Oficialía de Partes de este Primer Tribunal Colegiado, el doce de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, remitió la sentencia dictada el doce del mes y año en cita, en el recurso de revisión de origen, de la que se advierte que en su considerando tercero, dejó insubsistente su anterior determinación de doce de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en el considerando cuarto, los integrantes de la Sección responsable, determinaron que el acuerdo de inicio y citatorio de garantía de audiencia, ambos de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictados en el procedimiento administrativo de separación número CSPCHyJ/002/2019, atribuidos a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia del Consejo Municipal de Seguridad Pública Huixquilucan, Estado de México, sí eran actos de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio administrativo local y por lo tanto, no se actualizaban las causales de improcedencia previstas en el artículo 267, fracción IV; 229, fracción II y 268, fracción, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Asimismo, con libertad de jurisdicción resolvieron en el sentido de declarar la invalidez del acuerdo de inicio y citatorio de "garantía" de audiencia, citados en el párrafo precedente. De lo anterior, es evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos precisados en los incisos a), b) y c) de la ejecutoria dictada por este Órgano de control constitucional. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones formuladas por Iván Emmanuel Chávez Espejel, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo, 12 de la Ley de Amparo del quejoso José Pedro Anaya Pineda, en desahogo a la vista otorgada en acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno, relativo al cumplimiento del fallo protector; se advierte que está conforme con las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, por lo que no se hace mayor pronunciamiento. En razón de lo anterior, por todo lo expuesto, la suscrita Magistrada Presidenta estima que del examen realizado a los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa y los actos ejecutados por la autoridad responsable, se arriba a la convicción de que la ejecutoria de amparo fue cumplida, toda vez que dejó insubsistente la sentencia reclamada, además de que siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los integrantes de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, no estaban obligados a resolver en un sentido específico, ya que este Órgano Colegiado les otorgó libertad de jurisdicción para emitir una nueva resolución, por lo que hace al fondo del asunto. Ahora bien, de la comparación de los efectos para los cuales se concedió la protección federal a la parte quejosa, con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, como se examinó líneas arriba, se considera que no incurrió en defecto, pues su actuación se adecuó a los lineamientos expuestos por este Tribunal Colegiado; es decir, su conducta no resulta incompleta, y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Asimismo, tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasó los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no fue más allá de lo que se ordenó en la sentencia de amparo. Apoya la determinación anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 741, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Por tales razones se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Órgano Colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de cuatro de junio de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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