Jose Patricio Perez Barroso

Expediente 1168/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1168/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Patricio Perez Barroso

Actuaciones

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES PREVIOS Se tiene por recibidos los oficios de cuenta, signados por las siguientes autoridades: 1. Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "Centro de Justicia de la Mujer en esta ciudad" (oficio 21490/2023); 2. Jefe de Célula de Tramitación Común de esta ciudad, (oficio 21491/2023); y, 3. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, Sede Irapuato, en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, en esta ciudad" (oficio 21489/2023); Misivas mediante las cuales rinden sus respectivos informes previos. En tales condiciones, ténganse por rendidos los informes de ley. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan de los contenidos de los citados informes, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la denominación correcta de las autoridades precisadas. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES JUSTIFICADOS Se tiene por recibidos los oficios de cuenta, signados por las siguientes autoridades: 1. Jefe de Célula de Tramitación Común de esta ciudad, (oficio 21485/2023); y, 2. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, Sede Irapuato, en su denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, en esta ciudad" (oficio 21483/2023); Misivas mediante las cuales rinden sus respectivos informes justificados. En tales condiciones, ténganse por rendidos los informes de ley. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan de los contenidos de los citados informes, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia respectiva. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la denominación correcta de la autoridad precisada. Notifíquese.fe.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos que reclama del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1168/2023. ACTOS RECLAMADOS En atención a lo anterior, a fin de realizar el pronunciamiento correspondiente sobre la demanda, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hicieron consistir en: a) La orden de aprehensión, presentación o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución. b) Los posibles actos de intimidación tortura y violencia física y moral que en su contra de ejecutarse los actos descritos en el inciso anterior; y, ESTUDIO DE PROCEDENCIA En esas condiciones, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, respecto al acto reclamado indicado en el inciso b), este Juzgado Federal advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; los cuales, literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En concordancia con el anterior criterio, es oportuno mencionar, que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de agravio personal y directo, según se desprende de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" En relación con el principio anotado, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. En la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 25/2003, publicada en la página 73, Tomo XVII, Junio de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Se advierte, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se advierte que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y precisamente por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5º, fracción I, de la ley en cita, exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En la especie, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados -entre otros- los posibles actos de intimidación tortura y violencia física y moral que pretenden ejecutarse en su contra, haciéndolo depender de la ejecución de algún mandamiento de captura en su contra. Asimismo, del capítulo de antecedentes, además de lo señalado en el párrafo que antecede, destacan manifestaciones, las cuales patentizan que no existen o no se han dictado los actos, que ni siquiera se tiene certeza de que ocurran y desde luego no es inminente su existencia; las cuales, a manera de ejemplo, son del tenor siguiente: ".Con fechas 14,15 y 16 de Noviembre del presente año en curso, se presentaron en mi domicilio particular, varias personas, preguntando por el suscrito, las cuales se identificaron ante mi señora esposa e hija, como Agentes de Investigación Criminal de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato., queriendo mencionar que yo en esos momentos no me encontraba presente, ya que me encontraba trabajando, y en virtud de que no me encontraba en esos momentos en mi domicilio les indicaron a mi esposa e hija, que tenía que presentarme en las Oficinas del "CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER", ubicado en Avenida Paseo Irapuato número 2010 Fraccionamiento Residencial Campestre de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato., ya que el suscrito había participado en hechos delictuosos dentro de una carpeta de Investigación, siendo la número *******, para lo cual le hicieron saber a mi esposa e hija que era importante de que me apersonara en dicho lugar, y que me tenía que presentar con un Licenciado en Derecho, ya que me encontraba como acusado de un delito, sin que les hubieran dicho que tipo de delito, para lo cual y toda vez que no soy culpable de delito alguno, es que cuatro días después, es decir el día lunes 20 veinte de Noviembre del presente año, acudí personalmente y sin ningún licenciado al CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER, lugar donde me fue informado que la carpeta de Investigación se había Judicializado, es decir que ya se había mandado con petición del Ministerio Público al Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región con residencia en esta Ciudad de Irapuato, Guanajuato.." (sic) De lo anterior se advierte la inexistencia actual de los actos que se analizan en este apartado y la ausencia de cualquier dato que siquiera de manera indiciaria permitiera considerarlos como actos inminentes. En realidad la promovente señala tales actos como futuros hipotéticos, de realización incierta, respecto de los cuales no se tiene la certeza de su realización y sin que existan datos o elementos objetivos que por lo menos haga presumir que existen principios de ejecución o que los actos de intimidación tortura y violencia física y moral se llevarán a cabo y menos aún que esto sea de manera inminente. De las manifestaciones que la parte quejosa realizó bajo protesta de decir verdad, las cuales tienen pleno valor probatorio al constituir una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 199 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que esos actos no son actuales; no se están materializando ahora ni se han materializado previo a la demanda. Incluso, la propia ocursante refiere de que tales actos pudieran presumiblemente se pretenda inferir en mi persona. Es decir, alude a una mera probabilidad que, contrario a lo que señala, no se trata de un temor "fundado" pues, para sostener esta consideración, no existe elemento objetivo alguno. Al contrario, del contexto de la demanda se advierte que se trata propiamente una presunción o temor de la parte quejosa para el caso de que realmente existan la orden de aprehensión o demás actos privativos de libertad que también combate y que, eventualmente, pudieran llegar a ejecutarse. Pero lo cierto es que aquellos no son actos que sean consecuencia directa y necesaria de estos últimos y que, por tanto, exista inminencia en su realización. Pero lo cierto es que los actos que combate son actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales no se tiene la certeza de que se lleven a cabo ni por el hecho de que reclame esos otros actos que tienen por consecuencia privarla de su libertad pues esto no revela la inminencia de los actos de intimidación tortura y violencia física y moral. Así pues, es concluyente que la presunta intimidación tortura y violencia física y moral, de que se duele la promovente no son actuales ni de inminente ejecución; en consecuencia, es inconcuso que se trata de actos cuya realización resulta ser futura e incierta de manera que al momento de la presentación de la demanda, no pueden ocasionarse afectaciones que produzcan el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. Causa de improcedencia que se actualiza de manera notoria y manifiesta en virtud de que basta imponerse de la demanda de amparo y atender a su contenido integral para conocer sin lugar a dudas que no se trata de actos actuales y que tampoco existen siquiera indicios de su inminencia. De manera que no se da el supuesto que sostiene la jurisprudencia 1ª./J. 25/2003, invocada en párrafos que anteceden en lo tocante a que el amparo debe admitirse cuando no existan elementos para saber con exactitud si un acto es inminente o no. En este caso, sí existe tal convicción, derivado del propio escrito de demanda, pues con las manifestaciones realizadas, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se sabe con exactitud que no se reclaman actos actuales ni inminentes, sin ser necesario esperar los informes de las autoridades responsables. Corolario de lo antes expuesto, procede desechar de plano la demanda de trato por lo que hace al acto reclamado destacado en este apartado, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo, SE ADMITE la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta al acto reclamado que se precisa de la forma siguiente: - La orden de aprehensión, presentación o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía electrónica, con el presente proveído. Ello, en atención a su petición y a que el nombre de usuario proporcionado se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que, también se autoriza, tanto la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema, en el presente juicio de amparo. Asimismo, practíquense al fiscal adscrito las notificaciones que tengan el carácter de personales, por vía electrónica, por conducto del usuario proporcionado. Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Sin perjuicio de lo anterior, el expediente físico queda a su disposición para su consulta. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por cuerda separada y con observancia en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que se les notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remitan las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. Se apercibe qué de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y les será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las diez horas del siete de febrero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este juzgado. TERCERO INTERESADO Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta que obren la constancia que las autoridades responsables remitan con su informe justificado, pues hasta entonces este juzgado estará en condiciones de verificar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO A ********, se le tiene como autorizado en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a las partes a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES QUE SE AGREGARÁN SIN MAYOR PROVEÍDO De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al fiscal adscrito a este juzgado.

  4. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, fórmese en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1168/2023, promovido *********, contra actos que reclama del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan su informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a las autoridades responsables que pueden proporcionar una cuenta de correo electrónico para establecerlo como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remitan de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se les reclama y se impondrá por omisas, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia simple de la demanda de amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; la que se fija en atención a las cargas de trabajo con las que cuenta este juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR -FIJACIÓN DE LOS ACTOS A PARALIZAR- El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la medida cautelar contra los actos privativos o restrictivos que reclama por los que se admitió la demanda, los cuales hizo consistir en: -La orden de aprehensión, presentación o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia, pues para tal efecto se deben analizar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, los actos en estudio deben tenerse por ciertos con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza el quejoso en relación con su inminencia, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Ello, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a. /J. 5/93 Página: 12 "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar para no ser privado de su libertad personal. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables en virtud que tienen efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de cualquier orden tendente a la orden de aprehensión, presentación o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución. PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, cuando se trate de actos que incidan en la libertad personal, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar al quejoso con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En mérito de lo anterior, se estima que se satisface dicho requisito pues con la concesión de la suspensión solicitada no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, presentación o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución, impugnados en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. INTERÉS SUSPENSIONAL -ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO- La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego." Sobre esa base, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad realiza en el sentido de que, con fecha de catorce, quince y dieciséis de noviembre del presente año en curso, se presentaron en su domicilio particular, varias personas, los cuales se identificaron como agentes de Investigación Criminal de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, al no en centrarse en su domicilio le indicaron a su esposa e hija, que tenía que presentarme en las Oficinas del "CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER", ya que había participado en hechos delictuosos dentro de una carpeta de Investigación, siendo la número 2934512023, ya que se encontraba como "acusado" de un delito sin decir cual; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos le afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." En tales condiciones, se estima que se satisfacen los requisitos señalados en el presente acuerdo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, presentación o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución, que reclama en el juicio de garantías del que emana el presente incidente; ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tales mandatos. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada respecto de los actos en estudio. EFECTOS DE LA CONCESIÓN Ahora, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. Sobre el tema, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 226, tomo V, mayo de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." Por tanto, para un adecuado estudio de la suspensión solicitada, se realizará el análisis de cada uno de los actos reclamados en forma separada. -Orden de aprehensión. Con apoyo en el diverso numeral 166 de la ley de la materia, desde este momento, se concede a la parte quejosa *********, la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que en el caso de que derive de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. Ahora bien, en el supuesto de que el solicitante de la medida ya se encuentre detenido, el efecto de la suspensión será para que quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. -Orden de presentación y comparecencia. Con fundamento en los artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a José Patricio Pérez Barroso, para el efecto de que en virtud de una orden de presentación o comparecencia, no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se dicte la interlocutoria en la que resuelva lo atinente a la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de motivos, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con apoyo en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, proporcionen los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el alcance de la suspensión y monto de la garantía, esto es, informen la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute, si éste es o no grave y las características personales y situación económica de la parte quejosa. REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR De conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, esta medida cautelar surte sus efectos desde ahora, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva; pero, con apoyo en el diverso numeral 168, dejará de surtirlos si el promovente del amparo no otorga garantía ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este auto, por la cantidad de cinco mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelta a las autoridades responsables en caso de que no se le conceda el amparo y protección de la justicia federal; la cual podrá ser modificada tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute en las órdenes que reclama y la circunstancia de que no existan pruebas que hagan suponer que pretende sustraerse de la acción de la justicia. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. En ambas, el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida a *******, en el incidente de suspensión 1168/2023". Además, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, de resultar ciertos los actos reclamados, el ahora incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable y ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento correspondiente, dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación del informe previo que dichas autoridades rindan y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de igual término, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expeditas las facultades de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 79/2007-PS, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, que al rubro indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PUBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis, del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Materia Penal del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES QUE SE AGREGARÁN SIN MAYOR PROVEÍDO De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito a este juzgado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano