Jose Panfilo Castro Palacios
Expediente 1029/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jose Panfilo Castro Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo el nueve de enero de dos mil diecinueve; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
En la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y en presencia del Licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria Judicial, Licenciada Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto número 1029/2018-III-A, a que se refiere el artículo 124, de la Ley de Amparo, sin la comparecencia personal de ninguna de las partes, ni de persona alguna que legalmente las represente. A continuación, el Secretario Judicial hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: el escrito inicial de demanda, auto admisorio, informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y pedimento ministerial 616/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de a adscripción. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas: la Secretaría da cuenta con la prueba documental ofrecida por el Presidente de la Junta responsable, al momento de rendir su informe justificado, consistente en diversas copias certificadas derivadas del expediente laboral 601/2015. El juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dicha probanza, en razón de su propia y especial naturaleza, para ser valorada y tomada en consideración en su momento procesal oportuno. Con lo anterior se cierra la etapa probatoria, y se abre el período de alegatos: Al efecto, la Secretaría certifica que ninguna de las partes los formuló, haciendo constar que el fiscal federal de la adscripción formuló pedimento ministerial. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales procedentes. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia, levantándose el acta respectiva para constancia, y enseguida procédase a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1029/2018-III, promovido por JOSÉ PÁNFILO CASTRO PALACIOS Y/O PÁNFILO CASTRO PALACIOS, por propio derecho, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, JOSÉ PÁNFILO CASTRO PALACIOS Y/O PÁNFILO CASTRO PALACIOS, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del acto de la autoridad indicada, y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, de la Ley de Amparo, se hizo consistir en el siguiente: "IV. NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE.- De la responsable reclamo la violación flagrante que se ha hecho en mi contra, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral número 601/2015, de los del índice de la H. Junta Especial Numero 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, por el incumplimiento al Artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes, se declarará cerrado el periodo de instrucción, y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, como se observa al haber transcurrido en exceso el término concedido por ley, dicha autoridad ha hecho caso omiso al precepto antes invocado, causándome un agravio y como consecuencia dejándome en un total estado de indefensión." SEGUNDO.- Por razón de turno, tocó conocer del presente juicio de amparo a este órgano constitucional, el cual, por acuerdo de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, se admitió a trámite, y se registró con el número 1029/2018; asimismo, se requirió a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio vista al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento ministerial número 616/2018, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Dado que el acto reclamado consiste en una omisión de la autoridad responsable, lo que implica actos negativos o de no hacer, creando con dichas omisiones una situación permanente mientras se subsana, de ahí que pueden reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de extemporaneidad de la demanda. Orienta la consideración precedente, la tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y uno, del tomo XXI, correspondiente a mayo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS." TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por la quejosa en esta vía, esencialmente consiste en: omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 601/2015, del índice de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, toda vez que así se desprende del contenido del informe justificado, que obra agregado en autos. Al respecto se cita la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora en especial, con las constancias que adjuntó al rendir su informe justificado, consistentes copias certificadas derivadas del expediente laboral 601/2015, dentro del cual obra el acto de molestia que impugna en esta vía constitucional el peticionaria de amparo; documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Análisis causal de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, al no existir alguna causal de improcedencia que deba ser analizada, ni que este Juzgado advierta de oficio, procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO.- Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, sin que para examinarlos haya necesidad de transcribirlos, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 477, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 414 y siguiente, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO.- Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suficientes para negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación, aún suplidos en parte la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ello en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, hay que destacar que el nuevo marco de protección constitucional de derechos humanos, específicamente establecido en el apartado c), del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido. En esencia, el quejoso José Pánfilo Castro Palacios y/o Pánfilo Castro Palacios, alega que la responsable incurre en violación a los artículos 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, dado que en el expediente laboral 601/2015 no se ha administrado justicia pronta y expedita, pues no se ha dictado laudo, no obstante de haber trascurrido en exceso el término concedido en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, sin que haya ordenado el cierre de la instrucción y de esta manera dictar el laudo de mérito. Ahora bien, los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 885 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte que interesa disponen lo siguiente: "Artículo. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Del numeral citado, se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagran los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a su observancia; es decir, en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tiene sustento lo anterior, el contenido de la tesis 2a. L/2002 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De lo anterior, se infiere que el artículo 17 Constitucional establece como garantía individual, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Ahora bien, por cuanto hace a lo establecido por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, éste refiere: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [LO SUBRAYADO ES PROPIO) Asimismo, del artículo trascrito que antecede, se desprende que al concluir el desahogo de pruebas se dará vista a las partes para que manifiesten lo que sus intereses convengan; en caso de existir pruebas pendientes de desahogar, se señalará día y hora para su desahogo; una vez concluido el desahogo de las mismas y formulados los alegatos correspondientes, la junta de oficio declarará cerrada la instrucción, y ordenará turnar los autos para el dictado del laudo dentro de los diez días siguientes al del cierre de instrucción. No obstante lo anterior, los motivos de inconformidad de la parte quejosa son infundados, en razón de que en el momento de presentación de la demanda de amparo, el expediente generador del acto reclamado no guardaba estado para la emisión del laudo correspondiente, como a continuación se verá. De las constancias que adjuntó la Junta responsable a su informe justificado, de las cuales se ha otorgado valor probatorio pleno en el considerando cuarto de la presente resolución, se advierte lo siguiente: a).- Mediante proveído de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente laboral 601/2015 del índice de la Junta responsable, en atención a la prueba de ratificación de contenido y forma, ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, hoy tercero interesado, y ante la imposibilidad del desahogo de la misma, se ordenó dar vista a la parte actora, hoy quejoso, para que presentara su pliego de repreguntas. (Foja 1 y 2 folio del anexo). b).- El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que ordenó girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que por su conducto, en su auxilio y a la brevedad posible, señale día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte demandada dentro del juicio de origen. (Foja 3 folio del anexo). Ahora bien, se advierte dentro de las constancias que obran en autos, que hubo diversos proveídos referentes a la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demandada, aquí tercero interesado, en la que en al momento del dictado de la presente resolución no ha sido concretada y/o desahogada. De ahí que el expediente laboral 601/2015, no guardaba estado para la emisión del laudo respectivo, en la fecha que se presentó la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho), puesto que no se había llevado a cabo el desahogo de la prueba de reconocimiento de contenido y firma. Como consecuencia de lo anterior, resulta jurídica y legalmente imposible el cierre de la instrucción, y como consecuencia el dictado del laudo dentro del expediente laboral de origen, mientras se encuentre pendiente el desahogo de la prueba de reconocimiento de contenido y firma de referencia, por tanto, se reitera que el expediente laboral no guarda estado para dictar laudo. Bajo esas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por otra parte, en el dictado de la presente resolución cabe la precisión que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5° al 9°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el diverso 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E : PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ PÁNFILO CASTRO PALACIOS y/o PÁNFILO CASTRO PALACIOS, en contra del acto reclamado y de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último esta misma sentencia. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
***En la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y en presencia del Licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria Judicial, Licenciada Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto número 1029/2018-III-A, a que se refiere el artículo 124, de la Ley de Amparo, sin la comparecencia personal de ninguna de las partes, ni de persona alguna que legalmente las represente. A continuación, el Secretario Judicial hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: el escrito inicial de demanda, auto admisorio, informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y pedimento ministerial 616/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de a adscripción. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas: la Secretaría da cuenta con la prueba documental ofrecida por el Presidente de la Junta responsable, al momento de rendir su informe justificado, consistente en diversas copias certificadas derivadas del expediente laboral 601/2015. El juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dicha probanza, en razón de su propia y especial naturaleza, para ser valorada y tomada en consideración en su momento procesal oportuno. Con lo anterior se cierra la etapa probatoria, y se abre el período de alegatos: Al efecto, la Secretaría certifica que ninguna de las partes los formuló, haciendo constar que el fiscal federal de la adscripción formuló pedimento ministerial. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales procedentes. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia, levantándose el acta respectiva para constancia, y enseguida procédase a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1029/2018-III, promovido por JOSÉ PÁNFILO CASTRO PALACIOS Y/O PÁNFILO CASTRO PALACIOS, por propio derecho, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, JOSÉ PÁNFILO CASTRO PALACIOS Y/O PÁNFILO CASTRO PALACIOS, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del acto de la autoridad indicada, y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, de la Ley de Amparo, se hizo consistir en el siguiente: "IV. NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE.- De la responsable reclamo la violación flagrante que se ha hecho en mi contra, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral número 601/2015, de los del índice de la H. Junta Especial Numero 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, por el incumplimiento al Artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes, se declarará cerrado el periodo de instrucción, y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, como se observa al haber transcurrido en exceso el término concedido por ley, dicha autoridad ha hecho caso omiso al precepto antes invocado, causándome un agravio y como consecuencia dejándome en un total estado de indefensión." SEGUNDO.- Por razón de turno, tocó conocer del presente juicio de amparo a este órgano constitucional, el cual, por acuerdo de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho, se admitió a trámite, y se registró con el número 1029/2018; asimismo, se requirió a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio vista al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento ministerial número 616/2018, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Dado que el acto reclamado consiste en una omisión de la autoridad responsable, lo que implica actos negativos o de no hacer, creando con dichas omisiones una situación permanente mientras se subsana, de ahí que pueden reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de extemporaneidad de la demanda. Orienta la consideración precedente, la tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y uno, del tomo XXI, correspondiente a mayo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS." TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por la quejosa en esta vía, esencialmente consiste en: omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 601/2015, del índice de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, toda vez que así se desprende del contenido del informe justificado, que obra agregado en autos. Al respecto se cita la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora en especial, con las constancias que adjuntó al rendir su informe justificado, consistentes copias certificadas derivadas del expediente laboral 601/2015, dentro del cual obra el acto de molestia que impugna en esta vía constitucional el peticionaria de amparo; documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Análisis causal de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, al no existir alguna causal de improcedencia que deba ser analizada, ni que este Juzgado advierta de oficio, procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO.- Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, sin que para examinarlos haya necesidad de transcribirlos, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 477, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 414 y siguiente, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO.- Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suficientes para negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación, aún suplidos en parte la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ello en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, hay que destacar que el nuevo marco de protección constitucional de derechos humanos, específicamente establecido en el apartado c), del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido. En esencia, el quejoso José Pánfilo Castro Palacios y/o Pánfilo Castro Palacios, alega que la responsable incurre en violación a los artículos 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, dado que en el expediente laboral 601/2015 no se ha administrado justicia pronta y expedita, pues no se ha dictado laudo, no obstante de haber trascurrido en exceso el término concedido en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, sin que haya ordenado el cierre de la instrucción y de esta manera dictar el laudo de mérito. Ahora bien, los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 885 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte que interesa disponen lo siguiente: "Artículo. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Del numeral citado, se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagran los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a su observancia; es decir, en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tiene sustento lo anterior, el contenido de la tesis 2a. L/2002 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De lo anterior, se infiere que el artículo 17 Constitucional establece como garantía individual, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Ahora bien, por cuanto hace a lo establecido por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, éste refiere: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [LO SUBRAYADO ES PROPIO) Asimismo, del artículo trascrito que antecede, se desprende que al concluir el desahogo de pruebas se dará vista a las partes para que manifiesten lo que sus intereses convengan; en caso de existir pruebas pendientes de desahogar, se señalará día y hora para su desahogo; una vez concluido el desahogo de las mismas y formulados los alegatos correspondientes, la junta de oficio declarará cerrada la instrucción, y ordenará turnar los autos para el dictado del laudo dentro de los diez días siguientes al del cierre de instrucción. No obstante lo anterior, los motivos de inconformidad de la parte quejosa son infundados, en razón de que en el momento de presentación de la demanda de amparo, el expediente generador del acto reclamado no guardaba estado para la emisión del laudo correspondiente, como a continuación se verá. De las constancias que adjuntó la Junta responsable a su informe justificado, de las cuales se ha otorgado valor probatorio pleno en el considerando cuarto de la presente resolución, se advierte lo siguiente: a).- Mediante proveído de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente laboral 601/2015 del índice de la Junta responsable, en atención a la prueba de ratificación de contenido y forma, ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, hoy tercero interesado, y ante la imposibilidad del desahogo de la misma, se ordenó dar vista a la parte actora, hoy quejoso, para que presentara su pliego de repreguntas. (Foja 1 y 2 folio del anexo). b).- El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que ordenó girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que por su conducto, en su auxilio y a la brevedad posible, señale día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte demandada dentro del juicio de origen. (Foja 3 folio del anexo). Ahora bien, se advierte dentro de las constancias que obran en autos, que hubo diversos proveídos referentes a la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demandada, aquí tercero interesado, en la que en al momento del dictado de la presente resolución no ha sido concretada y/o desahogada. De ahí que el expediente laboral 601/2015, no guardaba estado para la emisión del laudo respectivo, en la fecha que se presentó la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho), puesto que no se había llevado a cabo el desahogo de la prueba de reconocimiento de contenido y firma. Como consecuencia de lo anterior, resulta jurídica y legalmente imposible el cierre de la instrucción, y como consecuencia el dictado del laudo dentro del expediente laboral de origen, mientras se encuentre pendiente el desahogo de la prueba de reconocimiento de contenido y firma de referencia, por tanto, se reitera que el expediente laboral no guarda estado para dictar laudo. Bajo esas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por otra parte, en el dictado de la presente resolución cabe la precisión que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5° al 9°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el diverso 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E : PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ PÁNFILO CASTRO PALACIOS y/o PÁNFILO CASTRO PALACIOS, en contra del acto reclamado y de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último esta misma sentencia. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, y con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Jose Oscar Macías Montes y Otros.315/2021
- José Oscar Macías Montes208/2020
- José Oscar Mendieta Ramírez597/2022
- José Oscar Morales González1161/2017
- José Pablo Ramos López338/2017
- Jose Panfilo Castro Palacios702/2019
- Jose Panfilo Manuel Camacho Espinosa312/2019
- Jose Pascual Antonio Romero Diaz170/2019
- José Pascual Francisco Mesa Candidato20/2022
- José Patricio Víctor Pedraza Paiz169/2020
- José Paulino Rodríguez Olvera235/2022
- José Paulino Rodríguez Olvera362/2023