José Pascual Paredes Benítez

Expediente 948/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
948/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
08/10/2020

Partes del expediente

  • José Pascual Paredes Benítez
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por **quien se ostenta como apoderado del Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex, a través del cual, solicita copias simples de todo lo actuado en el presente sumario constitucional y que se autorice la obtención por medios digitales y/o electrónicos de las mismas; sin embargo, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, dado que de las actuaciones que integran el presente juicio de garantías, se advierte que no tiene la calidad de parte procesal, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA. De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto." Notifíquese.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ** a través del cual solicita se le sea reconocido el carácter de apoderado antes referido; asimismo, solicita copias simples de todo lo actuado en el presente sumario constitucional y que se autorice la obtención por medios digitales y/o electrónicos de las mismas; sin embargo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, habida consideración que analizadas que fueron las actuaciones que integran el presente juicio de garantías, se advierte que no tiene la calidad de parte procesal, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso signado por *, en su carácter de autorizado en términos restringidos de la parte quejosa (fojas 13 a 15) y en atención a su contenido, dígasele que carece de facultades para promover dado que únicamente se le autorizó en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en virtud de que no acreditó encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho en la fecha en que se le acordó en cuanto a su calidad dentro del presente juicio de amparo; por tanto, únicamente agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta, para que obren como corresponda.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio signado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de octubre del año en curso (foja 113), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el diez de octubre del año actual (fojas 114 a 116), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del quince al diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 42 a 65), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución financiera BBVA Bancomer y la constancia de pago exhibida por el Recaudador General de Rentas del Estado de Nayarit con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el doce de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, B). Devolverle a la parte quejosa la cantidad retenida por la contribución fiscal reclamada en el presente juicio de garantías; la cual debía ser actualizada. Ahora bien, a través de los oficios y anexos presentados por el ente responsable (fojas 100 a 102 y 110 a 112), informó a este Juzgado Federal que notificó al quejoso José Pascual Paredes Benítez, los días treinta de agosto y tres de octubre de dos mil dieciocho, a efecto que compareciera a recoger el cheque expedido a su favor por la cantidad de $5,448.53 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 53/100, moneda nacional), el cual se encuentra debidamente actualizado, para efecto de dar acatamiento total al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; para lo cual, mediante proveído de trece de septiembre del año actual (foja 103), este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que acudiera ante dicho ente responsable a que le fuera entregado el cheque de mérito, con el apercibimiento de ser omiso, se tendría por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés en la procuración de lo anterior. Luego, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que no compareció a recoger el cheque expedido a su favor el veintiocho de agosto del año en curso (foja 112), para efecto de dar acatamiento total al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento indicado en proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho (foja 103). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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